Roberto Fuentes Vivar
En lugar de bajar precios, los suben
Traición ,Salud, TetraPak, Sheimbaum
¿Qué ha pasado con el subsidio que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador está dando para que baje el precio de la gasolina? ¿Se lo quedan los gasolineros? ¿Por qué en lugar de bajar el precio lo suben casi todos los días? ¿Por qué las secretarías de Hacienda y Energía y Petróleos Mexicanos no dicen nada al respecto? ¿Hay colusión de empresas gasolineras en contra del presidente de la República?
Desde el ocho de marzo el Gobierno Federal anunció que nuevamente iba a subsidiar la gasolina para beneficio de los consumidores, luego de que al final de su sexenio, Enrique Peña Nieto, decidió eliminar ese apoyo.
Hace un mes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo que el subsidio al precio de la gasolina Magna sería de 0.094 pesos por litro, equivalente a un estímulo fiscal de 1.95 por ciento del precio. Por cada litro de este tipo de combustible, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sería de 4.716 pesos, según se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Posteriormente, el último viernes de marzo, la misma SHCP, también en el Diario Oficial de la Federación, anunció el estímulo fiscal en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la gasolina, correspondientes al periodo del 30 de marzo al cinco de abril de 2019.
Para dicho periodo se aplicará un estímulo fiscal de 31.19 por ciento o 1.50 pesos por litro para la gasolina menor a 92 octanos (Magna). La Premium o mayor a 92 octanos y combustibles no fósiles tendrán un subsidio por parte del gobierno Federal de 16.82 por ciento, equivalente a un monto de 0.683 pesos por litro, decía el Diario Oficial.
De acuerdo con la dependencia, el objetivo del estímulo es proteger el poder adquisitivo de los usuarios finales ante movimientos en las referencias internacionales de los combustibles, en un contexto en el que los precios al público ya no son determinados por el gobierno.
Lamentablemente, en las gasolinerías el precio al consumidor no se ha reducido, sino que por el contrario se ha incrementado. En una semana pasó la Magna de 20.40 a 20.70 pesos por litro en las estaciones del Grupo de los 500, mientras que en Hidrosina tan sólo en un día subió de 20.55 a 20.69 pesos por litro. Incluso, el portal gasolinamx.com reportó este jueves un precio promedio en la ciudad de México de 20.51 pesos por litro.
Gasolineros en la (doble) mira
De acuerdo con varias fuentes consultadas, las empresas gasolineras sí están recibiendo el subsidio al IEPS, pero no lo trasladan al consumidor, sino que lo aplican al precio final. Esto significaría que la gasolina Magna, sin subsidio, estaría por encima de los 23 pesos por litro.
Es cierto que el precio del crudo ha mantenido una tendencia ascendente en las últimas semanas, aunque con sus diferencias (por ejemplo este jueves bajó 0.23 por ciento el West Texas International, pero subió 0.13 el Brent) y que como la mayor parte de la gasolina en México es importada resulta más caro adquirirla en el exterior.
Sin embargo, es probable que exista una especie de colusión entre gasolineros para fijar precios (y tal vez para quedarse con el subsidio), lo cual precisamente es investigado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que aún no ha dado a conocer los resultados de su indagatoria.
Actualmente el sector de los gasolineros es muy disperso, pues la mayoría de los propietarios tienen dos o tres estaciones, aunque hay dos grandes grupos: Hidrosina que tiene más de 200, pero domina por ejemplo, la zona centro de la capital. En 2016 se asoció con Corpogas, Lodemo, Esges, Enerkom, Gasored y Cargo para crear Mega Alianza con 990 estaciones. Otro de los grupos fuertes es G500 que planeaba llegar a 500 expendios a finales del año pasado. Le siguen las nuevas gasolinerías que se han abierto como las extranjeras de Repsol o British Petroleum y hasta las de tiendas de conveniencia como Oxxo o Super7
Paralelamente existen dos asociaciones de gasolineros, la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), que dice ser la más grande del país con 112 asociaciones afiliadas que agrupan a cerca de nueve mil estaciones en todo el país. La otra es la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) que representa a 350 emprendedores, con mil 200 estaciones.
Según los datos recientes en México existen alrededor de 12 mil 500 gasolinerías, de las cuales nueve mil son franquicias de Pemex; la paraestatal surte combustible a otras dos mil, y el resto son de otras marcas que se nutren de gasolinas distintas a las de Petróleos Mexicanos.
