CIUDAD DE MÉXICO, 21 de marzo (AlmomentoMX).- Hace ya dos años que los jornaleros del Valle de San Quintín denunciaron las pésimas condiciones en que desarrollaban su trabajo, la precariedad de sus condiciones de vida y el olvido por parte de empresarios que les explotan y el gobierno que debería servir a todos los mexicanos, señaló la senadora Dolores Padierna Luna, Coordinadora provisional del Grupo Parlamentario PRD.
Indicó que han sido dos años de lucha desde el recordado cierre de la carretera transpeninsular y el paro de labores de los jornaleros, iniciado el 17 de marzo de 2015, en que los intereses de los empresarios agrícolas se han dejado ver con menos pudor del que podríamos esperar.
Manifestó que las denuncias siguen siendo similares y, entonces, las demandas también. Que se respete la jornada de 8 horas y se paguen tiempos extras, que se aumente el salario por jornal o por unidades de entrega, que cese el maltrato y, en caso de las mujeres, el acoso sexual por parte de capataces y jefes, que haya condiciones de cuidado y salubridad que garanticen la vida de los niños que trabajan en los campos. Se exige, también, que se respete la organización independiente. Lo que piden los jornaleros bien podría resumirse en salario justo y trabajo digno, que es el mismo nombre de la lucha de miles de trabajadores oprimidos en los tiempos del neoliberalismo. La vigencia de estas demandas es descorazonadora, sobre todo si se piensa en la similitud de las reivindicaciones que dieron lugar a la movilización de los campesinos en la revolución mexicana, que tiene más de un siglo de iniciada.
“Los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín y de otras locaciones, son el eslabón más débil de la cadena productiva, la fuerza de trabajo y la vida humana que se aprovecha para el beneficio de pocos. Esta realidad ha sido ya tomada en cuenta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el pasado 20 de febrero emitió una recomendación dirigida a funcionarios de los gobiernos estatal y federal, pero que contestó el Consejo Agrícola de Baja California negando los agravios reportados —el Consejo es una agrupación empresarial que conjunta a directivos de 124 compañías agrícolas que representan, a decir de ellos, más del 85% de la superficie cultivada del Valle”.
Señaló que no basta cumplir las recomendaciones de la CNDH, que incluyen realizar un diagnóstico de la situación socioeconómica y laboral de los jornaleros, sino que es deber del gobierno realizar el máximo de inspecciones posibles con el mayor rigor y cuidado contra la corrupción. Lo que está en juego es la vida de miles de personas, condenadas a la existencia simple, sin posibilidades de desarrollo de ningún tipo.
AM.MX/fm
