Aletia Molina
La extinción de fideicomisos, esta medida busca desaparecer gastos innecesarios, eliminar la opacidad en su administración y generar ahorros. Esto para que el país asigne “eficazmente” recursos públicos a las acciones y programas prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo… “dádivas”.
El fideicomiso es una figura de derecho civil por medio de la cual una persona (física o moral) transfiere la titularidad de una parte de sus bienes o derechos a una institución fiduciaria. Con ellos se puede realizar una serie de fines lícitos y determinados, mismos que la persona fideicomitente señala en el contrato respectivo.
Se trata de contratos entre la administración pública y una institución financiera. Su fin es la realización de un fin lícito y determinado con bienes de diverso origen.
Puede ser dinero de la Federación, recursos autogenerados y fondos provenientes de organizaciones internacionales y fundaciones privadas.
Podría darse el caso de que el presupuesto anual se consumiera en un cierto rubro especialmente importante para el gobierno (la política energética).
Por ejemplo un sismo de 8 grados y no hubiera suficientes recursos disponibles para auxiliar a la población o a las autoridades locales. Esta es justamente la razón de ser del Fonden: asegurarse de que, con independencia de las necesidades en el corto plazo, siempre haya dinero.
Algo similar puede decirse de los fideicomisos de los centros públicos de investigación, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento o el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine.
Aunque la administración actual considera que los fideicomisos públicos facilitan la corrupción, la discrecionalidad y la falta de transparencia, lo cierto es que se trataba de fondos fiscalizables por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Función Pública. Además, eran regidos por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la Ley General de Transparencia y otras normas especializadas.
Resulta preocupante la ligereza con que destruyó uno de los principales mecanismos de financiamiento en México.
Aunque el discurso del partido gobernante indique lo contrario, la realidad es que los fideicomisos de los centros públicos de investigación son necesarios y que su administración era legal y perfectamente fiscalizable. Tenían fines específicos, apoyaban a las dependencias y entidades en el cumplimiento de sus funciones. Ya no más.
Los recursos de los que van a apropiarse con esta extinción, que deberán ser integrados este mes a la Tesorería de la Federación, serán utilizados para mantener los caprichos presidenciales de derroche en estos tiempos de crisis y recesión.
Muchas voces han expresado su preocupación por que, a diferencia de otros países, México no ha lanzado ningún programa o acción relevante para contener los devastadores efectos de la crisis sanitaria y económica por Covid-19. Ni los habrá.
El impacto de esta acción tendrá una repercusión que resonará años después de este sexenio y de la 4T, sólo para obtener recursos, que sin embargo son esenciales para dar certidumbre en la investigación transanual y transexenal.
El resultado será regresivo, dado que impedirá mantener mecanismos de flujo de financiamiento sin importar el año fiscal o el cambio de gobierno, no sólo se requiere de financiamiento, sino de estos mecanismos que los garanticen; sin embargo, ni siquiera hubo argumentos que se sostuvieran un mejor esquema.
¿Para qué quitar y después volver a dar? No es creíble y resulta ser una más de las mentiras de la 4T… Extinguir los fideicomisos no es más que ir tras un “botín”, simple, ladrones viles.
