El abogado y el presidente

Federico Berrueto
¿Quién será peor para el país, Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán o Donald Trump? Asombra que en el gobierno no ven la obvia diferencia. Difícil de entender el proceder de la presidenta Sheinbaum este fin de semana en Sinaloa, espacio donde no manda el Estado, al lado de un gobernador señalado por la FGR de encubridor del asesinato por narcos de su principal enemigo político; la mandataria dio respuesta a la calculada provocación del litigante que solo busca la impunidad de uno de los mayores narcotraficantes de México con todo lo que significa en violencia y muerte.
Emprender un juicio civil en EU es igualarse en una instancia judicial de inciertos resultados. Tampoco es una buena idea, además es común que quien litiga es una persona no una institución y al menos en EU esos litigios los paga el individuo, no el gobierno o institución a la que sirve.
¿Por qué no se dejó la respuesta al litigante en la cancillería, en la consejería jurídica o en la FGR? Por una sencilla razón, había que defender a López Obrador; el destinatario de sus expresiones es una sola persona para despejar la intriga de que la presidenta busca emparejar marcador por la vía de la acción legal de EU. Para la presidenta Sheinbaum la prioridad es mantener en los mejores términos su relación con el expresidente, factor de cohesión de la coalición gobernante y referente fundamental del proyecto político. La cuestión es que también existe el país y por ello la institución presidencial debe actuar con claridad de objetivos y prudencia. Ponerse a la altura de un abogado de narcos en cualquiera de los planos es un error.
Inevitable que se hagan señalamientos contra el expresidente. Por una parte, aunque no fueran ciertos son creíbles, regla que utilizó el mandatario a lo largo de seis años, quien se condujo por el tramposo sendero de lo creíble, no de lo veraz. Por otra, está el agravio sembrado hacia muchos lados, y el fundamental, el oprobio de los abrazos y no balazos que significó para el país, sus instituciones y las personas: dejar en estado de indefensión a los mexicanos ante los criminales que crecieron, se diversificaron y corrompieron a autoridades civiles, judiciales y militares. López Obrador apenas empieza a cosechar lo que sembró a pesar de la protección que se le concede.
El mayor peligro para México viene del presidente Trump. Los aranceles tienen un objetivo económico y son un recurso para influir en los temas internos de los países. Un descaro lo de Brasil que justifica el impuesto por el juicio al golpista expresidente Jair Bolsonaro. Para nuestro país no es suficiente todo lo hecho por el gobierno en migración y trasiego de fentanilo. Es inevitable que dentro y fuera se especule que, en realidad, el gobierno norteamericano quiere la aprehensión de políticos, policías y militares asociados al crimen organizado.
La soberanía del país está en juego y se dice que el mejor recurso en su defensa es el apoyo popular a la presidenta, que habrá de darse con los buenos resultados de su gestión; pero no es tal, ha mostrado elevados niveles de apoyo y acuerdo a pesar de los malos resultados. Con la economía en dificultad no los habrá. Lo mejor que se puede decir está en el ámbito de la recaudación y de la seguridad pública que disminuye homicidios, pero eleva desaparecidos y registra dolorosas derrotas en Sinaloa o Tabasco, entre otras. Sin embargo, la magnitud de los problemas en todos los ámbitos y en el mismo terreno de la legalidad son preocupantes en extremo, más sin una justicia federal independiente, profesional e imparcial.
Efectivamente, los problemas heredados se vuelven inmanejables y conspiran contra la fortaleza del país para enfrentar a los criminales y a la embestida de las autoridades norteamericanas. El huachicol fiscal por su magnitud revela dos temas que comprometen las bases del régimen político: la impunidad a partir de la connivencia de las autoridades en un negocio que hace palidecer los ingresos del narcotráfico y el tamaño de la mentira, una más, del gobierno de López Obrador que declaró desaparecido el huachicol y extirpada la corrupción del aparato gubernamental.
Desde luego que el presidente Trump es más peligroso que el abogado de Ovidio Guzmán; éste pretende la libertad de su defendido, tarea de un abogado al que le pagan generosamente y que está dispuesto a todo. Error monumental la respuesta de la presidenta y no menos la decisión de demandar. Trump, por su parte, pretende quedarse con México, ni más ni menos, no quiere hacer del país una estrella más de su bandera, su racismo se lo impide, sino un gobierno sometido. De ese tamaño la diferencia.