CIUDAD DE MÉXICO, 5 de Abril (AlmomentoMX).- La Comisión Especial contra la Trata de Personas, presidida por la diputada Julieta Fernández Márquez (PRI), avaló por mayoría la opinión en positivo para elevar a rango constitucional el delito de trata de personas y la esclavitud, para que queden prohibidos en todo el territorio nacional.
Se consideró procedente la aprobación de la iniciativa, presentada por los diputados César Camacho (PRI) y Sara Paola Gálico Félix Díaz (PVEM), en materia de trata de personas, para reformar el artículo primero de la Carta Magna, ya que su prohibición se inserta como un derecho humano contemplado en ese precepto.
El documento establece como una necesidad el incluir dicho ilícito a la Constitución Política para “enfrentar y frenar los silencios e indiferencia que existe hacia las diferentes modalidades de explotación y atender el fenómeno en su justa dimensión, así como las exigencias sociales al respecto”.
La opinión fue emitida a la Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de que contribuya a formar el criterio para elaboración del dictamen respectivo.
Así mismo, la Comisión Especial, considero que la reforma es de vital importancia para la garantía de los derechos humanos, con el propósito de que nadie sea sometido a la trata de personas, toda vez que el Derecho internacional prohíbe, de manera contundente, la esclavitud, servidumbre y el trabajo forzoso, como formas de explotación humana.
La Comisión aprobó por mayoría la opinión en positivo para adicionar la fracción III del artículo 84, de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, para incluir el concepto de “difusión” y fortalecer los mecanismos de acceso a la información sobre este delito.
Lo anterior, debido a la falta de coordinación de las instituciones encargadas de perseguir este ilícito que ha propiciado carecer de estadísticas oficiales sobre su incidencia delictiva anual. Por ello, “es necesario establecer las herramientas legales que den cauce a la implementación efectiva de los mecanismos encargados de publicar la información oficial”.
Con ello, la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, de la Secretaría de Gobernación, tendrá la obligación de difundir los programas, acciones y tareas que realizan sus integrantes, ya que la ley general, “sólo prevé la inspección y vigilancia de esas acciones. Ya que la autoridad cuenta con la información que puede ilustrar el estado actual del combate a los delitos contemplados en dicho marco jurídico vigente”.
La opinión destaca que el Estado mexicano tiene la obligación de respetar y hacer cumplir los tratados internacionales ratificados por México, en materia de protección de derechos humanos.
Así mismo, los participantes de la mesa resaltaron la importancia de que se garantice el derecho humano, al acceso a la información, sustentado en la libertad de expresión, la cual no sólo se constriñe a difundir información, sino comprende la posibilidad de buscar, recibir y difundir información de toda índole.
El documento, fue remitido a las comisiones unidas de Justicia y de Derechos humanos, para que coadyuve en la elaboración del dictamen respectivo.
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