Es Quintana Roo la entidad más alejada de cualquier renglón de los protegidos supuestamente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y la referencia a la instancia con operación aceptada en todo el país obedece a la nula capacidad de acción, a la incapacidad con la que opera la estatal. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, marca el Artículo Tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. La gran cantidad de ejecuciones y crímenes registrados en la última década, nos hace ver que ya, poco a poco, va perdiéndose el derecho a la vida, que este renglón solamente se ha utilizado para la prohibición del aborto, pero la CNDH nada dice sobre el que nos debe ser garantizado a todos. En cuanto a la libertad habría simplemente de contemplarse a los comercios enrejados, las casas llenas de barrotes en puertas y ventanas y de ahí desprender no somos ya libres, hemos construido nuestras propias cárceles, nos desenvolvemos dentro de ellas y de eso no habla la CNDH. En ambos se cancela el derecho a la seguridad pese a que este renglón está inclusive dentro de las obligaciones del gobierno y no sólo a las personas sino a sus bienes y patrimonios.
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, señala esa Declaración de la ONU. ¿Hemos visto alguna acción definitiva, impositiva, de absoluta protección a quienes ejercen el periodismo a través de diferentes medios y formas? Sus recomendaciones, tal y como se ha visto, no han causado ninguna reacción en las instancias a las cuales van dirigidas. La Comisión de Derechos Humanos quintanarroense se ha mantenido paralizada y nada se sabe de alguna incursión exitosa para la aclaración de los crímenes o en respaldo de los informadores que decidieron abandonar la entidad a causa de la inseguridad existente y de las amenazas recibidas.
La CNDH se mantiene ajena a muchos renglones que afectan los derechos humanos de la gran mayoría para centrarse en aquellos relacionados con la comisión de delitos, con la defensa de quienes tienen, inclusive, expedientes muy gruesos de investigaciones que van en su contra, de los derechos que asisten a quienes son privados de su libertad, pero esos no son la mayoría. Millones de ciudadanos padecen a diario abusos y se les deja, por ejemplo, sin agua a sabiendas de ser éste vital para la existencia humana; se les deja sin energía eléctrica sin importar el daño provocado a ancianos y menores; nada se hace en relación a los derechos de los niños y, de entre estos, al de desarrollarse en un ambiente sano, libre de contaminantes. Por lo tanto, estas áreas están en el oscurantismo, no existe protección alguna porque, alegan, no pueden enfrentar a empresas, están impedidos para ello y como la CFE es, supuestamente, una compañía ya no dependiente del estado aunque si pueda el gobierno condonar deudas como se hizo en Tabasco, y el agua se distribuye a través de concesionarias lo que lleva a un escenario parecido, la CNDH y sus homologas estatales se zafan de cualquier intervención y ni que decir de no querer ni tocar con el pétalo de una rosa a los inversionistas depredadores porque son también particulares.
Sin defensa, sin derecho alguno a ella, transitan muchos renglones de nuestra vida diaria. En su último informe, el número 28 de los 29 años su existencia, la CNDH centro su atención a la salud, a la seguridad y a la contratación de personal capacitado en el desempeño y conocimiento del quehacer público administrativo e inclusive judicial. Lo referente a la salud, sabido es, se trata de un tema de moda, atrayente de reflectores, sobre todo en el renglón medicamentos y a él se enfocaron señalando que atacar la corrupción no debe permitir se juegue con la vida humana y ¿cuándo se lucro a rabiar en contra de los enfermos, de aquellos a quienes se les dotaba de medicinas similares no hubo delito que perseguir? En cuanto a la seguridad el punto para atacar fue, como era de esperarse, la Guardia Nacional. Ahora que, relacionado con las contrataciones burocráticas, todavía no encuentro el artículo en donde se marque el derecho de quienes creen o consideran están superpreparados de ser contratados por el gobierno y con excelentes salarios.
Don Luis González Pérez, quien cuenta en su “brillante” trayectoria con una fiscalía especial para esclarecer el crimen de Luis Donaldo Colosio, no tiene ningún derecho de exigir se presente el titular del Ejecutivo federal a escuchar su informe lleno de críticas, de recomendaciones, pero sin ninguna exigencia para pasar de la etapa de meras recomendaciones –por cierto muy pocas veces escuchadas- a la acción y a la ampliación de derechos hasta absorber a la burocracia en su totalidad al igual que a la iniciativa privada, y menos con esos resultados mediocres.
