Ejército buscaría frenar reformas de seguridad de Claudia Sheinbaum que le dan más poder a Omar García Harfuch

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CIUDAD DE MÉXICO.— El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó hace meses al Congreso dos iniciativas en materia de seguridad: la Ley del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Estas propuestas buscan otorgar mayores atribuciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, quien también es coordinador de la Estrategia Nacional de Seguridad.

El objetivo de esta estrategia de seguridad es fortalecer las funciones de inteligencia, fiscalización y operación de la seguridad pública bajo control civil, especialmente en temas que actualmente están bajo responsabilidad militar.

Aunque Morena tiene mayoría en el Congreso, las leyes no han avanzado debido a la resistencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encabezada por el general Ricardo Trevilla, según publicó El País.

De acuerdo con dos fuentes cercanas a la presidenta Sheinbaum consultadas por el medio, las Fuerzas Armadas no están de acuerdo con que Harfuch concentre funciones de investigación e inteligencia que históricamente han controlado.

Las fuentes citadas señalan que el Ejército (al que los legisladores se refieren como “los verdes”) no está dispuesto a ceder poder frente al aparato civil de seguridad. En particular, les incomoda que el nuevo Consejo Nacional de Seguridad Pública sea presidido por Harfuch en ausencia de la presidenta, y que tenga control sobre recursos federales asignados a los estados.

Otro punto de fricción es la Agencia de Transformación Digital, una nueva instancia promovida por Sheinbaum. De aprobarse la legislación en sus términos, esta agencia creará una plataforma para registrar a los usuarios de telefonía móvil y habilitar o deshabilitar líneas que no estén asociadas a ninguna persona.

Esta base de datos podrá ser usada por las autoridades de seguridad como fuente de información para investigaciones, incluyendo la asociación de datos biométricos con números telefónicos.

Especialistas consultados por El País han advertido que esto podría representar riesgos para los derechos humanos si no se regula adecuadamente.
AM.MX/fm

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