El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el pasado martes que el decreto publicado que considera a los proyectos y obras del Gobierno de México como asuntos de “seguridad nacional” tiene el objetivo de agilizar trámites burocráticos.
Peeero… catalogar una obra en esta categoría va más allá de representar una ‘buena intención’ por parte del Gobierno, pues al ser la “seguridad nacional” una de las causas de la reserva de información, prevista en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es que las distintas dependencias de la Administración Pública Federal pueden llegar a reservar la información relacionada con estas obras.
Es decir, que cualquier solicitud de información que se haga para conocer el estado de alguno de los proyectos en marcha podría ser negada.
Esto ya sucedió con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues al ser considerada obra de ‘seguridad nacional’, el gobierno reservó por 5 años el expediente de Santa Lucía.
De acuerdo con el Gobierno de México, La Ley de Seguridad Nacional tiene el propósito de preservar la seguridad regida por los principios de legalidad, responsabilidad, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia y coordinación.
Con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal quedan autorizadas para gestionar todo lo relacionado con las obras del Gobierno de México. El artículo segundo de este acuerdo sostiene que se les otorga “la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados”.
Al respecto, el presidente comentó que se les debe otorgar confianza a las dependencias.
“Las dependencias del Gobierno federal están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad y que se le tienen que dar facilidades y se le tiene que tener confianza a las dependencias, eso fue lo del acuerdo, es un asunto interno entre dependencias. Por ejemplo, de que Medio Ambiente ayude a Comunicaciones y Transportes, o ayude a Fonatur en las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que tengan tramo”.
Aún falta esperar la resolución del INAI para asegurarse de que, tal como lo sostiene el presi, el ‘blindaje’ de las obras de la 4T no tiene nada que ver con la transparencia.
Acelerar las autorizaciones para iniciar los proyectos y obras del gobierno eleva el riesgo de privilegiar la velocidad de su ejecución sobre la calidad y viabilidad de los proyectos en el mediano plazo, lo que podría reducir su efectividad para generar el impacto económico y social deseados.
No estaría de más, que el gobierno reevaluara los riesgos y los posibles impactos negativos de este acuerdo, para tomar la mejor decisión que apoye la certidumbre y el bienestar de la población.
Los proyectos de infraestructura que busquen promover la actividad económica y el desarrollo regional o nacional requieren de evaluaciones de impacto ambiental, evaluación de riesgos, viabilidad financiera y económica entre otros que garanticen su efectividad y sostenibilidad, por lo que es indispensable tomarse el tiempo necesario para su correcta realización.
El acuerdo eleva los riesgos de corrupción y la incertidumbre. Los impactos que pueda generar este acuerdo solo pueden ser negativos.
Aletia Molina
@AletiaMolina
