CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el Foro 15 del Parlamento Abierto sobre la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el Ejecutivo Federal, diputadas, diputados, funcionarios de la CFE, expertos y empresarios analizaron el tema “Cambio constitucional para un nuevo Sistema Eléctrico y su régimen transitorio; competencia en la adquisición de energía del sector privado para abastecer el servicio público de electricidad”.
El presidente Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), José Enoch Castellanos Férez, señaló que el sector que representa no está de acuerdo con que se modifique la Constitución, pues ello entorpece la llegada de inversiones futuras.
Planteó que la discusión debe enriquecerse con elementos técnicos, económicos, ambientales y sociales más que políticos e ideológicos, e impulsar soluciones eficientes que promuevan la competitividad y el bienestar de la ciudadanía.
Enfatizó que “no pueden coincidir con la idea de cancelar permisos de forma retroactiva y que se den por terminados acuerdos entre particulares firmados ante el amparo de la normativa vigente, por lo que es fundamental respetar el derecho de inversionistas y de los trabajadores de esas empresas”.
Nancy Jiménez, docente de posgrado de derecho energético en la UNAM, dijo que la electricidad por años ha sido considerada como un bien comercial, restándole la importancia que realmente tiene. “La iniciativa de reforma eléctrica que nos encontramos analizando tiene un sentido de justicia social y por primera vez se pondera sobre lo particular, lo que más le conviene a México”.
Señaló que el porcentaje 54.46 por ciento al que hace referencia la iniciativa responde a la importancia que tiene el Estado de ser el principal responsable de proteger, garantizar, promover y respetar los derechos humanos.
“Nos han dicho que de aprobarla sería costoso para el país, supuestamente dañino para la salud y el medio ambiente y que habría un retroceso considerable en la inversión, pero esto es mentira porque eso con que intentan asustarnos es en realidad lo que están provocando”, precisó.
En contra, Miguel Ángel Marmolejo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, explicó que la iniciativa del Ejecutivo cuenta con nueve artículos transitorios que son contrarios al sentido y texto constitucional en vigor, por lo que el reto es dar simetría a este posible cambio.
Señaló que con los términos actuales la participación del 46 por ciento de generadores privados se convertirá en letra muerta pues la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento tendría la calificación de área estratégica donde el Estado ejercerá de manera exclusiva.
Pidió que la Cámara de Diputados extienda una invitación a la Comisión Federal de Competencia Económica para construir un canal de coordinación, comunicación y trabajo común.
Mario Díaz Ocheita, coordinador de Estudios Económicos de la Dirección Corporativa de Planeación Estrategia de la CFE, expuso que la mejor táctica energética es aquella que permita suministrar electricidad de forma confiable, segura, estable y continua.
No obstante, apuntó que se requiere que la ciudadanía pague por la electricidad un bajo costo posible sin que esto implique poner en riesgo la estabilidad del sistema.
Indicó que de nada servirá tener gran capacidad intermitente aparentemente económica si los respaldos que son necesarios no son retribuidos y no se cuentan, pues ello provocaría el cierre de las centrales y un suministro no confiable.
Alejandro Faya Rodríguez, comisionado del pleno de la Cofece, mencionó que tienen una encomienda de luchar por la competencia y libre concurrencia de los mercados, de tal forma que estos funcionen de la manera más eficiente en beneficio del consumidor. Estamos convencidos que esta dinámica competencia tiene que prevalecer sobre distintos eslabones del sector eléctrico.
“Creo que todos coincidimos con los objetivos, queremos encontrar la mejor manera para producir electricidad en las mejores condiciones para las familias mexicanas y las empresas; costos eficientes de producción en la industria, tarifas competitivas, sustentabilidad, seguridad, capacidad para atender la demanda actual y futura, energías limpias”, dijo.
Al hablar a favor, Mario Morales Vielmas, presidente de la Comisión Directiva de Planeación Estratégica de la Dirección Corporativa de Planeación de la CFE, aseguró que la actual administración ha intentado modificaciones que rigen al modelo eléctrico sin éxito, pues el sector privado se ha opuesto mediante recursos de amparo. “Hoy hay 4 mil 250 amparos presentados por cámaras empresariales, asociaciones de energía, empresas y la Cofece”.
Indicó que fue una legislación inconstitucional que creó sistemas de generación privados; por ello, con el cambio en 2018 se busca que el Estado participe con rectoría del 54 por ciento en beneficio de las familias mexicanas y no sea solo un discurso falso, sino una realidad.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI), señaló que tampoco hay que satanizar el carbón, pues la producción de energía con este material es mínima.
Solicitó saber si esta realidad o distorsión, porque no hay pago por el respaldo, se debería de terminar en alguna manera; además, preguntó si la CFE compite en igualdad de circunstancias porque no existen bonos ni apoyos cuando debe cubrir la demanda de energía. “No se debe confundir el costo de las cosas por el costo del servicio”.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), indicó que en estos foros se ha logrado conocer la defensa del Gobierno, de la Secretaría de Energía y la CFE y, por otro lado, de especialistas, universitarios, representantes de empresas privadas afectadas por esta reforma.
