Por: Mario Ruiz Redondo
Mientras el todopoderoso desquiciado por el poder absoluto, como líder de la potencia número uno del planeta, el magnate Donald Trump, que ahora trabaja como presidente de los Estados Unidos, insiste en que construirá un nuevo muro con su vecino del sur, que se prolongará a lo largo de tres mil kilómetros, desde el Océano Pacífico al Golfo de México, para frenar el tráfico de drogas y la delincuencia mexicana, en la otra frontera, la del sur, con la vecindad centroamericana, el flujo de migrantes indocumentados es irrefrenable.
Imposible parar esta inmensa avalancha, más aún cuando el fiscal General Raciel López Salazar, responsable de la seguridad del gobierno del estado, durante la reciente Cumbre Hemisférica sobre Trata de Personas, los días 27 y 28 de noviembre, en la ciudad de México, reconocería que: “Chiapas es una frontera sin frontera”.
Por lo mismo, los intentos del inquilino en jefe de la Casa Blanca, en Washington, son y serán inútiles, aunque concluya su proyecto que tendrá un costo de 20 mil millones de dólares y que desde ahora, insista en que será pagado por los mexicanos.
Afirmación del funcionario chiapaneco, nada halagüeña para el gobernante del Partido Republicano, manifestada ante representantes gubernamentales, organizaciones ciudadanas e investigadores del Continente Americano: En su colindancia con Guatemala, la entidad, cuenta con siete cruces formales y más de 700 cruces informales, por los que se estima que anualmente ingresan un promedio de 400 mil personas de manera irregular y por ello se convierte en un espacio sin límites ante el gran flujo humano, que involucra el problema de la trata de seres humanos.
Un tema, que por primera vez un representante de primer nivel del gobierno chiapaneco, aborda con pleno conocimiento y dominio del tema, considerando que es en este territorio limítrofe con Centroamérica, donde se registra con gran crudeza y que de acuerdo con lo tratado en la Cumbre, después del tráfico ilegal de armas y drogas, el delito de la trata se ha convertido en uno de los negocios más redituables para las organizaciones criminales que obtienen ganancias estratosféricas, sin importar vulnerar los derechos a la vida, la libertad, la integridad física, la seguridad, la dignidad y el desarrollo personal de las víctimas.
Vendría la precisión de la problemática, al indicar que en Chiapas, existen tres grupos de mayor vulnerabilidad en el fenómeno de la trata: Las personas que residen en el estado y que son reclutadas mediante el engaño, de manera personal o por redes sociales; las víctimas migrantes, principalmente centroamericanas y el tercer rubro, los jóvenes, hombres y mujeres de las comunidades indígenas.
Compleja realidad de una entidad, por donde de acuerdo con reportes oficiales del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, transitan permanentemente y prácticamente con pena libertad antela falta de controles gubernamentales efectivos, migrantes de 52 nacionalidades, en ruta hacia los Estados Unidos.
Ante esta presencia migratoria internacional con control mínimo, el fiscal General Raciel López Salazar, informaría a los asistentes al evento continental, que en los últimos cinco años, la autoridad estatal se ha visto en la necesidad y obligación de impulsar estrategias en materia de prevención y persecución, para disminuir la incidencia de la trata de seres humanos en la Frontera Sur de México.
Referencia a la conformación de la Comisión Intersecretarial para el Combate al delito dela Trata, que está integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo estatales, universidades y la sociedad civil, que hizo posible la creación del Protocolo de Asistencia y Protección a las Víctimas, avalado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que permitiría la capacitación y certificación de 44 servidores públicos, como operadores de Justicia Penal en la materia.
Oportunidad para dar a conocer al ámbito gubernamental multinacional, la conformación de la Fiscalía de Trata de Personas, con excelentes resultados, al rescatar en lo que va de la actual administración en la entidad, 670 víctimas, además de la judicialización de 336 personas y la concesión de 63 sentencias condenatorias en contra de 87 tratantes.
Convicción manifestada en la Cumbre Hemisférica, de que en Chiapas se combate el delito, previniendo, “porque estamos convencidos que la vía más efectiva, es la educación, por lo que con el objetivo de inhibir conductas adictivas-delictivas y promover el autocuidado, se creó el Programa Vivir Seguros, dirigido a los niveles educativos de Primaria, Secundaria y Preparatoria, con una cobertura de inicial de 500 mil alumnos, con meta l concluir 2018, de un millón y medio de niños y adolescentes que diariamente recibirán información de tipo preventiva en sus aulas”.
Y mientras el fiscal General de Chiapas abordaría con toda la obligada seriedad la atención a este grave problema mundial que repercute en la Frontera Sur por la impresionante invasión foránea irregular, hubo quienes como el comisionado Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, Renato Sales Heredia, que en la búsqueda de reflectores en tiempos electorales, se atrevió a afirmar, sin ningún sustento, que “México ocupa el quinto lugar en el planeta, por los delitos de trata de personas, por lo que es necesario prevenirlo y atacarlo coordinadamente a través de la colaboración con otras naciones”.
