Como nos lo ha recordado la prensa nacional e internacional, el pasado miércoles 5 de junio se cumplieron cuatro años del incendio de la Guardería ABC en la ciudad de Hermosillo, capital del noroccidental estado mexicano de Sonora, siniestro que produjo el fallecimiento de 49 niños y lesiones, algunas muy graves, a otros 77 infantes.
A pesar de las sospechas, públicas desde entonces, de que se trató de un incendio intencionalmente provocado, y no obstante la claras evidencias de que aquella estancia infantil del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), subrogada a particulares, no operaba en condiciones físicas mínimamente aceptables, las investigaciones administrativas y judiciales de entonces a la fecha no condujeron al esclarecimiento de los hechos ni a la consignación penal de los responsables del dantesco multihomicidio. Es cierto, desde luego, que la pavorosa tragedia pudo ser producto de un accidente. Pero esa hipótesis tampoco quedó firmemente demostrada.
Ahora, a cuatro años de la tragedia, la Procuraduría General de la República (PGR) afirma que se ha reabierto el expediente judicial, que se reanalizarán todas las líneas de investigación anteriormente seguidas y que se incorporarán otras hasta ahora no consideradas.
La declaración de la PGR, a cargo de Jesús Murillo Karam, político priista marrullero, tortuoso y guiñolesco como pocos, llama de entrada a la sospecha por tan súbita pasión por la justicia. ¿Qué buscan, en realidad, Murillo Karam y su jefe, el licenciado Enrique Peña Nieto?
¿Atender las demandas populares? ¡Bah! ¿De cuándo a acá a los priistas de las últimas siete décadas les han importado las demandas populares? ¿Hacer o procurar justicia? Pues igualmente.
¿Don Jesús y don Enrique tendrán en mente meter a la cárcel a personas tan ilustres como Juan Molinar Horcasitas, entonces director general del IMSS, y responsable por tanto del irregular, por no decir ilegal, funcionamiento de la guardería siniestrada y de otras estancias infantiles igualmente subrogadas a particulares influyentes y ávidos de ganancias económicas fáciles y rápidas?
¿Investigar la participación de personajes como Felipe Calderón y Elías Padrés, actual gobernador de Sonora, como presuntos responsables del deliberado incendio de la guardería, hecho político trascendente de la más despreciable guerra sucia que condujo a la derrota del PRI y a la victoria del panista Padrés en la elección de gobernador? Recuérdese que, cual lo expresé en estas mismas páginas a pocos días de la hecatombe, ese multiinfanticidio disfrazado de accidente ocurrió a unos días de las elecciones para gobernador del estado; que todavía para ese momento las cosas se encontraban muy indefinidas, pero con ventaja para el tricolor; que el incendio inclinó decisivamente la balanza en favor del PAN; y que esto último era entendible, pues inicialmente la ciudadanía culpó al gobierno en turno de la tragedia y decidió castigarlo en las urnas.
¿Peña Nieto y Murillo Karam van a meter a la cárcel a los contratistas que operaban la guardería, sabiendo como saben y se sabe que éstos son parientes, amigos y socios de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón?
En realidad, las declaraciones de la PGR suenan y huelen a una típica farsa priista: hacer como que se hace algo hasta que se calmen o extingan las exigencias de justicia de los padres de los niños fallecidos y las protestas sociales y populares por la impunidad prevaleciente. ¿O alguien cree que a Peña Nieto y a su comparsa y empleado Murillo Karam los mueve un genuino afán de justicia y honradez política y ética? Recuerde quien así crea, la sabia y antigua sentencia: “Para que no haya desilusionados no debe haber ilusos”.
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