Asimismo, preguntó si para asegurar la indemnización de los derechos legítimamente adquiridos, el cual de acuerdo con la estimación del Gobierno llega a un 46 por ciento, faltaría una disposición transitoria adicional para precisar tiempo y condiciones para convertir la anulación de contratos y permisos actuales.
El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) dijo que la electricidad es un derecho humano y la generación de energía eléctrica debe ser un monopolio, como lo ha sido siempre, del Estado. Cuestionó sobre si la Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad para producir y darle electricidad a los mexicanos después de la reforma constitucional.
De la misma bancada, la diputada Aleida Alavez Ruiz expresó que esta administración busca que el Estado intervenga como sea posible y la inversión participe lo necesario en cuanto a la regulación en materia eléctrica, ya que es un sector estratégico para el país, el cual no puede seguir bajo reglas a modo; por ello, cuestionó a los ponentes si era necesaria la reforma constitucional de 2013 y cómo se sustentaban los permisos de autoabastecimiento que se otorgaron al amparo del servicio público de energía eléctrica.
El diputado Jorge Triana Tena (PAN) comentó que esta reforma que se está planteando no beneficia a los ciudadanos, beneficia a la Comisión Federal de Electricidad exclusivamente. “Sostengo que no es necesario llevar a cabo una reforma de carácter constitucional porque lo que pretende el Gobierno no es evitar los abusos en las subastas, en el autoabasto, contratos independientes y en el porte”.
El diputado Luis Alberto Martínez Bravo (PVEM) cuestionó sobre si la inversión privada en el sector eléctrico ha generado incentivos para garantizar el suministro de electricidad como derecho humano en beneficio de todas las regiones del país a precios competitivos. Asimismo, quién se ha beneficiado en mayor proporción del esquema del mercado eléctrico: la población más vulnerable o el sector privado.
La diputada del PT, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, pidió a los ponentes explicar por qué ante la propuesta del Ejecutivo la iniciativa privada se ha amparado y cuál es el motivo de que vean a la energía como un producto de negocio y no como un derecho humano, y qué tan cierto es que el sector energético se caería y no se bajarán los costos de las tarifas.
De MC, el diputado Manuel Jesús Herrera Vega, dijo que la propuesta planteada puede inhibir la inversión; ante ello, cuestionó cómo repercutirá en la inversión y la competitividad de las empresas y cuál sería su impacto en la industria.
El diputado Mario Rodríguez Carrillo (MC) consideró que la reforma de 2013 trajo abusos y excesos, incluso gente que la aprobó hoy la desprecia, además de que la rectoría del Estado no está en discusión, pero se requiere de interacción con empresas privadas ante las carencias que el Estado mexicano tiene.
La diputada del PRD, Elizabeth Pérez Valdez, indicó que la cancelación de los permisos de generación eléctrica es contraria a diversos tratados internacionales, por lo que preguntó si la implementación de esta propuesta generaría un gran número de amparos y si éstos serán acatados por esta administración.
José Enoch Castellanos Férez subrayó que la reforma es una expropiación suave e incluso un atropello a los derechos de quienes contrataron las centrales eléctricas. Agregó que se puede arreglar el mercado de capacidades, pero eso no requiere una modificación constitucional, sino ponerse de acuerdo en las leyes reglamentarias.
Añadió que la aprobación de la iniciativa afectaría a cerca de 44 mil millones de dólares en el sector privado, por lo cual no es de extrañar el número de amparos y los paneles de controversia.
Refirió que se debe adecuar a la Comisión Federal de Electricidad invirtiéndole dinero para que adopte tecnologías nuevas y pueda competir de manera justa; sin embargo, lo que no debemos hacer es cargar con los costos e ineficiencias.
En tanto, Mario Morales Vielmas sostuvo que la electricidad es un derecho humano, no una comodidad ni al precio que quieran los empresarios. La CFE está en condiciones de generar la mayor parte de energía, pero requiere a los privados pues en 30 años se construyó un esquema para que estén presentes. Precisó que se están desarrollando 33 proyectos con más de nueve mil millones de dólares de inversión.
“Se dice que la CFE es la única que se beneficia, pero de ser así beneficiaría a los mexicanos pues es de ellos y velará por los intereses nacionales”.
Aclaró que los tratados no comprometen los sectores estratégicos de un Estado, además de que no hay una expropiación directa o indirecta; no obstante, se requiere encontrar un punto de equilibrio, tener información y conocer para lograr la mejor interpretación y defender lo que cada uno considere.
Por su parte, Miguel Ángel Marmolejo dijo que el acceso a la electricidad es un derecho humano que debe garantizarse, “pero esto se hace cuando el Estado te da las herramientas para que por ti mismo te proveas tu electricidad, como lo fue la generación distributiva, que es un ejemplo de combate a la pobreza energética”.
AM.MX/fm
