CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó 65 mil 169.1 millones de pesos pendientes de aclarar en la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, último año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la mayor parte vinculada al ejercicio de recursos federales transferidos a estados y municipios.
Al presentar el informe consolidado de la Tercera Entrega ante la Cámara de Diputados, el auditor superior David Colmenares señaló que 59 mil 363.7 millones de pesos (equivalentes al 91% del total) corresponden a observaciones realizadas al gasto federalizado, es decir, recursos que la Federación entrega a gobiernos estatales y municipales para su operación.
Dentro de ese universo, en el ámbito subnacional, la ASF detectó presuntas irregularidades por 54 mil 344.2 millones de pesos, de los cuales 36% se atribuye a gobiernos estatales por el manejo de participaciones federales, recursos de salud y fondos de aportaciones federales.
Sin embargo, más del 59% del monto se determinó en auditorías realizadas a alcaldías y municipios, donde la principal observación fue la falta de documentación para comprobar el destino y ejercicio de recursos de origen federal.
Entre los municipios con los mayores montos observados, la ASF detectó probables daños al erario por 151 millones de pesos en Tequila, Jalisco, que gobernó desde octubre de 2024 el exalcalde Diego Rivera Navarro, recientemente detenido, acusado de nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Dicho municipio no proporcionó los registros contables y presupuestales ni la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones financiadas con los recursos del Gasto Federalizado, incluidas las Participaciones Federales, asignados en 2024. En Acapulco, Guerrero, gobernado por Abelina López Rodríguez, la ASF detectó un posible faltante de 206.2 mdp.
Una de las mayores irregularidades corresponde a 58.3 mdp en la ejecución de obra pública, lo que “impidió acreditar la correcta ejecución de los volúmenes de obra pagados, la calidad de los materiales utilizados y que las obras se encuentren en funcionamiento”.
En Cuernavaca, Morelos, municipio gobernado por José Luis Urióstegui Salgado, la ASF detectó 111 mdp por aclarar, pues el municipio realizó pagos con participaciones federales en los que se detectaron inconsistencias en materia de manejo de residuos.
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— Auditoría Superior (@ASF_Mexico) February 17, 2026
Esto debido a que el proveedor no acreditó la concesión o el permiso vigente para la recolección, transporte, almacenamiento, manejo, reuso, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.
“El municipio de Cuernavaca, Morelos, no realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del gasto federalizado, incluidas las participaciones federales de la cuenta pública 2024”, señaló la ASF.
Finalmente, en San Pedro Garza García, Nuevo León, en la adjudicación de un contrato de obra, la ASF detectó que la empresa ganadora y una participante llevaron a cabo acciones que implicaron o tuvieron por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida, toda vez que se encuentran vinculadas entre sí, “lo que generó un probable daño a la hacienda pública por un importe” de 64.4 mdp.
La ASF precisó que los montos observados corresponden a la etapa de fiscalización y no constituyen de manera automática un daño definitivo al erario, ya que las dependencias, estados y municipios cuentan con un plazo legal para presentar documentación y aclaraciones.
En caso de que no logren solventar las observaciones, la Auditoría puede promover responsabilidades administrativas o resarcitorias ante las autoridades competentes.
En la Federación, observaciones por 5 mil mdp
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó montos por aclarar en el ejercicio de 5 mil millones de pesos correspondientes al Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y entes de la Administración Pública Federal en el último año del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En el caso de órganos autónomos, la ASF encontró probables daños al erario por 66.5 millones de pesos durante el primer año completo de gestión de Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE).
Como parte de la Tercera Entrega de la Cuenta Pública 2024, año de los comicios más grandes de la historia, se practicó una auditoría a la adquisición de bienes y servicios de la autoridad electoral.
Auditan recursos del INE
La principal observación fue por 63.2 millones de pesos y se refiere a que el INE no entregó la comprobación de materiales impresos para los simulacros de la jornada electoral, que equivalen a ese monto.
La ASF indicó que “si bien el INE proporcionó diversa documentación de las entregas de los materiales, estas presentan diferencias entre lo recibido por las Juntas Locales Ejecutivas, Juntas Distritales Ejecutivas, los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales”.
Mientras que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dependiente del Poder Judicial, se identificaron 12 mdp por aclarar.
Entre ellos, la ASF observó 5 mdp por “realizar pagos sin contar con evidencia documental de los entregables denominados conciliación mensual de los servicios, así como evidencia documental que acredite que el proveedor proporcionó de forma mensual el comprobante de pago de las aportaciones”.
AM.MX/fm
