Roberto Fuentes Vivar
¿Se cumple con el derecho a la información?
CIU, AMóvil, Weex, Slim, Alampyme, AHMSA, Riu
Roberto Fuentes Vivar
Desde que en diciembre de 1977 se modificó el artículo sexto de la Constitución Política para añadir el párrafo en cual se indica que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”, se han realizado diversas modificaciones legales para tratar de que ese enunciado se haga realidad, sin que se haya logrado un avance significativo al respecto.
El propio presidente José López Portillo, quien firmó el decreto de reforma en esa época, a los pocos meses caía en la mayor contradicción a ese precepto con su famosa frase en contra de Proceso “no pago para que me peguen”.
En 2003 se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y se obligó a las dependencias y entidades del gobierno federal a responder a solicitudes de información, además de que se creó el ahora llamado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Varias entidades crearon sus propios organismos de transparencia.
En 2011, al párrafo “el derecho a la información será garantizado por el Estado”, se le adicionó lo siguiente: “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
Lamentablemente, el derecho a la información de los mexicanos se ha enfrentado a un grave problema: de acuerdo con el informe Media Ownership Monitor (MOM), presentado en México por Reporteros Sin Fronteras y el Centro de Comunicación Social (Cencos), once familias controlan la mayor parte de la información que llega a los hogares mexicanos.
En general, como puede observarse, en las leyes, siempre se habla de derechos, pero nunca se habla de obligaciones y generalmente, de acuerdo con una tesis generalizada entre abogados “a todo derecho corresponde una obligación”.
Constitucionalmente sólo se habla de que el Estado es el único sujeto que debe velar porque se cumpla el derecho a la información, pero pocas veces se menciona que, de alguna manera, los medios (ya sean privados, concesionados o públicos) son también sujetos de que se cumpla esta obligación, sobre todo para garantizar que toda persona tenga el derecho al libre acceso a información plural y oportuna
Desde 1993 La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó, la Resolución 1.003 sobre Ética del Periodismo, uno de los documentos más completos sobre deontología profesional periodística y que tiene carácter vinculante, en el cual se explican los siguientes deberes del periodista (y de los medios en general)
Debe obtener la información que publica por medios legales y éticos.
Debe de informar de manera veraz.
Debe rectificar aquellas informaciones que sean falsas o erróneas.
Debe ser totalmente independiente a la hora de informar. (Wikipedia indica: relacionado con este deber, se explicita en este documento que el periodista no debe tener ningún tipo de relación, que responda a intereses privados, con las autoridades públicas y las altas esferas económicas).
Debe contar con una formación adecuada para ejercer su profesión.
El periodista debe respetar el derecho a la vida privada, la presunción de inocencia y los derechos de los menores de edad.
Debe evitar promover la guerra, defender la democracia, la dignidad humana y la igualdad entre personas.
Por el lado de los derechos, existe la posibilidad de someterse a la cláusula de conciencia (no publicar o difundir algo con lo que esté de acuerdo).
En este documento europeo se menciona el derecho el periodista a un salario digno, condiciones de trabajo adecuadas y el derecho a acceder a los recursos y medios necesarios para ejercer su profesión.
¿Cuántos de estos derechos y obligaciones se cumplen en México? ¿Realmente los medios garantizan el derecho a información plural y oportuna que está consagrado en el artículo sexto constitucional? ¿El Estado ha cumplido en 41 años con su obligación de garantizar el derecho a la información?
¿Se respetará el derecho de audiencias?
Todas estas reflexiones vienen a cuento porque este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador, nombró a quienes estarán al frente de los medios públicos: Jenaro Villamil en el Sistema Público de Radiodifusión y Televisión del Estado Mexicano (SPR); Armando Casas Pérez, Canal 22; Gabriel Sosa Plata, Radio Educación; Aleida Calleja Gutiérrez, Instituto Mexicano de la Radio; Lidia Camacho Camacho, Dirección General de Televisión Educativa; Sanjuana Martínez Montemayor, Notimex; José Antonio Álvarez Lima, Canal 11; Fernando Coca Meneses, Canal 14 y Rodolfo González Valderrama, Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.
El comunicado oficial en el que se detalla el evento se indica textualmente: “Por primera vez en la historia, el Estado Mexicano garantizará el derecho a la información libre, profesional y autónoma a través del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que a partir de este día enfocará sus esfuerzos en ofrecer contenidos de calidad de manera profesional y articulada, así como en defender los derechos de las audiencias de acuerdo con la función social que deben desempeñar”.
Más adelante, Jenaro Villamil señaló que “los medios públicos son medios de la ciudadanía, del pueblo. No son medios del gobierno. No tienen por qué ser medios que imiten el modelo comercial, son medios públicos que van a defender y ejercer el derecho de la ciudadanía a estar informados, el derecho a tener información de calidad”.
En este caso llama la atención que los medios públicos no buscarán imitar a los medios comerciales. En agosto del año pasado (antes de que tomara posesión el actual presidente de México) publiqué aquí algunos lineamientos de comunicación social emitidos por el Senado de la República, en el cual se decía textualmente que uno de los objetivos de la política de medios era “Desvincular la comunicación de los ciclos y lógicas mediáticos mercantiles”.
Lamentablemente, en los más recientes tres sexenios y a pesar del esfuerzo y la lucha de profesionales que sí sabe diferenciar entre medios públicos y privados, muchos de los canales de televisión y estaciones de radio (del gobierno) cayeron en imitar la lógica mercantil o se convirtieron en medios “oficialistas”, olvidando su papel de medios del Estado y no del Gobierno.
