Roberto Fuentes Vivar
¿Pedir permiso para publicar un nombre?
Salud, Sta. Lucía, Horcones, INEGI, bancos
¿Hasta dónde han llegado las amenazas a la libertad de prensa? ¿Es necesario que un periodista tenga que pedir autorización para publicar el nombre de una persona implicada en un litigio jurídico? ¿Son los comunicadores vulnerables cuando en una entrevista alguien da a conocer un delito de un tercero?
En los tiempos que corren, aparte de la violencia y del creciente número de colegas asesinados, hay otras amenazas a la libertad de expresión y hasta a los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Concretamente la indefensión de los periodistas es cada vez mayor, pues con las nuevas leyes sobre protección de datos personales, cualquier personaje puede exigir (o al menos intentarlo) que se obtenga un permiso para que su nombre sea publicado.
Por lo menos así me pasó en un caso que menciono. Hace poco más de dos años escribí que un empresario defraudó a sus socios y se autovendió (a través de su esposa) una empresa. Los afectados actuaron jurídicamente y lo llevaron a la cárcel.
Ahora, este empresario (cuyo nombre no menciono por cuestiones obvias que más tarde explico y a quien llamaré Juan Della Gandalle, para darle un apellido medio francés que tanto llama la atención ante los demás) intenta “limpiar su nombre” y por lo tanto trata de borrar cualquier vestigio que quede de su comportamiento anterior.
Resulta que Juan Della Gandalle escribió una carta a la empresa propietaria de uno de los varios portales que difunde periódicamente mi columna (por obvias razones tampoco publicó el nombre) en la que señala: “por medio de la presente manifiesto mi voluntad plena para ejercer mi derecho de oposición al tratamiento de mis datos personales y en su caso la cancelación de mis datos personales como son (1) nombre completo, (2) número de expediente judicial, así como datos de la (3) sentencia emitida a la que se refiere la publicación que continuación describo”.
Ahí describe mi columna de hace dos años en la que doy cuenta (según me lo que explicaron sus socios acusadores) que Della Gandalle los defraudó y en los días siguientes se realizaría otra acción judicial del caso.
De acuerdo con este empresario “la situación descrita incumple a todas luces los principios de protección de datos personales previstos en la legislación regulatoria de datos personales en posesión de particulares, por lo que requiero que mis datos personales dejen de ser tratado por (nombre de la empresa que publica mi columna) en cualquier medio, modalidad o forma de tratamiento, y en su caso, cancelados”.
Y añade: “En el supuesto de que mis datos personales hayan sido transferidos a personas distintas dentro fuera del territorio nacional, solicito a (otra vez nombre de la empresa periodística) lleve a cabo las acciones pertinentes para que mis datos dejen de ser tratados por dichas personas”.
Aquí vale la pena mencionar que en mi columna nunca mencione datos de Della Gandalle, más que su nombre y el de la empresa que vendió (a una consorcio con operaciones en Panamá) y el número de la causa penal por la cual el empresario estaba en la cárcel, así como el nombre de algunos magistrados y abogados que intervinieron en el caso.
Más adelante, el empresario indica que:
“En ningún momento manifesté mi consentimiento para que (nombre de la empresa) trate mis datos personales a través de la publicación antes citada o cualquier otro medio o tratamiento.
“A la fecha no me ha sido informada la finalidad para la cual (nuevamente nombre de la empresa) trata mis datos personales.
“Siendo yo el titular de mis datos personales manifiesto que los datos expuestos en dicha publicación no fueron recabados directamente de mí.
“La publicación de mis datos personales genera una afectación a mi persona, toda vez que esa información no es pertinente ni exacta con mi situación actual”.
El empresario finaliza su carta con los párrafos siguientes:
“Por lo antes expuesto y en ejercicio de mi derecho de oposición al tratamiento de mis datos personales, solicito que toda aquella publicación en la que se expongan mis datos personales sea bajada de los sitios de internet que le correspondan, o bien, se realicen las versiones públicas pertinentes para que mis datos dejen de ser tratados por (otra vez nombre de la empresa periodística).
“Me opongo al tratamiento de mis datos personales, sin importar el medio o tipo de tratamiento que (nombre de la empresa) realice y sin que los datos personales referidos (nombre completo, número de expediente judicial, datos de la sentencia emitida) sean limitativos”.
Está es en síntesis la carta enviada por el empresario Della Gandalle. ¿Qué significa en términos periodísticos? ¿Que la protección de datos personales de personajes en litigios públicos está por encima de la libertad de prensa? ¿Qué cada vez que un periodista escriba un nombre tiene que pedir permiso para hacerlo? ¿Qué los casos empresariales en las instancias judiciales públicos son privados? ¿Qué ya no se pueden reportear a los afectados de un caso judicial? ¿En el futuro los periodistas tendremos que escribir que Juan “N” defraudó a la empresa X, según el número de expediente xxx? En fin, personalmente creo que este tipo de intimidaciones intentan, una vez más, limitar el ejercicio periodístico. Dice el filósofo del metro: Se puede borrar una palabra, pero los hechos nunca.
