Por Mouris Salloum George
En las condiciones actuales del país, más nos vale recordar a los que saben: para interpretar las constituciones la sociología, la ética y el sentido común, se deben tener la preeminencia; esas disciplinas son las que deben tener la mayor jerarquía en los procesos de elaboración, interpretación y ejecución de las leyes.
Lo demás es tangencial, esquemático, absurdo por injusto, pues equivaldría a poner los puntos de vista por encima de la realidad, imponer el imperio de las formas a todas las expresiones sociales del progreso de un pueblo. La relevancia y la trascendencia de estos criterios se alcanza a comprender cuando se entiende el concepto de que una Constitución no puede vulnerarse porque alguien pretenda ensanchar sus límites, agrandar sus alcances, engrandecer sus expectativas.
El Estado social y democrático de Derecho, en boga desde hace más de cien años en las naciones más avanzadas de la Comunidad europea, tiende a tutelar las prerrogativas de los débiles, a subsanar las deficiencias de la igualdad formal de los ciudadanos e instaurar el concepto de equidad.
Las sociedades informadas han venido desarrollando esquemas de convivencia en el derecho social a la vivienda, la alimentación, la salud y la seguridad, y han experimentado y asimilado las luchas contra todo tipo de discriminación, intolerancia y resistencia al cambio. No veo por qué no lo debamos hacer nosotros.
El país enfrenta una crisis de grandes proporciones; sólo puede evitarse que se profundice mediante acciones audaces que permitan recuperar el terreno perdido en la ancestral tradición histórica de la justicia, así como en los valores fundamental que combaten la desigualdad.
Ninguna razón económica, jurídica e ideológica puede ser valedera para afectar los renglones sensibles en obra y gasto social postergados por algunos sectores de la Federación. Acatar a la mayoría en la toma de decisiones, disminuir efectivamente los índices de marginación, pobreza, desigualdad material, desempleo, desnutrición y distribuir equitativamente la riqueza pública, es lo que define al Estado social y democrático de Derecho; un gobierno que no actúa para servir, no sirve para nada.
Decían nuestras abuelas que no hay más cera que la que arde, y así es en el seno de la discusión mexicana; podrán tener razón los que se ubican a favor de los débiles, pero mientras no demuestren que tienen las agallas para liquidar las injusticias, seguirán tropezando con las mismas piedras que los duros que se aferran al establecimiento.
Siempre recordar que cuando las obsesiones y las compulsiones se hacen crónicas se vive una neurosis social que puede transformar el país en un trastorno invivible, dentro de un fanatismo obsesivo compulsivo. Apliquemos la ley y la equidad de la norma, antes de que sea demasiado tarde. Pero que se aplique con sensatez, con intuición, con lógica y mucho sentido común.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