Intervención del funcionario federal, con tintes amarillistas que no se apegan a la realidad nacional, si se considera el Informe sobre la Trata de Personas en el mundo, emitido en julio de 2016, por el Departamento de Estado de la Unión Americana, en el que no ubica a nuestro país con el rango en que afirma Sales Heredia.
Reporte anual de 422 páginas, sobre uno de los males de nuestro tiempo, con fotos y mapas, en el que precisa que el nivel más alto del problema se ubica en Estados Unidos, Israel, Canadá, Francia, Alemania, España, Italia, Irlanda, Bélgica, Chile, Colombia, España, Australia y Chile.
En un segundo grupo, ubica a Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador, Iraq, Japón, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Clasificación del gobierno estadounidense, en la que define como una situación un poco más delicada, la que se enfrenta en Bolivia, Costa Rica, Malasia, Níger, Paquistán, Qatar, Senegal y Ucrania, aunque ubica en condición más grave a Venezuela, Irán, Rusia, Siria y Corea del Norte, lo mismo que Haití, Burundi y Sudán.
Recomendación de los expertos del Departamento de Estado norteamericano, a todos los países con mayores índices en la trata de personas, que se ha reiterado en 2017, de instrumentar y llevar a cabo políticas de prevención del tráfico de seres humanos, para dar soluciones a este grave problema mundial, que representa también uno de los delitos más graves y vergonzosos, al privar de su dignidad a millones de personas en todo el orbe.
Bien sabido es, que este tipo de delincuentes engañan a mujeres, hombres y niños en los cinco continentes, para someterlos a situaciones de explotación, entre ellas la más conocida la de la explotación sexual, en un 79 por ciento del total, además de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos.
Estudios de la Organización de las Naciones Unidas, revelan que la trata de personas afecta a todos los países, ya sea como punto de origen, tránsito o destino, de tal forma que en 137 Estados se ha explotado a víctimas de por lo menos 127 países.
Está considerada como uno de los negocios ilícitos más lucrativos en Europa, donde los grupos criminales obtienen beneficios por más de tres mil millones de dólares anuales, teniendo como centro de abastecimiento a la población de mayor marginación internacional.
Cifras frías que establecen que en las naciones europeas, por lo menos unas 140 mil mujeres se encuentran atrapadas en situación de violencia y degradación por motivos de explotación sexual. Una de cada siete trabajadoras sexuales, han sido esclavizadas en la prostitución a consecuencia de la trata. El género femenino equivale a dos tercios de las víctimas en el planeta.
La ONU afirma que a nivel global, una de cada cinco víctimas son niños, aunque en las regiones más pobres como África, conforman la mayoría.
En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos daría a conocer en 2014 su Diagnóstico sobre la Trata de Personas, el cual sería actualizado apenas en 2016, apoyada en información proporcionada por las Procuradurías de Justicia del país, que le permitió establecer que 87.9 por ciento de las víctimas de trata, son mexicanas. El 93.4 por ciento, mujeres; 26.5 por ciento, menores de edad y 71.7 por ciento, adultos.
Sin embargo, la realidad rebasa la información oficial, en mucho por los contubernios existentes entre las organizaciones criminales con ramificaciones internacionales, que trafican impunemente con seres humanos, en su mayoría indefensos, debido en mucho a los contubernios con autoridades locales en el caso de México, a partir de la Frontera Sur, donde la prostitución de menores de edad provenientes de América Central, es una realidad que ofende.
Involucramiento cada vez mayor de las pandillas de la Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18, que mantienen una red de explotación sexual controlada desde los países del “Triángulo Norte” (Honduras, El Salvador y Guatemala), que mantienen centros de operaciones vinculados en el guatemalteco territorio de Tecún Umán y su vecina mexicana Ciudad Hidalgo, desde donde operan un corredor que conecta con el centro histórico de Tapachula, donde las 24 horas se ejerce la profesión más antigua del mundo, con la protección evidente de los tres niveles de gobierno, conformados por las llamadas “fuerzas interinstitucionales”, en las
que participan conjuntamente corporaciones se seguridad estatales, Policía Federal, Ejército Mexicano, marina Armada e Instituto Nacional de Migración.
Espacios sin control suficiente, que da margen a la incursión de grupos delictivos, que se han desplazado y mantienen operaciones ilícitas en los principales municipios de la Costa de la entidad, creando un ambiente de inseguridad e impunidad.
Campo fértil para la delincuencia lo es sin duda Chiapas, cuando como lo asegura el fiscal General Raciel López Salazar, constituye hoy más que nunca, una frontera sin frontera, en la que hace falta más apoyo Federal efectivo y honesto.
