Han transcurrido ya 40 días desde la fecha en la cual el Ayuntamiento de Benito Juárez dio su aval al Mando Único y, de entonces a la fecha, el registro de todo tipo de delitos, homicidios y ejecuciones, ha seguido a la alza. También en estos días se llevo a cabo una comparecencia más de Jesús Alberto Capella, titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Si bien no podría esperarse una exposición en la cual se careciera de argumentos exculpatorios ante la violencia que se registra a diario en la entidad, tampoco se esperaba se le hubieran entregado a este mando policíaco 900 millones de pesos más de lo presupuestado el año anterior para encontrarnos con la nula existencia de resultados positivos.
Tendría que haber sido exigencia de los curuleros aclarara puntualmente a qué rubros destinó esa millonada, porque las inconformidades de los uniformados siguen en aumento. El referir culpabilidad hacia los medios de comunicación por crear una percepción de inseguridad superior a la realidad, no es nuevo, aunque si habría que dejar muy claro no hay tal percepción, se trata de realidades que se viven a diario, las cuales no disminuyen sino todo lo contario, al asegurar el jefazo policiaco pasarán ocho meses para que pueda percibirse algún avance en el renglón a su cargo.
Las reuniones con los consulados en donde se exponen supuestos operativos no dejan satisfecho a nadie, las caras de los representantes de más de 30 países asentados en tierras quintanarroenses muestran seriedad y molestia en los rostros, más aún cuando a través de diferentes medios de comunicación se sabe de la utilización por parte de la delincuencia de armas largas, de las llamadas de última generación, de las cuales carecen los cuerpos policiacos.
Según Jesús Alberto Capella, la rivalidad de siete mafias disputándose principalmente las plazas del corredor Cancún-Puerto Morelos-Playa del Carmen es lo que ha llevado al clímax la inseguridad.
Este reporte coincide con lo que ha trascendido en los medios de comunicación a través de reporteros especializados en el narcotráfico, por lo tanto, las alertas se han lanzado desde que no eran siete sino tres, y cabría preguntarle al titular de la SSP si fue a partir de su llegada que se pasó de cinco a siete bandas, o de plano directamente cuestionarle: ¿quién trajo las otras dos?
En otro orden de exposición, bien harán los jueces y magistrados quintanarroenses en practicar lo que dice el sabio refrán: “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”. El Consejo de la Judicatura Federal desintegró al Tribunal Colegiado de Campeche, cesaron ya a David Barredo Villanueva y a Fredy Gabriel Félix Fuentes. Su despido se debió a que les encontraron depósitos cuyos fondos fueron de origen desconocido. El enriquecimiento de magistrados de tribunales e inclusive del Tribunal Superior del Estado de Quintana Roo se ha reportado ante el ministro Arturo Zaldívar como un “caso de gran escándalo”. Hasta donde nos pudieron informar se han abierto algunas carpetas y de habilitarse a cinco nuevos ministros a la Suprema Corte para emprender y castigar debidamente los casos de corrupción e impunidad, pocos portadores de la otrora respetable toga habrán de salvarse.
No deja de ser tranquilizante que si bien no se ha capturado ningún tiburón y solamente se han encaminado esfuerzos para la detención de charalitos, quienes fácilmente obtienen su libertad, tampoco se ha visto políticos beneficiados con los procesos de amnistía, anunciados y supuestamente iniciados por AMLO el pasado 1 de diciembre, por lo que todavía pueden albergarse algunas esperanzas de ver tras las rejas a quienes sin medida alguna saquearon al país y, si las escaleras realmente se barren de arriba para abajo, a no dudar que el hombre del copete irá en la avanzada.
