Mouris Salloum George*
Lo más fácil, es convertir un problema en una crisis.
Hablamos de política: Suelen incurrir en ese riesgo personas desaprensivas, pero lo perpetran individuos con pleno conocimiento de causa.
Es el caso de Baja California, escenario en que la ambición personal exhibe la búsqueda del poder, por el poder mismo.
En el ojo del huracán se encuentra el gobernador electo Jaime Bonilla.
Si el asunto no le fue consultado a Bonilla, grave. Si le fue consultado, peor; el resultado es el mismo.
El caso es que el Congreso bajacaliforniano votó en 2014 una reforma a la Constitución estatal por la cual el periodo gubernamental se redujo de 6 a 2 años.
A lomo de los cambios en el control de la Legislatura estatal en 2018, que quedó en manos de la mayoría de Morena, se le dio reversa a aquel mandato y se extendió el periodo a 2024, ya estando confirmado el triunfo de Bonilla en junio pasado.
La insidia opositora encontró en esa aberración pretexto para sospechar que la prolongación del periodo en la gobernación bajacaliforniana, es un ensayo a escala para la prolongación del periodo presidencial.
En esas andamos: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cuya bancada senatorial se dice depositaria de la observancia del Pacto Federal, echó su cuarto a espada y aprobó, con el voto de representantes de 5 partidos, incluyendo a Morena, un llamado al gobierno del estado y a los ayuntamientos, para que no publiquen el decreto 112 referido al periodo gubernamental extendido.
Publicado el decreto -lo cual no se ha hecho- daría lugar al recurso de acción de inconstitucionalidad, que involucraría al Poder Judicial de la Federación. Los tres poderes, pues, metidos en el hoyo. Pero, qué necesidad.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
