- Continúan conflictos de Jalisco en Salud
- SCT, IFT, TIP, Lala, Prodecon, migrantes
Roberto Fuentes Vivar/
El pasado lunes se celebró, según el calendario oficial de la Organización de las Naciones Unidas, el Día Mundial de la Justicia Social. Ese mismo día, en Los Pinos, Enrique Peña Nieto se reunía con un grupo de periodistas y líderes de opinión. Desde luego que ahí no habló de uno de sus grandes logros: erradicar el término justicia social del diccionario mexicano.
Precisamente por la celebración de la ONU, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) emitió un comunicado sobre la justicia social, en el cual indica que “uno de los retos asumidos por las Naciones Unidas para lograr un mundo sostenido con justicia social, es que todos tengan acceso a un trabajo decente”.
Y añade que “el empleo productivo y el trabajo decente son elementos clave para lograr una globalización justa y la reducción de la pobreza y se han convertido en objetivos universales, integrados en las más importantes declaraciones de derechos humanos”.
En el largo comunicado, el INEGI expone que “Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo… El trabajo decente implica que todas las personas tengan oportunidades para realizar una actividad productiva que aporte un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias; que ofrezca mejores perspectivas de desarrollo personal y favorezca la integración social”.
Posteriormente presenta una serie de estadísticas:
-En México, de acuerdo con datos de la ENOE 2016, al tercer trimestre de 2016, residen 90 millones de personas en edad productiva (de 15 y más años), con una tasa de participación económica de 60.2%, que equivale a 54.2 millones personas económicamente activas, de las cuales 33.4 millones son hombres y 20.8 millones son mujeres.
-Para el tercer trimestre de 2016, la tasa de informalidad laboral en México fue 57.4%; es decir, casi seis de cada 10 ocupados está en una situación donde son laboralmente vulnerables.
-De las mujeres ocupadas, 66.9% son subordinadas y remuneradas, ante un 68.7% de los hombres. Además, 7.5% de las mujeres trabaja sin recibir un pago a cambio y en los hombres esta situación representa 3.6 por ciento.
-El 28.4% de la población ocupada trabaja más de 48 horas a la semana, 45.1% de 35 a 48 horas a la semana, 16.8% de 15 a 34 y el 6.3% menos de 15 horas a la semana. Laborar más horas a la semana no se traduce en una mayor remuneración para la población trabajadora, pues 2.1% de las personas ocupadas trabajan más de 48 horas y ganan menos de un salario mínimo, mientras que 1.2% trabaja más de 48 horas a la semana y no recibe ingresos por su trabajo.
– La mayor proporción de ocupados (26.2%) percibe más de uno y hasta dos salarios mínimos (SM); uno de cada cinco ocupados (21%) recibe más de dos y hasta tres SM; 15.1% percibe hasta un salario mínimo, 7% de los ocupados lo está sin percibir ingresos y solo 6.1% percibe más de cinco SM. Del total de ocupados, 11.9% no especificó su salario.
– De los 32.5 millones de los ocupados (62.5%) no tiene acceso a instituciones de salud como parte de una prestación laboral. Únicamente 19.2 millones (37%) de los ocupados es derechohabiente de alguna institución de salud. Sólo 39.9% de los ocupados recibe aguinaldo, 35.2% tiene vacaciones con goce de sueldo (35.2%) y únicamente 12.5% tiene reparto de utilidades.
– La información de la ENOE permite desagregar tres tipos de prestaciones laborales: el aguinaldo (recibida por 39.9% de los ocupados de 15 y más años en 2016), vacaciones con goce de sueldo (35.2%) y reparto de utilidades, prestación que solo tienen 12.5% del total de ocupados de 15 y más años.
Después de difundir este panorama, el INEGI señala que “una característica importante del trabajo decente es que los trabajadores disfruten de un empleo remunerador”. Y explica que la ley señala que “el salario mínimo que se pague en efectivo al trabajador por una jornada de trabajo debe ser “suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
Hasta ahí la información del INEGI, pero paralelamente, la Red Latinoamericana de Investigaciones sobre Compañías Multinacionales (RedLat) elaboró un informe sobre el “Trabajo Decente en América Latina”, en el cual se indica que México está en el último lugar del subcontinente con 152 dólares mensuales.
