Federico Berrueto
Las personas públicas y las instituciones tienen secretos, requieren de discreción y, también, de alguna forma, publicidad. El problema se hace presente cuando lo secreto o discreto adquiere indeseable e imprevista divulgación. Se puede hacer alarde de que nada hay que esconder y presumir que todo puede ser público. No es así ni debe ser así. La protección de los datos personales y el derecho a la privacidad son ejes del acceso a la información. También, debe destacarse, el Estado tiene ámbitos de secrecía por distintas consideraciones, incluyendo el interés nacional.
La ley determina la frontera entre público y secreto, así como lo privado. Hay ambigüedad, pero existen vías para dar curso a la inconformidad, que no se resuelve si las autoridades abusan de las disposiciones que garantizan secreto con el propósito eludir el escrutinio público. Los medios de comunicación y organizaciones civiles vinculadas a la lucha contra la corrupción han ganado espacio y no son pocos los casos del periodismo de investigación que han dado lugar a la exposición de actos corruptos, de abuso de poder o simplemente de escándalo mediático.
No se puede minimizar la gravedad del hackeo de cantidades masivas de información digitalizada de la SEDENA; los supuestos responsables dicen haber distribuido 4.1 millones de documentos, además de videos e imágenes. Se sabe que tuvieron acceso privilegiado a la filtración LATINUS y El País. Seguramente no son los únicos. El jueves se dieron a conocer varios asuntos de impacto: la salud de López Obrador, la no detención y liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa; las diferencias entre los titulares de la SEDENA y Marina y los problemas en la operación de la aduana de Cancún. Hoy se hace referencia a la vigilancia de la que son objeto activistas feministas. El País refiere que grandes volúmenes de información están siendo analizadas. Por lo pronto señala casos como la detención de Caro Quintero, la masacre de la Familia LeBarón, los abusos sexuales en la institución y la detención en EU del general Cienfuegos como asuntos con información.
El presidente validó el viernes la veracidad de la información. Es explicable que la atención se haya centrado en el tema de su salud; particularmente el incidente de enero cuando se le reporta grave, y se le traslada en helicóptero de Palenque a un hospital militar en la Ciudad de México. El hecho confirma lo que es conocido: la fragilidad de la salud del mandatario, que no se informa y se oculta. La situación no es de alarma, pero sí debe cuidar preventivamente de su condición e informar públicamente al respecto. El presidente no tiene mucho margen para descalificar el asalto; su reconocimiento a Julian Assange como el mejor periodista que existe y autor de las filtraciones y del sitio Wikileaks lo contiene, por ello es explicable que el presidente haya dicho que no habrá investigación o sanción alguna, decisión inaceptable.
Los militares suman disciplina, lealtad y hasta antes de la revelación, secrecía, como muestra el cuidado que, en ausencia del anterior Estado Mayor Presidencial, tienen a su cargo al presidente y sus cercanos. Sin embargo, hay temas muy sensibles que abren a discusión lo que ahora empieza a conocerse, como la relación entre la Marina y el Ejército; las actividades que corresponden a los civiles y que se realizan por determinación presidencial, o identificar alguna información asociada a los hechos de Iguala. Si fue crimen de Estado, como lo presume el subsecretario Encinas, necesariamente deben existir registros en ese sentido. Algo semejante sucede con la acusación de la DEA contra el general Cienfuegos; la ausencia de indicios en ese volumen de información confirmaría los señalamientos de la agencia norteamericana como una patraña.
No se puede minimizar el golpe que significa la exhibición pública de la información de la SEDENA. El hecho merece una investigación propia por la SEDENA, por el gobierno y otra por el Congreso. No es la dependencia la que está de por medio, tampoco la jerarquía militar o el presidente López Obrador. Se compromete el interés nacional y debe contemplarse con toda la gravedad y seriedad que merece. No faltará quien se regocije por lo ocurrido y la información a divulgar; sin embargo, debe pensarse en la ventaja que esto representará para el país y la soberanía nacional, particularmente para uno de los enemigos más perniciosos, el crimen organizado.
