Roberto Fuentes Vivar
Atenta contra la libertad de expresión
INEGI, Justo, quiénesquién. Tallentia, Dalí
La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se prepara una iniciativa para una “reforma administrativa” que modifique la operación de los llamados “organismos autónomos”, porque consideró urgente revisar la función de estos aparatos administrativos y evitar duplicidades.
De manera inmediata saltaron a la palestra (o al ágora conformada ahora por las redes sociales) cientos de voces que no siempre entendieron la posible iniciativa (que por cierto es la segunda vez que se anuncia), pero que sí hicieron caso del llamado al debate propuesto por el primer mandatario.
El domingo en varios medios impresos se daba cuenta de opiniones en el sentido de que eliminar estos organismos autónomos y pasar sus funciones a la administración pública centralizada (es decir a las secretarías de estado) sería un atentado a la democracia.
En principio vale la pena mencionar que ninguno de los presidentes (ni de los consejeros) de estos organismos autónomos, fue electo por el voto popular, por lo cual no fueron elegidos democráticamente, sino a través de selecciones del Poder Ejecutivo posteriormente aprobadas por el Poder Legislativo.
Pero el debate se ha enfrascado sobre todo en dos organismos autónomos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel o IFT) y en Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Utilizo esta columna para dar a conocer mis experiencias personales sobre estos dos organismos autónomos.
En lo que se refiere al Ifetel o IFT hace varios años encabecé, por parte de México, un movimiento internacional en contra de las grandes televisoras globales (Warner, Sony, AXN y otras más) por haber desaparecido los subtítulos en español, sin tomar en cuenta a las personas con discapacidad auditiva.
Este movimiento (también liderado en nuestro país por otras iniciativas como “ya no somos Warner”) tuvo eco en muchos países (Brasil, Nicaragua, Guatemala y sobre todo Argentina en donde todavía prevalece el movimiento “Juntos por los Subtítulos”), junto a centenas de miles de ciudadanos de América Latina.
En México, a través de los cauces institucionales, fue canalizado al Instituto Federal de Telecomunicaciones que, definitivamente, en el último oficio (antes de terminar ese capítulo de mi vida), se declaraba incompetente para solucionar el grave problema que tenemos los sordos de no poder entender la televisión (abierta o de paga) por no tener acceso a la lectura en su contenido. Es decir, como se dice en español coloquial “se lavó las manos”.
Pero eso fue con el IFT o Ifetel, las cosas con el INAI han sido todavía más graves. Me explico.
Estoy totalmente de acuerdo con la transparencia y así lo he manifestado desde hace casi 20 años cuando comenzaron a surgir las primeras instituciones de acceso a la información. Se trata de un derecho derivado de los cambios que hizo José López Portillo, en 1977, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando agregó al artículo sexto la frase: ‘‘El derecho a la información será garantizado por el Estado’’.
A partir de esa frase se generó la pregunta ¿y quién va a garantizar ese derecho a la información? Fue hasta el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2002, cuando se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información.
Desde entonces, el IFAI, ahora INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información) ha recibido dos millones 703 mil consultas de información sobre 998 sujetos públicos entre los cuales se encuentran las secretarías de estado, todas las oficinas del gobierno, federal, universidades, más de 100 sindicatos, partidos políticos e incluso el propio instituto que ha recibido 34 mil 534 solicitudes de información de datos personales.
Hasta ahí las cosas marchan bien: los ciudadanos solicitan información y el instituto les responde, de acuerdo con las condiciones de cada caso. Hay que aclarar, sí, que grandes reportajes se han hecho con base precisamente en las solicitudes de información “vía transparencia” como se sintetiza el hecho de solicitar información a este organismo autónomo.
Este hecho en sí responde precisamente al propósito de cumplir con los ordenamientos del artículo sexto constitucional y puede considerarse loable que se abra la información para que todos los mexicanos la conozcan.
INAI Prohíbe publicar nombres de delincuentes
Lamentablemente (y retomo aquí mis experiencias personales) el IFAI, ahora INAI, en años recientes cuenta con dos ventanillas: una (ya descrita en los párrafos anteriores) para abrir los expedientes y transparentar al sector público.
La otra, desgraciadamente, es para poner obstáculos a la libertad de expresión a través de prohibir la publicación de información de personajes privados, especialmente empresarios, a pesar de que hayan estado involucrados en procesos judiciales.
Personalmente he tenido que enfrentar una docena de casos en los que empresarios se quejan de que en este espacio se hayan utilizado sus datos personales o los de sus empresas. Varios de estos affaires han sido resueltos porque los quejosos amenazaron con iniciar demandas ante el INAI y los portales que publican mi columna han preferido “bajar” la columna en cuestión de las redes sociales, antes que comenzar un proceso jurídico que representa gastos y problemas financieros.
Otros tres casos han sido llevados ante el INAI y este instituto ha fallado a favor de los empresarios, por lo que tengo prohibido publicar el nombre de ellos en esta columna, a pesar de que cuando escribí los casos se encontraban dirimiéndose en las instancias judiciales.
Es decir que, en pocas palabras, el INAI se ha convertido en un freno a la libertad de expresión y en una especie de (como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador) “tapadera” para que empresarios que han cometido delitos “limpien” su nombre y desaparezcan todas las huellas que dejaron sus operaciones ilícitas.
Y todo esto en nombre de la supuesta transparencia y de la protección de datos personales.