Para colmo, con la reciente devaluación, el salario mínimo bajó a 105 dólares mensuales, según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cifra por debajo de Honduras, Nicaragua, El Salvador o Haití. Incluso, la más reciente evaluación del salario mínimo en África señala en Marruecos el salario mínimo es de 209 euros, en Guinea Ecuatorial de 195 euros y Argelia de 171 euros. En México es menor a 100 euros.
Pero eso sí, se presume que la de nuestro país es la economía mundial número 12 o 13. Sí, el mayor logro de Enrique Peña Nieto es poner la justicia social de México, en niveles similares a los de África. Dice el filósofo del metro: matar la justicia social no cuenta, pero cuenta mucho.
Quien no pierde arrebata
Dice el refrán que “Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata”. Por eso, en esa entidad continuarán los problemas en el sector Salud, sin que el gobernador, Aristóteles Sandoval, y el secretario del ramo, Antonio Cruces, hagan algo para detener la corrupción.
Hace unos días comenté en este espacio que el viernes se habían abierto las propuestas para el concurso 3068001-0081-17 referente servicio integral de administración de farmacias, medicamentos, material de curación, mezclas de medicamentos oncológicos en esa entidad.
Resulta que el proceso quedó suspendido porque uno de los participantes, la empresa Dimesa, presentó un recurso ante la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco (TAE), para que se mantengan las cosas en el estado actual.
Ahora, mientras el juez determina si procede o no el recurso, la Secretaría de Salud de Jalisco no puede declarar desierta la licitación, cancelar el concurso o proponer cualquier otra figura legal, ni puede adjudicar el servicio a un tercero, aunque el titular de la SSJ, Antonio Cruces, dijo va a comprar medicamentos a otras empresas.
En síntesis, Dimesa condiciona la licitación a que se le pague la deuda que tiene el Seguro Popular por un monto de 930 millones de pesos, aunque argumenta vicios en la bases de la licitación, lo cual puede ser válido porque el titular del Instituto de Pensiones de Jalisco, Francisco Ayón, sólo penalizó a la empresa Abisalud, propiedad de Hiram Torres Salcedo, regidor de Zapopan y operador del diputado Carlos Lomelí Bolaños y no le canceló el contrato de dispensación de medicamentos por desabasto, lo que le impediría concursar en la licitación de Seguro Popular.
Pero el asunto más grave es que la Secretaría de Salud, del doctor Cruces, adeuda desde 2014 alrededor de 930 millones de pesos a Dimesa. También tiene una deuda de 500 millones de pesos con los hospitales civiles de la Universidad de Guadalajara. ¿En dónde están esos casi mil 500 millones de pesos? ¿Qué se hizo con esos recursos federales? ¿Tendrán que intervenir la Auditoría superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública? ¿Llegará el escándalo a afectar a Aristóteles?
