Por: Mario Ruiz Redondo
Las barricadas han vuelto a surgir en Nicaragua, con los adoquines arrancados de las calles, como en los años finales de los 70, cuando la insurrección guerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), combatió y derrocó a la dictadura de más de 40 años de la familia Somoza, con saldo de más de 50 mil muertos.
Hoy, en la distancia histórica, después del triunfo alcanzado el 19 de julio de 1979, Daniel Ortega Saavedra, uno de aquellos nueve comandantes de la Dirección Nacional, que entonces asumió el poder y que ahora se mantiene en él, sumando más de 20 años en diferentes etapas, y que después de reformar la Constitución nacional, ha decidido eternizarse como presidente, llevando a su esposa como vicepresidenta, sustentado en la represión contra todo un pueblo insurrecto que los repudia.
Consolidación de una nueva dictadura, que como la del general Anastasio Somoza Debayle, el último eslabón de la dinastía, reprime con la fuerza de las armas y la violencia, a quienes se han convertido en una fuerza opositora a su omnipotencia, en la que su cónyuge Rosario Murillo Zambrana, quien el próximo 22 de junio cumplirá 67 años.
Como hace más de cuatro décadas, los jóvenes universitarios y pueblo en general, encabezan las manifestaciones de protesta en Managua, León, Mayasa, Estelí y otras ciudades importantes del país centroamericano, quienes se han convertido en víctimas de los herederos de una Revolución, de la que sus protagonistas principales parecen no tener memoria, al llevar a cabo las mismas prácticas que condenaron y combatieron.
Balas y palo, en lugar de diálogo, de un Daniel Ortega Saavedra, que después 42 días de la actividad con tintes de guerra de guerrilla, la misma que el FSLN utilizó en su momento para desestabilizar al somocismo, es utilizada por los rebeldes, lo cual ha obligado este martes 29 de mayo, a reforzar la seguridad de la mansión presidencial, con barricadas y piedras de cantera, además de vallas metálicas que resguardan elementos de la Policía Nacional, en varios accesos, en la exclusiva zona residencial conocida como El Carmen, en la capital Managua.
La memoria del columnista, revive las imágenes de aquellos días de 1977 a 1979, en que como enviado del periódico EXCELSIOR de la ciudad de México, estaría en las que ahora se conoce como ciudades heroicas de Nicaragua, donde los soldados de la guardia somocista disparaban sin misericordia, con ametralladoras y tanquetas, a jóvenes que luchaban y se defendían con lo que podían en sus trincheras, ofrendando sus vidas al grito de “Patria Libre o Muerte”.
Ahí están de nuevo los hijos de la Revolución idealizada por el héroe César Augusto Sandino, el general de los hombres libres, que tal parece no fue asimilada por Daniel Ortega Saavedra, y que ante su obsesión por mantenerse indefinidamente en el poder, motivaría que a partir del 18 de abril último, estallaran las protestas populares contra su gobierno, en barrios y comunidades de la mayoría de los departamentos (estados), de Nicaragua, donde jóvenes que se cubren sus caras con pañuelos con los colores de la bandera nacional –azul y blanco-, usan las barricadas para defenderse de las ofensivas de fuerzas antimotines y de grupos paramilitares gubernamentales.
Armas de los “soldados de la Revolución”, al servicio de la nueva dictadura, para masacrar, como lo demuestran los 83 muertos y centenares de heridos graves, así como un número indeterminado de detenidos y desaparecidos, como lo reporta este martes 29 de mayo Amnistía Internacional, en su informe “Disparar a matar”, en el que también alerta de posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Nacional y de grupos parapoliciales.
El organismo reconocido a nivel mundial, acusa a la administración de Daniel Ortega Saavedra, de utilizar una estrategia de represión intencionalmente letal. “El gobierno de Nicaragua implementó una estrategia de represión violenta, como hacía años no se vivía en el país”.
Denuncia al mundo, de que “parte importante de la defensa, es el discurso oficial de negación e invisibilidad de la represión y sus consecuencias, la estigmatización por parte de los niveles más altos de gobierno, de las personas que se manifiestan públicamente, la utilización de grupos parapoliciales con el fin de realizar ataques, ampliar su capacidad represiva y operar con mayor facilidad al margen de la ley, además del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y de sus cuerpos antimotines”.
Referencia a las declaraciones de la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana, el 19 de abril, luego de reportarse las primeras tres personas fallecidas a manos de elementos de las fuerzas del Estado, en el sentido de que “los grupos de personas que se manifiestan son minúsculos que atentan contra la paz y el desarrollo, con intereses y agenda política egoísta, tóxica y llena de odio”.
Señalamiento de Amnistía Internacional, “de la posible ejecución extrajudicial de personas, tanto por la Policía como de grupos parapoliciales; presuntos actos de encubrimiento y obstaculización en la investigación, en la falta de realización de diligencias iniciales básicas y cruciales para el éxito de la misma, la denegación de atención médica en hospitales públicos, así como los intentos de control de la prensa, con el fin de ocultar la realidad y limitar la libre expresión”.