Pero todo este sector se encuentra actualmente en la mira de dos instituciones públicas, por posibles malos manejos o actitudes monopólicas. Por un lado la Cofece y por el otro la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
La CRE y el lavado de 45 mil mdp
En el entorno actual, las dos organizaciones (Onexpo y Amegas) se han dedicado más a apoyar o a denostar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a cabildear a sus posibles consejeros, que a aplicar el subsidio a los consumidores.
Probablemente, luego de que (tras todos los dimes y diretes entre los Poderes Ejecutivo y legislativo) el presidente López Obrador nombró a los cuatro consejeros de ese organismo autónomo (Luis Linares Zapata, Norma Leticia Campos, José Alberto Celestino y Guadalupe Escalante), los gasolineros dejen de presionar al gobierno ¿O será al revés y aumentarán los precios del combustible?
Por lo pronto, desde marzo del año pasado, los gasolineros son investigados por la Cofece por la posible concentración ilícita en la comercialización, distribución y venta de gasolinas y diésel.
Al abrir la investigación, la Comisión señaló procesos de consolidación de expendedores mediante adquisiciones, fusiones, consorcios o alianzas comerciales y explicó que “en el último año el 10 por ciento de las estaciones ha cambiado de razón social”, según el comunicado.
La Cofece señaló que las operaciones de los gasolineros, pueden llegar a constituir conducta anticompetitiva cuando las operaciones logran: 1.- Conferir o aumentar el poder sustancial de uno o varios agentes económicos.2.-Desplazar a otros agentes económicos o establecer barreras a la entrada que impidan a terceros el acceso al mercado o a insumos esenciales. 3.-Facilitar la ejecución de prácticas monopólicas que dañen a los consumidores.
Pero quizá la mayor investigación en su contra es la que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Su titular, Santiago Nieto, dijo a La Jornada que “la suma de dinero blanqueado en gasolineras que operan en el territorio nacional alcanza 45 mil millones de pesos. Estamos hablando de corrupción política, delincuencia organizada y defraudación fiscal”.
En síntesis, durante un mes la Secretaría de Hacienda ha otorgado subsidios para que se reduzca el precio de la gasolina, pero el apoyo no ha llegado a los consumidores. ¿En dónde está ese dinero? ¿Son confiables los gasolineros cuando son investigados por irregularidades? ¿Tuvo algo que ver el hecho de que aumentaran los precios con el nombramiento de comisionados en la CRE? ¿Se están quedando con el subsidio? ¿Sigue el gobierno subsidiando a los empresarios y no a los consumidores?
Definitivamente son preguntas que deberán responder los secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa, y de Energía, Rocío Nahle, o incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice el filósofo del metro: subsidio que no llega a su destino, se corrompió en el camino.
El cañero que traiciona su gremio
Productores de caña de Nayarit dieron a conocer este jueves que de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad de la ciudad de México, el presidente de la Unión Nacional de Cañeros, Carlos Blackaller Ayala, es socio y vocal del consejo de administración de la empresa “Sucroliq”.
Esta empresa ha invadido el mercado mexicano con azúcar líquida proveniente de Estados Unidos, afectando el precio del azúcar mexicana y con ello, dañando la economía de los cañeros y productores nacionales.
Los denunciantes llamaron “traidor” del sector cañero a Blackaller Ayala y expusieron la escritura 52825, con fecha del 27 de septiembre de 2010, en la que se aprueba al líder cañero como miembro del Consejo de Administración de Sucroliq y a Rigoberto Verduzco Alcaraz (secretario de Finanzas de la Unión de Cañeros) como su suplente.
En 2014 los dos fueron ratificados en el Consejo de Administración de Sucroliq. Esta empresa introduce a nuestro país más de 50 mil toneladas de azúcar cruda proveniente de Estados Unidos, a través de MS Sugar, una sociedad entre el trader internacional ED&F Man y Grupo Sáenz. ¿Se vale que un dirigente atente contra sus huestes para enriquecerse personalmente? Definitivamente No. Eso es Traición con T de Trampa y de Tiranía.
