Mouris Salloum George
Una contradicción como catedral: Los cuadros de excelencia que se enquistaron desde los años ochenta en la Administración Publica esgrimieron el espantajo del Estado obeso y se dieron la misión de adelgazarlo. Sin embargo, le agregaron inmensas adiposidades que, a más de excesivamente costosas, duplicaron y corrompieron funciones de Estado y sus resultados, por supuesto, dejan mucho a deber.
Con la nueva clase, el sector público fue invadido por bisoños maestros y doctores con títulos de dudosa autenticidad (hay casos sobradamente documentados). Con los órganos autónomos del Estado, se creó un gabinete paralelo al legal, al que, para efectos prácticos, quedaron subordinados los secretarios encargados de despacho.
Se dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el rango de Tribunal constitucional, pero el Poder Judicial de la Federación ampliado y el Consejo de la Judicatura Federal son presa del nepotismo; las salas superiores de la Corte se ocupan en discernir contradicciones de tesis en sentencias de tribunales unitarios o colegiados, y las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales -judicialización de la política- se han convertido en moneda corriente y de cambio.
El Poder Legislativo federal remodeló y amplió sus recintos para dar cabida a 628 inquilinos electos -un gran racimo de “representación” proporcional o independientes- y a legiones de asesores, consejeros jurídicos y secretarios técnicos, cuyo costo no se corresponde con su productividad.
A quien le dan pan que llore: Los Estados soberanos y el Distrito Federal reprodujeron el monstruoso esquema.
Se le dieron cartas de naturaleza al Ogro filantrópico
Más allá de las alucinantes escrituras bíblicas, la tecnocracia neoliberal dio cartas de naturaleza a El Gran Leviatán o, dicho en descripción de Octavio Paz, al Ogro filantrópico.
No se trata el asunto de ecuaciones de cuentachiles -aunque hay mucho de ello- sino de racionalidad administrativa, de control, eficiencia y eficacia y, primero que todo, de ética republicana.
A propósito de austeridad, ¿cómo se explica la necedad de consejeros o comisionados de órganos autónomos del Estado de ganar más de lo que cobra el presidente de la República? Se explica por el apetito crematístico de quienes llegaron al servicio público para servirse de él y a sí mismos; no a la sociedad.
En ese frente topara con pared -más bien con acerado muro- la iniciativa de fusionar algunos de esos órganos en un solo ente que se denominaría Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el bienestar.
Nomás falta que la iniciativa se remita a Parlamento Abierto
Y ahí se nos aparecen los gruesos bemoles: Durante las recientes cuatro décadas, secretarías encargadas de despacho o departamentos, planes y programas han cambiado de denominaciones formales en la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Federación o en la Ley de Presupuesto de Egresos y Responsabilidad Hacendaria -donde tenemos las empresas “productivas” del Estado-, pero la Secretaría de la Función Pública (otro cambio de rótulo) y la Auditoría Superior de la Federación no se dan abasto para documentar las prácticas de corrupción público-privada que, a un corte de 2017, costaba a los contribuyentes cautivos la friolera de un billón de pesos al año.
Vale sí, la iniciativa comentada, a condición de que no se exponga a Parlamento abierto, donde los potenciales damnificados darán la gran batalla porque en ello las va la vida de confort y molicie. Quede constancia.
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
