El Poder Judicial de la Federación enlodado por casos de corrupción y acoso sexual

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Denuncias trabajadoras de SCJN ser acosadas sexualmente
Denuncias trabajadoras de SCJN ser acosadas sexualmente

Francisco Medina/Especial Al Momento Noticias

CIUDAD DE MÉXICO, 11 DE JULIO (Al Momento Noticias).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Policía Federal fueron denunciadas por trabajadoras de estas instituciones por acoso laboral y sexual, ante la presencia de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Violencia Contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Rashida Manjoo, quien escuchó asombrada los testimonios.

Haciendo acopio de valentía, las mujeres tomaron la palabra en el auditorio José María Iglesias del edificio sede del máximo tribunal para denunciar que las autoridades no atienden las demandas de acoso laboral o sexual, que ignoran las quejas, llaman chismosas a las denunciantes o que, o las censuran porque –dicen- lo que quieren es afectar a sus superiores.

“Soy acosada, fastidiada, desde hace año y medio, trabajo aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las áreas administrativas, pedí discretamente pedirle audiencia a usted –dijo dirigiéndose a la funcionaria de la ONU–, porque me han acosado y no puedo trabajar, me tratan como una puta, de veras, y así es que lo único que pido es un cambio de adscripción: ya no puedo trabajar en una Corte Suprema como ésta, tengo mi queja ante la Contraloría, ya están haciendo expediente para correrme, soy madre soltera, y necesito el trabajo necesito su ayuda…”, dijo desesperada.

Otra joven comentó que presentó su queja por acoso sexual en contra de un juez federal, pero que su queja no prosperó, en cambio la del juez en su contra sí.

Una policía federal denunció por su parte que no existen protocolos para investigar, con perspectiva de género, las denuncias de acoso sexual y con la complacencia del comisionado de la Policía Federal, Francisco Galindo Ceballos, quien se ha negado a darle seguimiento a las denuncias presentadas por las mujeres de la corporación con el argumento de que lo único que buscan es golpear a los mandos.

Sin embargo, los casos de acoso sexual y corrupción en el Poder Judicial de la Federación, parecen algo común. En 19 años de existencia, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ha sancionado a poco más de mil servidores públicos de este sector; de los cuales más de la mitad han sido jueces y magistrados.

Al CJF han llegado 22 mil 415 quejas sobre el actuar de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. No obstante, la disparidad entre éstas y el número de funcionarios sancionados es notoria: apenas 1 mil 35 infraccionados. De éstos, sólo 156 casos son considerados graves.

Los funcionarios a los que más se ha amonestado son jueces y magistrados, con más de 600 casos. Les siguen en incidencia los secretarios de juzgado, con 176 castigados.

Los secretarios de tribunal acumulan 77 faltas, los actuarios judiciales, 73; también se ha sancionado a 57 oficiales judiciales; y 25 defensores públicos.

Desde su creación en 1995, el CJF ha destituido a 60 servidores públicos del Poder Judicial inhabilitado a 31. Los jueces de distrito y los secretarios de juzgado registran las mayores cifras en cada caso, con 15 y 12 funcionarios, respectivamente.

El número de magistrados destituidos de sus cargos es 10 y el de inhabilitados, cinco. Para los jueces, las cantidades correspondientes son 15 y cuatro.

Y hasta la fecha, sólo se han impuesto seis sanciones económicas, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura.

 

Retraso, acoso, nombramientos indebidos

 

De las poco más de mil sanciones que el Consejo de la Judicatura ha impuesto en 19 años, sólo el 15 por ciento ha sido por faltas consideradas graves. Dentro de éstas figuran lo mismo fallas relativas a la función jurisdiccional que relacionadas con la conducta personal de los servidores públicos.

Uno de esos casos es el del juez Roberto Caletti Treviño, quien en 1997, cuando fungía como juez en el Juzgado Primero de Distrito en Cuernavaca, Morelos, otorgó un amparo a dos presuntos secuestradores a los que la Procuraduría General de la República (PGR) había consignado. Aunque el CJF la consideró una falta grave, sólo le impuso una suspensión al juzgador.

En 2009, el exjuez fue asesinado en Quebec. “Un exjuez corrupto golpeado hasta la muerte”, tituló el diario canadiense Le Journal de Québec, a la nota sobre el homicidio, publicada el 26 de agosto de 2009.

También están los casos de los magistrados Jesús Salvador Aguilar Cota y Alonso Galván Villagómez. El primero fue inhabilitado en 2001, por dilatar excesiva e injustificadamente cuando menos 131 resoluciones, así como el engrose de 24 asuntos.