Información proporcionada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, precisa que entre el 19 de abril y 2 de mayo, contabilizó un total de 45 víctimas fatales, de las cuales 36 recibieron impactos de bala en cabeza, cuello o torax. En dos casos se pudo identificar al policía en los momentos de cometer el asesinato.
Uno de los atentados más trascendentes fue el del periodista Angel Gahona, que recibiría varios disparos que le causaron su deceso, cuando transmitía en vivo las protestas antigubernamentales en la ciudad de Bluefields, en la costa atlántica.
Conforme pasan los días, el activismo contra el gobierno de la pareja Ortega Saavedra-Murillo Zambrana, crece al igual que la respuesta oficial cada vez más violenta, que ha empezado a ser condenada por distintas organizaciones internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa, después de que el lunes 28 de mayo fuerzas gubernamentales agredieron a la periodista del periódico La Prensa, de Managua, Iveth Munguía, además de la camarógrafa Reneé Lucía Ramos y el fotógrafo Jorge Torres, de la agencia española de noticias EFE, junto con el ataque con bombas molotov, a la emisora “Tu Nueva Radio Ya”, que incendiaron su fachada.
La SIP, por medio de su presidente Gustavo Mohne, director del periódico peruano La República, exigiría al gobierno, “el cese inmediato de la violencia y la represión, así como garantizar plenamente el derecho a las libertades de expresión y de reunión de los nicaragüenses”.
Violencia que se ha extendido a la empresa de radio Corporación, cuya sede en la capital del país fue atacada a balazos el viernes 25 de mayo, sin que hubiese lesionados o muertos, mientras los portales del legendario periódico La Prensa y la revista Confidencial serían hackeados.
En la ciudad de León, Radio Dario fue incendiada, mientras las televisoras 100 por ciento Noticias, Canal 12, Canal 23 y el Canal 51 de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, denunciaron haber sido objeto de censura y agresiones contra sus reporteros.
Vorágine de represión contra los jóvenes, que el lunes 28 de mayo ha tenido un episodio por demás extremo, al darse una ofensiva de turbas paramilitares y antimotines, contra estudiantes que se atrincheraron en la sede de la Universidad Nacional de Ingeniería, en Managua, donde fueron atacados con balas de plomo y de goma, con saldo oficial de dos muertos, que esta vez incluyó a un policía y un insurrecto, mientras que una tercera persona se debatía entre la vida y la muerte, al ser impactado en uno de sus ojos, además de incluirse a otros 35 heridos.
Incidentes ocurridos durante la mañana, cuando los estudiantes se encontraban sesionando en el Recinto Simón Bolívar, para protestar por el elevado número de manifestantes asesinados por elementos gubernamentales, y para exigir respeto a la autonomía universitaria.
Ahí serían atacados por un grupo de paramilitares, que entrarían disparando sus armas de grueso calibre, por lo que respondieron con morteros y piedras, lo cual motivó que un grupo de pobladores llegara en su ayuda armados con machetes, y obligaría a huir a las turbas oficiales, sin dejar de accionar sus pistolas.
Como en el pasado siglo XX, la alta jerarquía de la Iglesia Católica de Nicaragua, interviene de nuevo para mediar entre los rebeldes y la autoridad gubernamental, que hagan viable llegar a acuerdos que permitan el retorno de la paz y armonía en el país.
Antes, correspondería tarea tan delicada, al entonces obispo de Managua, Miguel Obando y Bravo, quien lograría importantes pactos que evitarían mayor derramamiento de sangre. Ahora el turno es del sucesor, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de la capital, quien en principio ha lamentado profundamente tantos asesinatos que se han producido en Nicaragua en las últimas semanas, advirtiendo que “detrás del dolor de cada muerte, también se puede producir el odio”.
El también presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, afirmaría que “estas tensiones, estas confrontaciones que vivimos de tanta muerte, de personas que han perdido la vida, queda allá en el fondo y es comprensible, queda siempre el dolor y a veces puede generar también odio y en esto nosotros tenemos que ir preparándonos ya desde ahora, no dejar que el odio se enraice en nuestros corazones”.
Llamado a los nicaragüenses a dialogar, porque solo a través de estas acciones se logra la paz, al margen de las negociaciones que se llevan a cabo en el Seminario Nacional
de Fátima, que actualmente se encuentran en un compás de espera, al surgir diferencias entre los representantes gubernamentales y de los inconformes.
La Iglesia, por medio de sus obispos de la Conferencia Episcopal, participa como mediadora y testigo del diálogo nacional, que busca una solución a la crisis política y social que vive el país, y que en las últimas semanas ha provocado la muerte de más de 80 personas, la mayoría estudiantes que se han manifestado mediante marchas pacíficas, para demandar la salida del poder, del presidente Daniel Ortega Saavedra y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana.
Hasta ahora, la insensibilidad e intolerancia de ambos, mantiene a Nicaragua en una situación de muy alto riesgo, que podría desencadenar una guerra interna de fatales consecuencias, por lo que hace falta calmar los ánimos de un pueblo que no quiere más dictaduras, así sean sandinistas.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013, Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.