Tianguis
Hablando de corrupción, la que cada día se envuelve en más escándalos es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Gerardo Ruíz Esparza. Desde 2016 se pretende adjudicar a la empresa Conecta el proyecto de Actualización Tecnológica de Infraestructura y Servicios del Centro de Datos de la SCT, a través de la modalidad de “adhesión” a un contrato vigente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) para evitar un proceso de licitación transparente. Se trata de un proyecto por un monto aproximado de veintidós millones de dólares y el problema no solo es financiero, sino hasta de formato de adjudicación, pues el contrato de la CNSF no cumple con el mínimo de los requisitos y necesidades, pues debido a las especificidades de la SCT se requieren tecnologías que tienen que ver con consolidación, virtualización, orquestación y automatización, palabras inexistentes en el contrato de la comisión de Norma Alicia Rosas Rodríguez. Parece ser que los responsables de este proceso de “comprar lo mínimo, aunque no cumpla” son Oswaldo Rodríguez y Gabriela Medina, y asesores del Oficial Mayor, Rodrigo Ramírez, junto con directivos de la empresa Conecta. Ojalá, desde Los Pinos, la Unidad de Gobierno Digital de la Presidencia de la República metiera orden en la SCT para evitar actos poco ortodoxos que lastiman a la sociedad… Bien hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones al aprobar los Lineamientos de Austeridad y Disciplina Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2017, con lo que busca un ahorro de 70 millones 500 mil pesos en su gasto de operación, de los cuales 43.2 millones de pesos corresponden a servicios personales y 27.3 millones de pesos derivan de los servicios generales. Además, el pleno emitió el Manual de Remuneraciones para los Servidores Públicos para el actual ejercicio fiscal. Precisamente por la austeridad se había abstenido de solicitar incremento en su presupuesto, el cual se mantuvo en dos mil millones de pesos durante los ejercicios 2014, 2015 y 2016… De acuerdo con un documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Los órganos reguladores del sector energético han sorteado con éxito los retos de sus funciones y facultades. Concretamente, señala que la CNH, la CRE y la Asea han logrado una buena actuación con un creciente número de actores públicos y privados del sector. Conforme avanza la implementación de la Reforma Energética es clara y urgente la necesidad de hacer que la nueva infraestructura de gobernanza sea más eficaz, dice la OCDE… Grupo Lala presentó resultados correspondientes al cuarto trimestre y año completo 2016, en el que se destaca la consolidación de las operaciones en Centro América de Productos Lácteos La Perfecta, y del negocio de marcas en los Estados Unidos, así como por el crecimiento orgánico del 6.6 por ciento. Pero lo más importante es que Scot Rank, director general de este grupo mexicano anunció para este año una inversión de 3.6 mil millones de pesos“para incrementar la productividad e innovación y acelerar el crecimiento este año y hacia adelante”…. TIP México, que dirige Juan Pablo Loperena, ha mantenido crecimientos de doble dígito, crecimientos de doble dígito, pese al panorama económico y la falta de confianza que ha acontecido a México en los últimos meses. Para este año, la empresa invertirá 150 millones de dólares para la ampliación de su flota, que actualmente es de 15 mil 500 remolques y siete mil autos, basada en que el arrendamiento es una alternativa viable para las empresas… La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) atendió a 142 mil 775 de pagadores de impuestos, lo que representó una tasa de crecimiento anual de 30 por ciento. Los problemas más comunes de los contribuyentes en 2016 fueron: Devoluciones de IVA e ISR, auditorías fiscales, inconsistencias en el RFC, problemas en la emisión de los CFDI, así como la cancelación de Certificados de sello digital. Las cartas invitación que el SAT envía a los contribuyentes para regularizar su situación fue también un tema recurrente… La revista Fortune listó a Monsanto en el segundo lugar en su ranking sobre las empresas más admiradas de su sector. El ranking considera las calificaciones de 15 mil ejecutivos, directores y analistas en torno a la capacidad de innovación, calidad de productos, retención de talento, y compromiso con la comunidad y el medio ambiente de las empresas… Rocío Miranda Pérez, presidenta de Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, se pronunció por crear un Programa Nacional de Vinculación Laboral para el Medio Rural y Urbano enfocado a los connacionales deportados de Estados Unidos a fin de que se inserten, lo más pronto posible, a la Población Económicamente Activa en lugar de ofrecerles bienvenidas publicitarias y mensajes de apoyo sin contenido. Llamó al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a dispersar en los puntos de llegada de deportados, personal especializado en las diversas lenguas indígenas ya que no están considerando que muchos de los connacionales las hablan y requieren de este servicio dentro de Estados Unidos de Norteamérica y al regresar a su país de origen… El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, participó en el XV Foro Nacional de Turismo CDMX 2017, en una mesa de análisis denominada “El Turismo por Regiones, el Caso de la Península de Yucatán”. Ahí dijo que en la medida en que haya una mayor competitividad y un mejor producto, irán cambiando los deseos y la necesidad del mercado principalmente en lo que respecta al all inclusive”. Actualmente Quintana Roo capta el 39.7 por ciento de turistas internacionales y el 38.5 por ciento de divisas por turismo del país.
