Miguel Ángel Ferrer
En el transcurso de los últimos 36 años (1982-2018) pasaron a ser propiedad privada muchas empresas, industrias y recursos productivos que habían sido de propiedad pública, social o cooperativa. La lista es larga: minas, telefonía, tierras, puertos, aeropuertos, sistemas de pensiones, carreteras, siderurgia, banca, ferrocarriles.
Puede afirmarse que durante ese periodo se privatizó una muy extensa y sustantiva proporción de la infraestructura económica del país. A este proceso de apropiación privada de la riqueza pública se le conoce universalmente como políticas económicas neoliberales.
Es cierto que existen otras medidas económicas que son parte de la teoría y la práctica neoliberales, como la desregulación, el fomento del libre comercio, y una menor o nula intervención del Estado en la economía. Pero es indudable que el rasgo esencial del neoliberalismo es la conversión de la propiedad pública, estatal o social en propiedad privada.
Y en México este rasgo esencial del neoliberalismo ha dejado de existir desde el 1 de diciembre de 2018. Por eso la declaración del presidente López Obrador sobre la muerte del neoliberalismo en México se ajusta plenamente a la realidad. El silogismo se defiende solo: si no hay más privatizaciones no hay más neoliberalismo.
Haber puesto un alto a las privatizaciones ha sido el primer paso en esta revolución antineoliberal encarnada en el obradorismo. Pero en el mismo sentido antineoliberal van avanzando otras medidas, como lo son el rescate y fortalecimiento de las dos grandes y emblemáticas empresas estatales Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En la misma dirección antineoliberal se está trabajando en el rescate y fortalecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del ISSSTE, abandonados y arruinados por las políticas neoliberales que pretendían privatizar el sistema de salud pública y que en cierta medida lo habían conseguido.
No va a ser fácil, desde luego, revertir las nefastas consecuencias de casi cuatro décadas de políticas privatizadoras de la propiedad pública, como el evidente y constatable empobrecimiento popular en esos cuatro decenios.
Pero no es imposible. Y, como ya se está viendo, el fin de la apropiación privada de la riqueza pública es el camino para frenar y luego revertir ese empobrecimiento, ese deterioro del nivel y calidad de vida de la inmensa mayoría de los mexicanos.
