Por Mouris Salloum George
Cuando Donald Trump anuncia su regreso a las lides políticas norteamericanas, cuando en el panorama nacional ha sido bateada la iniciativa a la reforma eléctrica para impedir las energías limpias, desde el Senado mexicano se anuncia una contrarreforma petrolera. Va con todo.
Las reformas planteadas, que incluyen los artículos del 25 al 28 de la Constitución están tocadas del mismo vicio de origen de la eléctrica, es decir dar para atrás a las negociaciones y contratos establecidos paras exploración y explotación de hidrocarburos, lo cual ha generado una lluvia de amparos que al cobrarse vía indemnizaciones, deberán ser cargados al contribuyente cautivo.
Cabe esperar que lo mismo que sucedió con las anteriores reformas al vapor de la industria eléctrica, la presente iniciativa promueva una serie de juicios de garantías y controversias constitucionales, además de conflictos internacionales que sean solventados en cortes y tribunales del extranjero, muy sensibles a estos temas.
Tratándose del petróleo y de hidrógenos líquidos o gaseosos, no se otorgarán concesiones y contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, reza la parte fundamental de las reformas propuestas. Puras buenas intenciones.
Obviamente, estas propuestas violan en su parte medular los acuerdos firmados desde hace tiempo en el marco de todos los acuerdos internacionales firmados con Estados Unidos, Canadá y los posibles socios europeos. México mantiene casi una veintena de acuerdos en este sentido.
Aunque los cambios no contuvieran la necesidad de reformas a la Constitución y sólo se refieran a las leyes reglamentarias, se trata de una embestida a inversiones hechas con anterioridad que pueden reclamarse con éxito ante los tribunales de México y del extranjero.
Expertos del sector energético consideran que las reformas se plantean después del freno que el poder judicial impuso a las reformas en el sector eléctrico, y les ven poca viabilidad jurídica. Sobre todo si incluyen los contratos de producción que se firmaron con las empresas del exterior a la luz de lo que está sucediendo en el sector eléctrico.
Malas noticias para el desarrollo económico. Malas noticias para la estabilidad constitucional de México y su desarrollo económico, en un momento de incertidumbre y de cambios intempestivos.
No se sabe bien a bien si las reformas planteadas, estén inspiradas al calor del bullicio que se alimentó después del descubrimiento del proyecto petrolero tabasqueño del pozo Dzimpona, cuyo potencial, dijeron, podría producir hasta 500 millones de barriles de crudo. En todo caso, es una promesa que se viene haciendo desde hace décadas. Pemex ya no tiene el equipamiento para hacerlo.
Como todo mundo sabe, la capacidad de la industria paraestatal Pemex, no alcanza para hacer sola una exploración ni una explotación de ese tamaño. Así es que habría que esperar los detalles de los procedimientos para sacar de un “popotazo” esa gran riqueza.
En el terreno político, el anuncio de ese descubrimiento formó parte de otros similares que se han hecho al calor del aniversario de la expropiación petrolera desde siempre. Esperemos que no sea el caso.
Porque de ahí, a plantear una embestida y un enfrentamiento contra todas las empresas petroleras que históricamente le han hecho el trabajo a Pemex, hay un gran trecho. Ojalá la voz de los expertos se imponga. No está el horno para esos bollos.
Valdría más la cautela y la sensatez.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
