Aletia Molina
Una dictadura en ciernes corre su tercer año y las desapariciones se suceden sin tregua. Tras dar varios rodeos y ante la insistencia periodística, nadie responde. Y es que, frente al desaparecido… en tanto esté como tal, es una incógnita. Si apareciera, tendría un tratamiento (a; y si la aparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tendrá un tratamiento (b. Pero mientras sea desaparecido no tiene ningún tratamiento especial, no tiene entidad, no está…
A finales de noviembre del año pasado, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada visitó México por primera vez. Al concluir su visita, el grupo no pudo sino externar su preocupación por la gravedad de lo que ocurre en el país, donde las desapariciones forzadas siguen siendo generalizadas y la impunidad, casi absoluta.
En términos generales, hay dos tipos de desaparición: forzada y a manos de particulares. Es decir, la desaparición forzada ocurre cuando una autoridad del Estado —funcionarios, policías, fuerzas armadas— es responsable de la desaparición. Se considera desaparición a manos de particulares cuando un civil es responsable del delito, y en esta frase la palabra “civil” hace referencia al crimen organizado.
Además de la incertidumbre de no saber quién está detrás de una desaparición y de la torpeza e insuficiencia institucional, las familias también deben enfrentar la indolencia.
Por si no fuera suficiente con las y los desaparecidos, hay que sumar a la ecuación la grave crisis forense que vive el país. La proliferación de fosas clandestinas, la saturación de las morgues y la lentitud institucional para administrar el horror, han ocasionado que en muchos casos los restos estén resguardados—amontonados, abandonados—, con identificación o sin ella, en el Servicio Médico Forense sin que se pueda agilizar su entrega, llegado el caso, a sus familiares.
La impunidad, la dificultad para un registro adecuado, la connivencia entre el Estado y el crimen organizado, la ineficiencia burocrática y la falta de coordinación entre las instancias de búsqueda fueron resumidas de manera contundente por el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada: en México la desaparición es referencia del crimen perfecto.
Y, sin embargo, contra las autoridades, contra el crimen organizado, contra la burocracia, contra los elementos naturales, contra todo obstáculo, las familias siguen buscando. Y siguen clamando memoria, verdad, justicia.
No obsta la ola de desapariciones, la localización de individuos desaparecidos en México disminuyó 34 por ciento del 1 de enero al 20 de febrero del 2022 respecto a ese lapso del año anterior, a pesar de que se registraron, relativamente, menos casos, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Los estados con mayor reporte de desapariciones son Nuevo León, con 137; Estado de México, con 123; Zacatecas, 86, y la Ciudad de México, con 82. Las mujeres entre 10 y 29 años son el sector de mayor incidencia a nivel nacional.
Al respecto, organizaciones civiles y colectivos aseguraron que el problema sigue siendo la falta de interés y apoyo de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno con las familias, ya que servidores públicos se encuentran coludidos con los grupos del crimen organizado, además de que también participan en la desaparición de personas.
Otro de los problemas es la cifra de desapariciones, es que hay muchas familias que no denuncian por miedo a ser atacadas por los criminales, aparte de que siempre han visto que las cifras se maquillan para su beneficio y para que no vean que los estados tienen un grave problema.
Todavía hay incontables trozos de huesos humanos esparcidos en metros y metros cuadrados del árido suelo desconocido que es usado para ocultar a las víctimas.
Cada día, los peritos y familiares guardan todo lo que encuentran -huesos, botones, aretes, trozos de ropa- en bolsas de papel en las que detallan el contenido.
Para las familias localizar estos lugares supone una mezcla de esperanza y dolor. El trabajo es duro.
Aunque se logre sacar el ADN, la identificación puede estar lejos porque ese perfil sólo se cotejará de forma automática con los registros de Tamaulipas ya que no existe todavía un banco genético federal.
Además, pueden pasar años para que se suba a una de las pocas bases de datos nacionales que recibe información sobre los buscados y los restos sin nombre y que, aunque no contiene información de ADN, sí podría facilitar algo ciertas identificaciones. En 2020, según la auditoria de la federación, este sistema solo tenía 7.600 registros de desaparecidos y unos 6.500 de fallecidos, un grano de arena en un desierto de incertidumbre.
@AletiaMolina
