Por Mouris Salloum George
Los intentos de rescate de diez mineros de El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, han sido lamentablemente infructuosos, desde que el 3 de agosto se tuvo la infausta noticia. Lo único cierto hasta ahora es que nadie aprendió de la otra gran tragedia minera de Pasta de Conchos –también en Coahuila, región carbonífera-, en 2006, cuando por una explosión quedaron sepultados para siempre 63 trabajadores.
En aquellos días salieron a relucir diversas irregularidades, de todo tipo, que involucraban a la empresa concesionaria, a las autoridades locales, a las federales, y al sindicato; casi las mismas que hoy se repiten.
Se sabe que las condiciones de riesgo en el trabajo minero van implícitas, y de todos los involucrados es deber minimizarlas. Cosa que no se ha hecho, ni se han subsanado las limitaciones técnicas y logísticas para responder a esta clase de emergencias, lo que ha complicado el rescate referido.
Una primera labor del gobierno al respecto, en este caso de El Pinabete, debiera ser deslindar responsabilidades, para que cada quien pague la parte que le corresponde; porque tampoco se debe caer en lo de siempre, en que la cuerda se rompe por lo más delgado.
En México, la actividad minera es muy importante; tanto que algunos de los empresarios más ricos del país –mexicanos y extranjeros- en la lista de los millonarios en dólares que publica la revista Forbes, han logrado sus fortunas mediante la explotación de minas.
El país es gran productor mundial de minerales (metales, no metales y energéticos). Durante décadas, México ha sido el mayor productor de plata, a nivel global. En 2018, el INEGI registró 190 mil 685 trabajadores del sector y 3,123 minas de diversa importancia. Solo en Sabinas, hay 67 licencias para extraer carbón, en manos de pequeños y medianos productores contratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
También se sabe que en torno a estas concesiones prevalecen irregularidades y una tolerada opacidad en cuanto a las condiciones laborales, caracterizadas por sueldos y prestaciones inferiores a los riesgos implícitos en esa industria.
Esta debiera ser una ocasión impostergable para que el presidente Andrés Manuel López Obrador ponga orden, finalmente; sin escatimar recursos y sin consideraciones ideológicas ni partidistas.
Las tragedias de Pasta de Conchos, muchas otras menores, y ahora la de El Pinabete son razones dolorosas más que suficientes; si no, que la nación se lo demande.