Crisis del sector salud: más “medicina por internet”
Por la crisis del sector salud, muchos derechohabientes del sistema de salud del sector público han tenido que cambiar sus rutinas: en vez de ir al médico familiar de su institución acuden a otros esquemas como el médico de la farmacia más cercana o a automedicarse a través de sugerencias en internet.
Esta crisis (que consiste en desabasto de medicamentos, saturación de pacientes por los despidos y hasta en la imposibilidad de realizar estudios por carencia de insumos) ha llevado al enriquecimiento de otras instancias, como son las farmacias que cada día atienden a más mexicanos, no sólo con surtir medicamentos pagados de los bolsillos familiares, sino con las consultas médicas que ofrecen.
La situación es tan grave que basta analizar dos datos emitidos por la misma fuente: hace un año un estudio de Doctoralia, señalaba que a 67.7 por ciento de médicos entrevistados les preocupaba la información sobre salud que se daba a conocer por internet. Hoy, otro estudio de la misma empresa, coordinado por Ana Cecilia Galloso, señala 84 por ciento de los pacientes ya busca información de salud en Internet… Y lo peor es que muchos de los pacientes tienden a automedicarse.
Esto es un asunto grave y lo resumo en varias preguntas: ¿se imagina usted que a un paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) su doctor lo receta un fármaco, pero no lo encuentra en la farmacia institucional? ¿Qué hace? ¿Busca alguna otra opción? ¿Recurre a internet para encontrar un similar o genérico barato y adquirirlo en la farmacia cercana?
Lamentablemente, esto es algo que sucede todos los días. Aunado a este problema hay otro: ¿qué pasa si un paciente tiene un problema menor de salud, pero la cita la tiene hasta dentro de un mes? Seguramente acudirá a uno de los médicos de las farmacias (los cuales por cierto merecen todo mi respeto) cercanas.
Las estadísticas indicas que, según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) hace dos años había 350 mil consultas diarias en los despachos de orientación médica de las farmacias. Actualmente la cifra se ha incrementado y hay quienes aseguran que ya subió a 600 mil.
Personalmente conozco a seis farmacias en Polanco que dan consultas (Farmacias Similares, Farmacias del Ahorro, Farmacia San Pablo, Farmacias Yza, Farmacias Benavides, Farmacias de Guadalajara y WalMart).
De acuerdo con Armando Lara Longoria, director médico a Nivel Nacional de Farmacias del Ahorro, tan solo este grupo atiende a más un millón de pacientes al mes, con más de mil 850 millones de doctores que dan orientación y ayuda médica en asuntos como: toma de presión, aplicación de inyecciones, monitoreo de glucosa, así como tratamientos en caso de contusiones, faringitis, enfermedades básicas estomacales, amigdalitis, fiebre, entre otros.
Las consultas en estas farmacias varían desde cero pesos a 60 pesos por la orientación. Desgraciadamente es difícil poder tener acceso a los resultados financieros de las empresas que manejan las seis grupos de distribución de medicinas mencionadas, pero Farmacias del ahorro dio a conocer que sus consultas médicas (ahí sí gratuitas) tuvieron un crecimiento de cuatro por ciento en el primer trimestre del año.
A estos grupos de farmacias (algunos ligados a la política priista) y a los médicos por internet, son a los que están entregando las malas decisiones de personajes como Raquel Buenrostro, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, el sistema de salud público. ¿Se vale que un sistema, con décadas de ser exitoso y hasta ejemplo para el mundo, sea asumido ahora por grupos privados? Dice el filósofo del metro: A veces lo barato no solo sale caro, sino peor.
Tianguis
Realmente me indignó la postura de Héctor Herrera Ordoñez, presidente de la Barra Mexicana/Colegio de Abogados, sobre el aeropuerto de Santa Lucía. Este supuesto defensor del derecho (pero no de la justicia) pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador “establecer y mantener el auténtico estado de Derecho con justicia y democracia” y que “no intervenga con acciones mediáticas”. Concretamente le pide abstenerse de opinar sobre las decisiones de los jueces y tribunales sobre el aeropuerto de Santa Lucía. Cómo se atreve, ahora sí, a criticar el papel del Ejecutivo Federal cuando tantas veces el Ejecutivo federal pisoteó los derechos de mexicanos y nunca se le ocurrió emitir opinión alguna. ¿Qué valor ético tiene esa organización que durante años y décadas se dedicó a mantener incólume la cloaca del poder judicial (https://almomento.mx/diario-
