Por Mouris Salloum George*
Desde la implantación del modelito neoliberal y la puesta en marcha de las reformas estructurales, los tecnócratas le pusieron dos marcas a la casa: Revisaron el artículo 28 constitucional y los códigos penales federales para despenalizar como no graves los crímenes patrimoniales y los atentatorios contra el orden socioeconómico que afectan, los segundos, a las instituciones públicas.
El artículo 28 de la Carta fundamental -referido, entre otros fines, al combate a los monopolios-, se reformó en 1990 para ceder el dominio del sistema de banca y crédito a particulares, arrebatando su control al Estado, que quedó como simple regulador al través del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Sin embargo, el texto de dicho artículo, aún vigente, establece que el Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado. En este orden.
En el primer párrafo, el artículo 28 impone que en México quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos, etcétera. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.
El derecho a la vida, consustancial del derecho a la salud
En el combate a los crímenes atentatorios contra el orden socioeconómico, obviamente una prioridad es preservar el derecho a la vida, que tiene como soporte el derecho a la salud, cuyas primeras responsables son las instituciones públicas.
Al producirse en 2018 el cambio en el Poder Ejecutivo federal, una de las primeras denuncias fue el huachicoleo de medicamentos en las instituciones de Salud y Seguridad Social. Se identificaron a algunos de sus perpetradores.
En los recientes meses, se han multiplicados las protestas de pacientes, no pocos en estado terminal, que requieren de medicinas controladas en los cuadros básicos, que han pasado por desabasto y ha obligado al Sector Salud a comprarlas en el extranjero.
Los del negocio de las medicinas boicotean el suministro
Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó ese grave asunto y acusó con todas las palabras: En el negocio de las medicinas existen monopolios. Más grave aún: Los intereses implicados en la industria farmacéutica han incurrido en prácticas de boicot.
La primera pregunta, frente a ese crimen de lesa humanidad, es, ¿qué ha hecho? ¿Qué hace la Comisión Nacional de Competencia Económica, una de cuyas responsabilidades, es combatir las prácticas monopólicas?
La segunda pregunta es, si el boicot monopólico será combatido sólo con discursos o con actos administrativos, o si la Constitución y las leyes penales facultan al Estado a aplicar acciones sancionadoras, correctivas, ejemplarizantes, de manera de impedir la reincidencia. En la protección a la vida no se vale poner la otra mejilla.
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