Galván Villagómez fue suspendido en 2003, luego de que se denunciara que el entonces magistrado de Circuito en el Tercer Tribunal, en Morelia, presentaba al pleno del tribunal proyectos de resolución con deficiencias que provocaban su retiro o aplazamiento.

José Manuel Arballo Flores, entonces juez del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Guadalajara, retardó por más de dos años y hasta casi tres, la resolución a una veintena de juicios de amparo. Además de 597 asuntos pendientes de resolución. Por estas acciones fue suspendido.

Otro exjuez, Emilio Adalberto Hassey Domínguez, también fue suspendido porque firmaba acuerdos y resoluciones del Juzgado Quinto de Distrito, en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin revisarlos. Además, ingería bebidas embriagantes en su privado, de acuerdo con la información del CJF.

Entre las infracciones también hay casos de jueces que han hecho nombramientos indebidos, como el de María del Rosario Alcántar Trujillo, quien nombró a su sobrina como oficial judicial. La juez en el Juzgado Octavo de Distrito, en Ciudad Obregón, Sonora, fue castigada con una amonestación pública.

El exjuez de distrito José Susano Lucio Lucio condicionaba los nombramientos, además de que permitía a un sobrino suyo por afinidad vigilar a los secretarios y actuarios en el Juzgado Quinto en Matamoros, Tamaulipas. Aunque su familiar no tenía título de abogado, Lucio Lucio le permitía también elaborar acuerdos. El juez fue destituido.

Entre las conductas consideradas graves también figura la del magistrado Miguel Ángel Zelonka Vela, a quien se le castigó por haber hostigado sexualmente a una secretaria del Tribunal Décimo Colegiado en Materia de Trabajo. Además, “no se observó buena conducta en su trato con el personal subordinado del Tribunal”, de acuerdo con la información del CJF.

Pero las faltas sólo ameritaron una suspensión, que al cumplirse permitió al juzgador reincorporarse al servicio público. Actualmente funge como juzgador en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero. Zelonka Vela indicó a Contralínea, a través de su secretario particular, que no tenía interés en hacer ningún comentario al respecto.

 

El caso Góngora Pimentel

 

El caso del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel, ha sido uno de los más polémicos y se ganó la condena de buena parte de la sociedad al revelarse como un padre capaz de usar su red de influencias para meter en la cárcel a la madre de dos de sus hijos, regatearles dinero alegando que no lo necesitarán porque tienen autismo y, cuando se supo evidenciado, declarar ante la prensa que se desistiría de su intento punitivo contra su expareja, hasta que unas horas después dejó sentir de nuevo su inquina contra ella en los tribunales de los que alguna vez fue la máxima autoridad.

 

Caso Luna Altamirano

 

El pasado 9 de julio, se dio a conocer que el magistrado José Guadalupe Luna Altamirano está siendo investigado por el Consejo de la Judicatura Federal luego de que se le conocieran movimientos bancarios inusuales de millones de pesos; el juez es reconocido por revocar la sentencia contra el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que ordenó la apertura de una investigación interna contra uno de sus jueces por posibles vínculos con el narcotráfico.

La institución dijo en un comunicado que el magistrado José Guadalupe Luna Altamirano está suspendido de sus funciones y de sueldo desde mayo de 2013 y tras cerrarse un procedimiento administrativo contra él, ahora se le abre uno “de responsabilidad (ante) probables conductas vinculadas con la delincuencia organizada”.

Además entre sus conductas irregulares está abandonar el tribunal al que estaba adscrito para realizar “múltiples viajes a países de Centro y Sudamérica, entre ellos Colombia, lo cual contraviene normas legales”.

El caso más conocido y polémico de Luna Altamirano fue su decisión de 2008 de revocar la sentencia contra el hijo del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán. Archivaldo Iván Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, que había sido condenado a cinco años de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

Jorge Figueroa Cacho, también bajo investigación

 

El pasado 10 de junio el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció la suspensión sin goce de sueldo de Jorge Figueroa Cacho, un magistrado de circuito que durante 26 años despachó en los tribunales colegiados en materia civil de Guadalajara.

A Figueroa Cacho, veterano con 44 años de carrera judicial, le fueron detectados depósitos de al menos tres millones de pesos, algunos de ellos en dólares, por parte de empresas dedicadas a la compraventa de joyería y metales, en México y el extranjero.

Familiares del magistrado, en tanto, también recibieron depósitos por seis millones de pesos, de origen desconocido.

Fuentes judiciales informaron que el caso de Figueroa fue detectado desde mediados de 2013 por el CJF, que provocó sospechas sobre posible lavado de dinero, y que fue parte de las razones que llevaron a ordenar la readscripción de doce magistrados de circuito que habían laborado por décadas en los tribunales federales de Guadalajara.

AMN.MX/fm

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