En la toma de posesión de los ahora funcionarios mediáticos (aunque en algunos casos se requiere aún la aprobación del Senado de la República) se tocó otro punto importante que entresaco del comunicado oficial: “Lo de la publicidad de gobierno no es un favor a los medios, es que los medios, sean públicos o sean privados, tienen una función social; son entidades de interés público, porque informan. Se termina la subvención, ya no va a haber el llamado ‘chayote’, se acaba el soborno a medios y a periodistas”.
Otro de los compromisos que tiene que ver con el derecho a la información, es el respeto a las audiencias, punto en el que han laborado de manera directa varios de los recién nombrados directores de medios públicos.
Sobre este particular vale la pena comentar que en el sexenio pasado (31 de octubre de 2017), el Senado sepultó las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones para garantizar el derecho de las audiencias y que se prohibiera transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.
En términos generales existe la promesa para este sexenio de: 1.-garantizar el derecho a la información. 2.-Respetar el derecho de las audiencias (aquí vale la pena preguntar si habrá uno o varios ombudsman) 3.-Crear una nueva relación entre el Poder Ejecutivo y los medios, basada más en la información que en la publicidad. 4.- Eliminar el soborno. 5.- Crear en los medios públicos contenidos de alta calidad, independientes y profesionales.
Si se cumple con estos propósitos, seguramente la sociedad lo agradecerá y terminará fortalecida. Dice el filósofo del metro: Ojalá los medios públicos se conviertan en enteros.
Tianguis
Siguiendo con el tema de las telecomunicaciones, Competitive Intelligence Unit (CIU), considera que para la cuarta transformación y bajo las circunstancias imperantes, se vislumbra muy lejano el cumplimiento del mandato constitucional de acceso universal a las telecomunicaciones en condiciones de competencia, sin la aplicación de ajustes estructurales para dar paso a una nueva fase regulatoria, la Transformación Telecom. “Esta vía tiene el potencial de habilitar una transformación social, al dotar de capacidades de acceso a contenidos informativos, educativos, culturales, de entretenimiento y productivos, ahora sí para toda la población. Se trata, con todo, de una transformación sectorial que consecuentemente contribuiría a alcanzar la enarbolada transformación nacional”, dice… La empresaGlobal Hitss, de América Móvil, y SparkCognition anunciaron una alianza estratégica para ampliar el uso de soluciones inteligentes en empresas de 25 naciones, mediante una aplicación de Inteligencia Artificial. El propósito es apoyar a diversas industrias a mejorar sus procesos productivos, así como de interacción y atención al cliente. Además, anunció la adquisición de Telefónica y algunas de sus afiliadas (“Telefónica”), el 100% de Telefónica Móviles Guatemala, S.A. (“Telefónica Guatemala”), y que ha celebrado un acuerdo para adquirir el 99.3% de Telefónica Móviles El Salvador, S.A. de C.V. (“Telefónica El Salvador”). El cierre de la adquisición de Telefónica Guatemala fortalece la operación de la empresa mexicana en Centroamérica… La Fintech Weex Wallet, lanzó en México un nuevo sistema que permite hacer cobros usando QR, de una forma sencilla, rápida y completamente gratuita (sin comisión alguna para quien cobra o paga) para hacer transferencias de dinero de una cartera inteligente a otra. Esta solución es un paso importante para la disminución del uso de efectivo nuestro país y para lograr la inclusión financiera… Pasando a otro tema de la cuarta transformación, Altos Hornos de México (AHMSA), presidida por Alonso Ancira Elizondo, anunció su incorporación al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con la capacitación de dos mil 500 aprendices bajo este sistema. Esta cifra representará el 13 por ciento de la plantilla laboral: Entre otras cosas la empresa acerera considera que con este programa se inyectará sangre nueva a la compañía… Sobre este programa, el Presidente de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme), Alejandro Salcedo Pacheco, hizo un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador, para abrir una mesa de trabajo y firmar convenios de colaboración con los más de 24 mil micro y pequeños empresarios afiliados para incorporar, a la planta productiva a través de becas, a jóvenes que desean tener oportunidad de participar en una empresa formal. También pidió que se catalogue a la asociación como organismo de consulta para el buen desarrollo de las políticas públicas… Banorte fue el primer banco que presentó sus resultados a la Bolsa Mexicana de Valores. Carlos Hank González, presidente de la institución, señaló que “como aliado de esta nueva etapa del país, nuestro compromiso es seguir trabajando para que los mexicanos logren concretar sus sueños”. Al cierre del cuarto trimestre de 2018 Banorte incrementó 26 por ciento su cartera de crédito vigente respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando un saldo de 777, mil millones de pesos… Según el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), José Luis Calderón González, el desafío de pacificar el país requiere de una estrategia integral que contemple a la seguridad privada, industria que hoy es responsable del manejo de más del 90 por ciento del efectivo del país, la seguridad intramuros de la red de aeropuertos y otras infraestructuras, así como la comercialización y venta de dispositivos tecnológicos como cámaras, enrejados, blindajes y otros que hoy sirven como componentes de las estrategias de seguridad en organismos públicos y privados… La empresa hotelera española Grupo RIU, anunció una inversión de 40 millones de dólares (unos 760 millones de pesos), para ampliar su hotel en Mazatlán, Sinaloa. Carmen Riu se reunió en Madrid con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel y ahí se detallaron los pormenores de la inversión.
