En un intento por proyectarse como un líder moderno en Norteamérica, el secretario general del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), Alejandro Martínez Araiza, ha desplegado un activismo mediático en Washington proponiendo regular la inteligencia artificial y la “transparencia algorítmica” en el marco del T-MEC. Sin embargo, detrás de esta fachada internacional existe un marcado contraste con la realidad institucional: Martínez Araiza no es negociador oficial ni el SNAC forma parte del equipo técnico o del Consejo Asesor que representa al Gobierno mexicano en las conversaciones comerciales. Mientras busca aparentar influencia en el extranjero, carece de interlocución real con la CTM y con las autoridades laborales de su propio país.
La mayor contradicción de este despliegue radicaría en el concepto mismo de transparencia. Araiza exige en el exterior auditar los algoritmos corporativos, pero en México mantiene bajo absoluta reserva el funcionamiento de “La Rebel“, la plataforma digital del SNAC que sustituye el contacto directo de los delegados sindicales por procesos automatizados. Hasta la fecha, la dirigencia ha evitado aclarar de qué presupuesto provino el desarrollo de dicha tecnología, cuánto costó, quién la administra, y si los datos personales recopilados de miles de trabajadores cuentan con mecanismos independientes de auditoría o si están registrados a título personal, como ya ocurrió previamente con la marca del sindicato ante el IMPI.
Esta falta de congruencia se extiende al manejo financiero del gremio. Mientras acumula vuelos, viáticos, hospedajes y gastos de representación internacional, los más de 18 mil trabajadores con contrato colectivo —a quienes se les retiene hasta un 5% de sus ingresos por concepto de cuotas— desconocen qué asamblea autorizó ese uso de los fondos públicos obreros. La omisión en la rendición de cuentas no es solo un cuestionamiento ético, sino una falta legal directa al Artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a las directivas sindicales a transparentar semestralmente la administración del patrimonio. En el expediente 10/02788, la autoridad laboral documentó incluso el desacato al oficio formal 4232 en el que se solicitó al SNAC reportar el paradero de más de 500 millones de pesos.
A este panorama de opacidad se suma una severa crisis de representatividad. La elección sindical de abril de 2025, realizada mediante una planilla única y con el voto de apenas una fracción del padrón, acumula impugnaciones formales por 11 causales de nulidad que violan preceptos constitucionales y convenios de la OIT.
En lugar de constituir una voz autorizada para la renegociación comercial de 2026, mantener un liderazgo con vicios de origen e incumplimientos de transparencia convierte al SNAC en un pasivo para las empresas donde opera, exponiéndolas a sanciones bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC. Antes de pretender dar lecciones de regulación laboral en Washington, Alejandro Martínez Araiza tiene la obligación legal y moral de empezar por transparentar su casa.
