Miguel Ángel Ferrer
Casi nada hay de sorprendente en las más recientes revelaciones oficiales y periodísticas sobre las campañas de guerra sucia y propaganda negra contra Andrés Manuel López Obrador durante las campañas electorales de 2006, 2012 y 2018 destinadas a impedir que éste se convirtiera en presidente de la república.
Todo esto ya se sabía y fue del dominio público durante muchos años. Digamos que lo único sorprendente fue y es el rotundo fracaso de la campaña negra de 2018 que no consiguió su propósito de impedir el triunfo del tabasqueño, victoria que, además, resultó abrumadora.
Ya con López Obrador en Palacio Nacional resultaría lógica la aparición de afanes de venganza por tan execrables conductas políticas, verdaderamente criminales. Pero entendible y hasta justificable el deseo de venganza, proceder a ésta sería, como se dice popularmente, quemar la pólvora en infiernitos. Serían fuegos fatuos, fuegos de artificio.
Lo verdaderamente importante radica en impedir que estas conductas criminales promovidas y ejecutadas al amparo del poder del dinero público y privado se repitan en el futuro. Lo verdaderamente importante es impedir que se vuelva a influir perversamente, retorcidamente, mentirosamente, calumniosamente en la opinión pública y, de este modo, en la voluntad electoral de la ciudadanía.
Impedir la reedición de campañas negras y propaganda sucia tendría el efecto de dificultar y hasta evitar el fraude electoral. El fraude electoral que se basa en la manipulación de la conciencia política de los electores.
Muy distinta a la venganza y también contribuyente a impedir fraudes electorales en lo futuro es la justicia, la recta aplicación de las leyes. Y justicia sería sancionar a los autores materiales e intelectuales de las campañas negras de 2006, 2012 y 2018.
Y si bien es cierto que ninguna ley puede tener efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, también es verdad que la citada manipulación de la conciencia ciudadana fue posible mediante la comisión de delitos fiscales y financieros cuyo castigo estaba previsto en las leyes desde antes y al momento de los procesos electorales mencionados, lo que implica que no cabe invocar para estos criminales el principio de la no retroactividad.
Pero con todo y su importancia, la sanción de estos delincuentes es cosa secundaria frente a la imperiosa necesidad de impedir los fraudes electorales en el futuro. Esto sería, sin duda alguna, el mayor y más trascendente logro de la cuarta transformación de la vida pública de México.
