Roberto Fuentes Vivar
El verdadero Jonrón de AMLO será Lomelí
Salud, Sargazo, Móvil, medio ambiente, KIA, BBVA
En mi pasada entrega de esta columna detallé cómo el único hilo conductor en la fabricación de culpables por el asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez en Tamaulipas, era nada menos que el exfuncionario panista Genaro García Luna.
Este martes, en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado sobre una posible investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) al exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón y respondió, refiriéndose a García Luna: “no habrá impunidad de nadie, es un proceso y vamos a limpiar de malos funcionarios el gobierno. Empezamos limpiando de arriba hacia abajo y no quedara gente de mala fama y que haya participado en actos de corrupción”.
Inmediatamente se le preguntó sobre la orden de un tribunal de detener las obras del nuevo aeropuerto en Santa Lucía y contestó: “no hay obras todavía, de todos modos vamos a respetar la decisión del juez, pero estamos esperando el dictamen sobre impacto ambiental. Muchos querían convertir el actual aeropuerto en un tipo Santa Fe, algunos ya tenían el negocio inmobiliario, por eso no quieren nuestra obra, son ambiciosos, sin llenadera”.
¿Hay alguna relación entre los dos temas, la investigación a García Luna y la decisión del Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa en el Estado de México para conceder un amparo a un particular porque las obras del aeropuerto de Santa Lucía carecen de estudios ambientales? Aparentemente no.
Sin embargo, vale la pena mencionar quién está detrás de la decisión del tribunal colegiado. El proceso para la suspensión de la obra fue interpuesto por el director de la empresa Textilera Novalan, Juan Ramón Morera Mitre.
A este empresario, ya un juez de distrito le había negado la suspensión al considerar que no tenía un interés legítimo para tramitar el juicio, tras lo cual Morera presentó un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado (que por cierto tuvo algún papel jurídico importante en la obra de la autopista Naucalpan-Toluca, construida por la empresa Higa, de Roberto Alcántara, involucrado en el famoso caso de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto).
Morera Mitre argumentó que la ejecución de Santa Lucía se llevó a cabo sin tener las autorizaciones y permisos necesarios en materia de impacto ambiental, por lo que este tribunal ubicado en el estado de México (presidido por Jacob Troncoso Ávila e integrado por María del Carmen García González y Adela Domínguez Salazar), ordenó que “se detenga la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los dictámenes y permisos ambientales conducentes, a fin de garantizar que no afectará el medio ambiente”.
¿Y quién es Juan Ramón Morera Mitre? Pues nada menos que el hermano de la activista María Elena Morera, quien presidió de 2003 a 2009 la organización México Unido Contra la Delincuencia y actualmente es presidenta de la ONG denominada Causa en Común.
En 2004, la organización México Unido Contra la Delincuencia, con María Elena Morera al mando, fue la que convocó a la famosa Marcha Blanca contra la violencia en el Distrito Federal, cuando el jefe de gobierno capitalino era nada menos que Andrés Manuel López Obrador.
Morera en varias ocasiones ha hecho causa común con organismos como el que preside Isabel miranda de Wallace o con el Instituto Mexicano para la Competitividad, cuando lo dirigía Juan Pardinas, ahora director editorial del Diario Reforma.
En un amplio reportaje sobre María Elena Morera, Reporte Índigo señala textualmente: “México Unido Contra la Delincuencia fue una de las organizaciones más cercanas a la administración de Felipe Calderón y al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna”.
De hecho, María Elena Morera fue una de las personas que solicitaron amparo (y les fue admitida) ante los jueces de distrito en materia administrativa de la ciudad de México por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco, la cual fue una de las primeras acciones de gobierno del presidente López Obrador.
En ese mismo tenor, ahora su hermano Juan Ramón es el empresario que inició el proceso para detener las obras del aeropuerto en Santa Lucía. Como en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz “los empeños de una casa” o serán los empeños de una familia.
Daño por 177 mdp contra ahorro de 17 mil mdp
Retomo la frase del presidente López Obrador en su mañanera del martes: “no habrá impunidad de nadie, es un proceso y vamos a limpiar de malos funcionarios el gobierno”, para abordar el tema de uno de los personajes que más daño han hecho al propio mandatario: Carlos Lomelí Bolaños, a quien me he referido en este espacio por sus posibles actos de corrupción desde hace por lo menos seis años, a través de sus empresas de medicamentos.
Lomelí es actualmente el supragobernador de Jalisco (el superdelegado del gobierno federal, como le dicen algunos, o el representante de AMLO en esa entidad) y en 13 años logró obtener contratos más de siete mil millones de pesos para distribuir medicamentos al gobierno federal y a 17 gobiernos estatales.
Concretamente, hace dos semanas, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una investigación inicial con respecto a un posible conflicto de interés por parte del superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños.
El 23 de mayo, la misma organización dio a conocer un avance en la investigación, reflejando que el conflicto de interés era aun mayor de lo que se sospechaba en un inicio. Incluso existe información de que en gobierno lopezobradorista ha obtenido contratos por 164 millones de pesos.
De hecho el propio López Obrador, cuando fue cuestionado sobre Lomelí, dijo que “si está implicado en actos de corrupción, va a ser denunciado… y si hay pruebas, se castiga y sale del Gobierno, sea quien sea”.
Incluso, como lo mencioné en esta columna hace unos días, la propia Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, ya inició una investigación en su contra y, al parecer lo mismo han hecho la Secretaría de la Función Pública de Eréndira Sandoval y la Fiscalía general de la República de Alejandro Gertz Manero.