Tianguis
“Piso parejo”, piden los empresarios de la salud, ante la próxima licitación de medicamentos que coordinará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el segundo semestre del año. Concretamente, la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), presidida por Patrick Devlyn, solicitó a las autoridades que velen por la salud y la calidad de los medicamentos para el sector público, luego de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos en la Ley General de Salud, que benefician a empresas extranjeras en la obtención de registros sanitarios, por encima de las empresas nacionales. Una de las preocupaciones es que la simplificación de los trámites para los insumos médicos pasen por alto los estándares que se exigen a las empresas mexicanas, por parte de la Comisión Federal para Prevenir el Riesgo Sanitario (Cofepris). El CCE dice que al beneficiar a empresas extranjeras, se pone en riesgo la calidad de los medicamentos que se adquirirán para el Sistema Nacional de Salud… Por cierto que una de las consecuencias de que haya desabasto o malos medicamentos en los organismos de salud del sector público es que los derechohabientes dejan de confiar en las instituciones y recurren a la automedicación o a buscar ayuda por internet. Al respecto, un estudio de Doctoralia, presentado por Ana Cecilia Galloso, señala que 84 por ciento de los pacientes ya busca información de salud en Internet, lo que puede significar un grave riesgo porque se autodiagnostican y se automedican. El estudio indica, además, que 71 por ciento de profesionales de la salud cree que su rol se ha puesto en duda por el uso del Internet… Debido a que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), de 36.9 millones de trabajadores subordinados y remunerados, 16.4 carecen de acceso a las instituciones de salud, GINgroup, de Raúl Beyruti Sánchez, se sumó al llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que haya una cobertura sanitaria universal. En el marco del Día Mundial de la Salud, que se celebra cada 7 de abril, GINGroup mencionó que el gasto que las familias mexicanas destinan a salud representa el 41% del gasto general, uno de los más elevados del mundo… Pasando a otros temas, Tetra Pak dio conocer la “fábrica del futuro” en alianza con Microsoft, ABB, SAP y el proveedor de soluciones logísticas automatizadas Electric80. Se trata de un lanzamiento presentado en Alemania, durante Hannover Messe que busca digitalizar el procesamiento y envasado de alimentos y bebidas, con lo cual ofrecerá un mayor soporte a sus clientes para brindarles recomendaciones. Johan Nilsson, vicepresidente del área de Industria 4.0 y Digitalización de Tetra Pak, dijo que las demandas de los consumidores, junto con las regulaciones, requieren una nueva forma de fabricación de alimentos que sea mucho más eficiente y que garantice la seguridad alimentaria… Jesús Gutiérrez Valencia, vocero de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional emplazó a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo a demostrar sensibilidad política para reconocer y respetar a los movimientos sociales e iniciar el proceso de interlocución a fin de atender las demandas de los ciudadanos en materia de derecho al acceso al agua potable, a alimentos de calidad, a la vivienda, seguridad pública y participación en la toma de decisiones del gobierno local. Dijo que es urgente atender rezagos en la atención ciudadana en demarcaciones como Iztapalapa, Azcapotzalco, Gustavo A Madero, Iztacalco, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, entre otras… Por cierto que ojalá Claudia Sheimbaum o su secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, atiendan las demandas de un compañero periodista que fue víctima de supuestos funcionarios públicos de Iztapalapa. Estos supuestos funcionarios recurrieron a la violencia y a la amenaza en contra de este compañero, quien teme por su seguridad y la de su familia, por las posibles represalias de estos supuestos funcionarios públicos. No se vale que ataquen así a los ciudadanos y mucho menos a compañeros periodistas… Hablando de violencia e inseguridad, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han reportado en enero de 2019 un total de ocho mil 24 casos de allanamiento de morada y robo a casa habitación, mientras que en febrero de 2019 se levantó denuncia por siete mil 284 casos respectivamente. Ante esta situación, Roberto Rivera Mier, director de Relaciones Institucionales de la empresa ADT, empresa global de monitoreo de alarmas y cámaras de seguridad en casas, dijo que la incidencia de delitos al patrimonio parece no descender, por lo que es necesario tomar medidas precautorias y recomendó: “Invertir en seguridad es invertir en tranquilidad y reducir riesgos… Federico Ovalle Vaquera, secretario General de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y campesinos (CIOAC) dijo que es urgente crear un Sindicato Nacional de Jornaleros Agrícolas ajeno a intereses políticos y que proteja a más de cinco millones de trabajadores del campo. En el 94 pleno del Consejo Nacional de la CIOAC, celebrado en Tezontepec, Hidalgo, dijo que a pesar de las condicionantes e impedimentos que ha establecido el Estado para crear un gremio jornalero a nivel nacional con credibilidad, “hemos logrado registrar algunos sindicatos en algunas empresas, en algunos estados y ayuntamientos”.