OAXACA, IAXACA, 2 de julio (AlmomentoMX/SemMéxico). Isabel pudo notar que su hija Karla dejó de menstruar, le insistió con preguntas, pero la adolescente de 16 años no dijo nada. Fue en la escuela donde se descubrió que estaba embarazada, su novio la había violado.
El miedo a ser señalada, hizo que Karla se negara a denunciar. Tampoco pudo acceder a la interrupción legal del embarazo, como marca la Ley estatal, porque el embarazo iba muy avanzado, casi llegaba a las 26 semanas y sólo está permitido antes de las 12 semanas.
Son los estigmas y la culpa hacia las víctimas de una violación sexual lo que en opinión de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser) en Oaxaca, Mayra Morales Aldaz, repercute para que las agresiones sexuales no se denuncien.
Lo alarmante, es que la mayoría de embarazos adolescentes e infantiles son producto de la violencia sexual y el personal médico debería promover su interrupción, sobre todo si se trata de una niña que “difícilmente puede diferenciar entre lo que es un abuso sexual en sí mismo”.
En el caso de las adolescentes su agresor puede utilizar los engaños para que ella no detecte que se enfrenta a un abuso sexual, muchas veces sin que medie la violencia física.
Toda violación sexual implica hacer una diferencia entre dos aspectos importantes, por un lado todo el estigma que existe en torno a la denuncia, porque generalmente el agresor es una personas cercana o con un vínculo emocional con la víctima, y por el otro el derecho que ella tiene a acceder a la Interrupción Legal del Embarazo por Violación (ILEV).
Las modificaciones recientes a la Norma Oficial Mexicana 046 que regula el acceso a la ILEV permite que una víctima acceda a este derecho sin siquiera presentar una denuncia y en caso de las adolescentes mayores de 12 años no necesitan ni siquiera la autorización de padres o tutores, pero hay desinformación al respecto.
“El personal médico debería saberlo, asumir esta norma y actuar en consecuencia, lo cual no se ha hecho”, indicó Mayra Morales y lamentó que no haya cifras claras de cuántas abortos legales se han realizado porque el embarazo era producto de una violación.
“No hemos tenido casos de que se les haya negado ese derecho como ocurrió con una joven hace dos años, en reuniones con la Fiscalía General del Estado han dicho que se está haciendo, pero no dan cifras”, expuso.
Existe la posibilidad de que las interrupciones legales de un embarazo producto de una violación “no se estén haciendo, que sea un servicio que se esté negando, pero si la ciudadanía no lo solicita, no podemos saber qué tanto se está negando”, analizó.
Y agregó: “No son cifras que se transparenten, hay mucho estigma y una resistencia fuerte a hablar de aborto, aunque sea por violación porque hace referencia a un ejercicio de las mujeres a decidir sobre sus derechos sexuales”.
En ese sentido y en entrevista por separado, la coordinadora de la organización feminista Mano Vuelta, Edith Leyva, mostró su preocupación por los casos de embarazos infantiles y adolescentes producto de una violación sexual que no se están interrumpiendo, a pesar de que es una causal que la ley local permite.
En el caso del abuso sexual infantil, consideró que las 17 denuncias que de enero a marzo de este año reporta la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género es una cifra mínima que “a simple vista” no representan la gravedad de una problemática que vulnera derechos de la niñez.
Pidió entender la complejidad a la que se enfrentan niñas y niños para reconocer una agresión sexual, pero sobre todo las amenazas o la manipulación psicológica que hace que el niño o la niña guarde silencio.
Que en el 75 por ciento de los casos quien comete abuso sexual infantil sea una persona conocida o cercana al círculo familiar de la víctima, influye también para que el niño o la niña no lo cuente y si lo hace sea difícil que se lo crean.
Por un lado “un niño o una niña puede tener un amor por su padre”, pero “si lo obliga a tocarlo o a tener relaciones sexuales es un mensaje muy confuso” que complejiza que la agresión sexual se detecte.
“No hay registros confiables”, consideró la coordinadora de Mano Vuelta, sobre todo porque las cifras oficiales de las denuncias “son bajas” y existe la probabilidad de que cuando la agresión sexual genera algún daño físico o implicó violencia, no trascienda cuando se acude a las unidades médicas, aunque es una obligación del personal de salud.
En la entidad existe el Sistema Local de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) responsable del sistema de monitoreo de derechos de la niñez y adolescencia en Oaxaca, pero en materia de abuso sexual infantil “hay un desfase con los registros”.
Aseguró que “SIPINNA tiene una deuda”, pues carece de una base que permita asentar los índices de abuso sexual infantil, “los indicadores que tienen son muy bajos”, porque “sabemos de los casos, pero no están asentados”.
Uno de esos casos es el de Karla. El 14 de febrero nació su hijo, se ausentó un tiempo del bachillerato en el que estudiaba, en una comunidad de los Valles Centrales, pero con el apoyo de su mamá y su papá ha vuelto a retomar la escuela. La violación sexual que enfrentó por parte de su novio, es un tema que ha decidido ocultar.
AM.MX/fm