Quizá quien esté más descontento es el Fiscal General de la República, pues Lomelí impuso al abogado José Juan Soltero Meza, en un alto cargo de la delegación de la FGR. El abogado está relacionado con Abisalud (una de las principales empresas de medicamentos cuestionadas de la que es dueño el superdelegado jalisciense) y en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal con sede en Jalisco, existen documentos que comprueban que el despacho Soltero y Asociados ha representado a presuntos narcotraficantes.
Por cierto que en este tema vale la pena hacer algunos números, en cuatro meses de este gobierno, Lomelí obtuvo contratos por 164 millones de pesos, mientras que la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios Prieto, dijo hace unos días ante legisladores sí hubo durante varios años simulación de competencia entre empresas que vendieron medicamentos al gobierno, lo que generó un daño de 177 millones de pesos al erario público. Es decir, casi la misma cantidad que ha recibido en sólo cuatro meses la red de empresas del supragobernador jalisciense.
Siguiendo con la misma cifra de la afectación al erario mencionada por Alejandra Palacios, vale la pena preguntarse ¿Qué significa un daño de 177 millones de pesos cuando hubo un ahorro de 17 mil millones de pesos? Esto representa que el daño fue sólo de 10 por ciento del ahorro.
Lamentablemente este daño al erario ha sido utilizado por Lomelí para tratar de influir en el gobierno de López Obrador y obtener así beneficios para sus nueve empresas en las que participan 11 de sus familiares o colaboradores cercanos.
Para decirlo en términos beisboleros, el verdadero jonrón del presidente será cuando se deshaga (y hasta inicie procesos en su contra) de los personajes corruptos a su alrededor, como es el caso del supragobernador de Jalisco. Dice el filósofo del metro: las escaleras internas también se barren de arriba abajo.
Tianguis
Siguiendo con el tema de los medicamentos, algo que preocupa a los laboratorios mexicanos (que han tenido que enfrentar por años la prepotencia de los transnacionales), es que la política de abrirle las puertas a empresas farmacéuticas internacionales para obtener ahorros, también puede generar corrupción. Por ejemplo, la farmacéutica alemana Fresenius acaba de ser acusada de corrupción en 17 países por la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense, la estadounidense Baxter enfrenta una demanda de 75 millones de dólares por una deuda a la empresa mexicana Translog y la empresa de la India, Cipla Ltd está señalada por la agencia reguladora estadounidense (Food and Drugs Administration) para comercializar en Estados Unidos por mala calidad en sus productos… Sobre el tema del sargazo, la secretaría de Turismo de Quintana Roo informó que el fenómeno del arribo de sargazo no es privativo de México, sino que afecta a 17 países de la zona del Caribe y explicó que no en todas las playas quintanarroenses se presenta el fenómeno, pues por ejemplo, están libres de sargazo diversas playas en Cancún, Isla Mujeres, Cozumel y Holbox, pero no Tulum, Mahahual, Puerto Morelos. 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Miguel Ángel Laporta, director de sustentabilidad y Fundación Coca-Cola para Coca-Cola México, dijo: “queremos ser parte de la solución, por lo que hemos trazado objetivos claros; desde una continua innovación y evolución del negocio para reducir nuestra huella medioambiental, la implementación de iniciativas de gran alcance de la mano con autoridades, industria privada y sociedad civil, además del fomento de una cultura en favor del cuidado de la naturaleza, la preservación y uso eficiente de los recursos”… Precisamente en este día vale la pena destacar que la elaboración del mezcal artesanal de Oaxaca, un proceso sustentable que ayuda a preservar las especies que habitan en sus campos de agave. Mezcal Oro de Oaxaca es una de las marcas más comprometidas en la preservación de la cultura, tradiciones, del apoyo a las comunidades de su estado, pero sobre todo al cuidado al Medio Ambiente… EB Capital, que codirigen René y Alejandro Escobar Bribiesca, participó como patrocinador en la carrera “Corramos por ellas”, organizada por la escuela Humanitree, cuyo propósito es salvar a niños de la calle. De acuerdo con las estadísticas, en México, más de 410 mil niños no tienen cuidado parental. Y están en riesgo más de cinco millones de infantes debido a la pobreza, adicciones, violencia familiar y procesos judiciales. Por eso es importante la labor de EB Capital… Kia Motors anunció una nueva SUV compacta a nivel global, denominada Seltos, nombre inspirado en la mitología griega y la leyenda de “Celtus”, el hijo de Hércules. Kia Seltos ha sido creada para la generación millennial y se distingue de sus competidores por su aire de discreta deportividad… LG Electronics en conjunto con BoConcept ganaron el premio Ava Digital Platinum 2019, por su campaña “Glass” que integra la icónica franquicia global de mobiliario y los televisores LG Oled… El presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Armando Cabada Alvídrez, participó, junto con el gobernador de la entidad, Javier Corral Jurado, en la reunión que sostuvieron con las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, para revisar las cifras de incidencia delictiva e intervenciones con aseguramiento de armas, drogas y presuntos delincuentes en semanas recientes… Oxford Business Group (OBG), firma internacional de investigación de mercados y consultoría, designó a Elise Postigo para ocupar el cargo de Directora Regional en América Latina… El Congreso Agrario Permanente advirtió que de aplicarse el arancel del cinco por ciento a productos mexicanos exportados a Estados Unidos habrá un efecto inflacionario en el país, sobre todo en lo que refiere a alimentos.
