El líder morenista en el Senado, Ricardo Monreal, ha estado al frente de las conversaciones entre el sector privado, autoridades, sindicatos y partidos políticos para llegar a acuerdos que permitan una regulación moderna, eficiente y justa del outsourcing en nuestro país, con el fin de no afectar a los millones de trabajadores que se encuentran bajo este esquema y a las empresas que utilizan esta figura para realizar sus actividades.
En estos ejercicios, Monreal ha puntualizado que no es el interés de los Senadores satanizar a ninguna empresa ni aterrorizar a las personas, sino llegar a un punto en que se puedan balancear los legítimos intereses y derechos de los trabajadores y trabajadores en el país con las necesidades de las empresas de concentrar sus esfuerzos en generar bienes y servicios.
“Si no somos cuidadosos en la manera de legislar, dijo Monreal, podríamos afectar no sólo a las personas que están subcontratadas, para quienes queremos la reivindicación de sus derechos, sino también el empleo”.
Sin embargo, puntualizó, se sabe que quienes han hecho mal uso del esquema de subcontratación han causado pérdidas al erario que se calculan en más de 21 mil millones de pesos, lo cual implica que el Estado no ha podido hacer frente a compromisos sociales. Es para evitar estos problemas que la nueva regulación debe enfocarse, no con el ánimo de penalizar a las empresas, sino de lograr las mejores prácticas.
Entre los objetivos que ha tenido la Cámara alta -y que firmaron todos los senadores de la Junta de Coordinación Política en su momento- es que se llegue a una regulación de la subcontratación que no castigue a quien la hace cumpliendo con los requisitos de las leyes laborales, de seguridad social y fiscales, pero que sí sancione a aquellos que la utilizan para defraudar al erario y no respetan los derechos de los trabajadores.
De esta forma, lo que se planteó el Senado como objetivo en las mesas de alto nivel que se llevaron a cabo con el fin de discutir los pormenores de la reforma, es llegar a una legislación justa y equilibrada, escuchando a todos los involucrados: autoridades, sector laboral, empresarios y analistas, así como legisladores de todas las facciones.
La meta es que se alcancen consensos para que el sistema de subcontratación permita proteger los derechos de los trabajadores, pero al mismo tiempo impulsar la economía formal, incrementando la productividad de las empresas.