Pregunto yo a organismos como Artículo 19 que ha sido uno de los más activos garantes de la libertad de expresión y a defensores del INAI ¿prohibir la publicación del nombre de un empresario que actuó ilegalmente es defender la democracia y la libertad de expresión?
Concretamente pregunto a los comisionados (todos ellos han hecho carrera política en organismo de transparencia en el gobierno federal, en el Poder Judicial o en gobiernos e instituciones de acceso a la información estatales) Blanca Lilia Ibarra, Francisco Javier Acuña, Adrián Alcalá Méndez, Norma Julieta del Rio Venegas, Oscar Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Josefina Román Vergara, ¿si están conscientes de que al proteger los “datos personales” de empresarios que han estado involucrados en procesos judiciales se ayuda a la democracia? ¿Realmente actúan en favor de la transparencia o se dedican a cumplir con una función administrativa que no siempre ayuda a la verdadera transparencia?
En fin, el asunto de los organismos autónomos no es cosa sencilla, pero definitivamente consideró que, como lo dice el presidente de la República, estos organismos deben “purificarse” y en su caso eliminarse para evitar caer en contradicciones como la del INAI que por un lado propugna por la transparencia, pero, por la otra ventanilla, prohíbe a periodistas publicar el nombre de empresarios que han estado inmiscuidos en actos de corrupción.
Dice el filósofo del metro: La prohibición y la transparencia no pueden estar unidos.
Tianguis
Siguiendo con el tema del INAI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en los ámbitos federal y estatal (CNTAIPPDPF-E) 2020, en el cual se indica que al cierre de 2019, las unidades administrativas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) registraron 805 servidoras y servidores públicos, mientras que los Organismos Garantes de las entidades federativas (OG) registraron un total de mil 912. En 2019, a nivel nacional, el INAI y los OG recibieron 104 mil 505 solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales. El INAI reportó dos mil 517 casos de acceso a la información pública (92.0 por ciento) y 221 de protección de datos personales (lo que representó 8.0 por ciento) en el ámbito federal; por su parte, los OG reportaron 99 mil 527 (97.8 por ciento) y dos mil 240 (2.2 por ciento) solicitudes, respectivamente para los ámbitos estatal y municipal. El informe señala que el año pasado, el INAI y los OG entregaron respuesta de 103 mil 915 solicitudes, dos mil 738 en el ámbito federal y 101 mil 177 en los ámbitos estatal y municipal. En relación con la respuesta emitida, en la mayoría de las solicitudes se otorgó totalmente la información (80.0 por ciento), en 8.9 por ciento las solicitudes fueron orientadas y 1.8 por ciento turnadas. Lo interesante de estos datos es que las respuestas, del ámbito local, son bastante superiores a las del ámbito federal… Sobre este tema, la organización México Justo señaló que el desprendimiento de los organismos autónomos sería un signo de centralización de estas facultades que demostraría el ánimo poco transparente y poco democrático que tiene frente a autoridades autónomas, de los cuales propios y ajenos tiene una defensa efectiva de sus derechos… Pasando a otros temas, el INEGI dio a conocer un estudio interesante en el cual se indica que durante el segundo trimestre de 2020, las Sociedades no financieras contribuyeron con 42.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que un 35.5 por ciento fue generado por los Hogares; les siguieron el Gobierno general con 10.2 por ciento, las Sociedades financieras 4.9 por ciento y las Instituciones sin fines de lucro con 0.9 por ciento. El Ingreso disponible bruto (IDB) se ubicó en cinco billones 093 mil 527 millones de pesos. El sector de Hogares concentró 81.7 por ciento, seguido del Gobierno general con 8.8 por ciento. El Ingreso disponible bruto (IDB) se conforma por los ingresos obtenidos en la economía interna, tanto de las empresas como de los hogares, que se refleja en el Excedente bruto de operación (EBO) y el Ingreso mixto bruto (IMB), las Remuneraciones de los asalariados, así como las rentas de la propiedad netas y las transferencias corrientes netas con el exterior. El elemento que muestra la mayor participación sobre el IDB es el Excedente bruto de operación con una representatividad del 40.6 por ciento sobre el PIB en el segundo trimestre de 2020, seguido de las Remuneraciones de los asalariados con un 32.3 por ciento, para el mismo periodo, por su parte el Ingreso mixto bruto tuvo una aportación promedio del 20.4 por ciento. Las rentas de la propiedad netas con el exterior están compuestas por los intereses, dividendos y utilidades reinvertidas de la inversión extranjera, provenientes de Balanza de pagos… El reporte semanal de Tallentia Mx, indica que cuando menos desde 1998, fecha en que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) empezó a llevar a cabo y publicar un registro oficial del número de empleos formales afiliados a dicho órgano, en diciembre hay una pérdida en el empleo. En 2020, la cifra fue de 277 mil trabajadores. A este fenómeno se le conoce como estacionalidad laboral, que no tiene nada que ver con la subcontratación… Ojo, para los inversionistas. Una oportunidad interesante es que Morton Subastas iniciará este año con una puja por obra gráfica con obras Salvador Dalí, Carlos Cruz Diez, Marc Chagall, Pablo Picasso, Joan Miró y Víctor Vasarely. Lo interesante es que hay se pueden obtener obras de artes ¡desde ocho mil pesos! Incluso en esta subasta hay obras de Picasso. Puedes presentar tus propuestas desde el 28 de enero a las 5 de la tarde en www.mortonsubastas.com. Se trata de obra gráfica, también denominada original múltiple y tiene como peculiaridad un proceso de impresión en alta calidad ya sea litografía, grabado, gliclee o print de series limitadas.
