Federico Berrueto
La inmediatez obstruye la valoración de los acontecimientos en perspectiva. En el caso de la señora Guadalupe Taddei representa un caso grotesco, inimaginable e incomprensible. Además, la respuesta del régimen al control de daños ha sido generalizar y extender en el tiempo el problema de la corrupción de Taddei, que a su vez ha dado lugar a la idea de que la presidenta habrá de presentar una reforma a fondo.
Ha pasado casi un mes desde que LatinUS divulgó el primer video de una secuela de inédito escándalo. A pesar de lo contundente de la evidencia, la FGR no ha iniciado indagatoria, a la vez que la presidenta Sheinbaum instruye a un órgano autónomo de la Cámara, Auditoría Superior de la Federación dirigida por una persona muy próxima a ella, para que realice una investigación que en forma y alcance que la Constitución no le permite.
Conforme pasa el tiempo y fracasa el intento de compartir la responsabilidad a los consejeros de antaño del IFE/INE, queda claro que se vive un nuevo capítulo de impunidad rampante. Aquí se señalaba que la omisión de la FGR abría la sospecha de que la renuncia fue obtenida a cambio de impunidad y a manera de evitar que declarara sobre irregularidades de otras elecciones, particularmente la federal de 2024.
Los cuatro ex presidentes del Instituto han expuesto con claridad del problema: la captura del órgano electoral significa la pérdida de confianza y en consecuencia el regreso de las elecciones incapaces de proveer legitimidad. Su apuesta es el regreso de decisiones consensuadas por la pluralidad. Difícil que el régimen cambie, aunque es fundamental definir públicamente posición, así como salir a la calle a defender lo que queda de democracia.
La presidenta Sheinbaum y los suyos se esmeraron en responsabilizar a Lorenzo Córdova cuando en 2014 la señora Taddei -junto con 126 funcionarios locales en 18 entidades- fue designada presidenta del IEE Sonora. No hay prueba alguna sobre la supuesta vinculación entre Taddei y Lorenzo Córdova. Sí, en cambio, la que existe con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Por alguna razón, muchos no han referido un hecho relevante: Guadalupe Taddei, después de dejar el cargo en 2021 en el IEE sería designada consejera presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cargo que tendría hasta que fue promovida para participar en el proceso de selección de la futura presidenta del Consejo General del INE. El vínculo personal, profesional, político entre Taddei y Durazo es incuestionable.
Ahora se sabe que Guadalupe Taddei desarrolló una ambición desbordada y casi patológica. Su debilidad por el enriquecimiento no guardó límites; para eso contó con un empresario corrupto, sin escrúpulos y de la misma calidad moral, Alfredo Hernández Casillas. Ya en el cargo, Morena cambió la ley para dirigir sin tener que pasar por el Consejo, el que la acompañó en sus ilegales determinaciones, particularmente, la de otorgar una mayoría calificada espuria al régimen, validar la elección del acordeón y conceder el inicio de campañas al margen del calendario electoral, en 2023 y actual.
Tres eventos deben tenerse presente: en marzo de 2023 llega Taddei al INE; en junio, después de la elección del Estado de México, López Obrador convoca a los aspirantes a la candidatura presidencial y los gobernadores afines para informar sobre las reglas para seleccionar candidato. El 6 de septiembre Claudia Sheinbaum es designada candidata presidencial bajo la figura de coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación.
En perspectiva Taddei es un caso singularísimo, testigo y partícipe de la ilegalidad en las elecciones que ahora le sirve de blindaje, como el gobernador Rubén Rocha Moya, y así disuadir al poder sobre una acción en su contra. A los dos les ha dado resultado.
El terror del régimen a la verdad ampara también al cómplice Hernández Casillas. Difícil situación para la justicia, que vuelve ridículo el intento de trasladar a otros la penosa y obscena descomposición del INE. Se trata de un acto de grave corrupción en una acción concertada, un caso de crimen organizado cuyos responsables debieran ser objeto de juicio y sentencia. Hay pruebas y evidencias que deben ser sustanciadas formalmente.
La señora Taddei debe creer, al igual que su asociado, que no habrá acción en su contra. Él se anticipó y según su dicho tiene material comprometedor -incluso refiere a Gobernación-, a resguardo en distintos países. El periodista Héctor de Mauleón ha reseñado dos encuentros en que la señora Taddei fue reconvenida para pedirle su renuncia, concurrieron la titular Rosa Icela Rodríguez y la consejera jurídica María Luisa Alcalde. Taddei amenazó con grito de por medio divulgar información muy comprometedora al régimen.
Increíble el capítulo Taddei, acontecimiento propio de la descomposición profunda de nuestros tiempos.


