Por Mouris Salloum George
La sociología y la ética debían tener preminencia. Para leer las constituciones, opinaron Heller y Kelsen, esas disciplinas deben tener la mayor jerarquía en los procesos de elaboración e interpretación de las leyes. Lo demás es tangencial, esquemático, absurdo por injusto, pues equivaldría a imponer el imperio de las formas a todas las expresiones sociales del progreso de un pueblo.
La relevancia y la trascendencia de estos criterios se alcanza cuando se comprende el concepto de que una Constitución General de la República no puede vulnerarse porque alguien pretenda a partir de su espíritu ensanchar los límites de su mayor alcance, sino por quedarse abajo de sus expectativas. Este es el principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. Lo demás es lo de menos.
El Estado Social y Democrático de Derecho, en boga desde hace cien años en las naciones más avanzadas de la Comunidad Europea, gracias a los avances de Heller y Kelsen, tiende a tutelar las prerrogativas de los débiles, a subsanar las deficiencias de la igualdad formal de los ciudadanos e instaurar el concepto de la equidad.
Porque las sociedades informadas han venido desarrollando esquemas de convivencia en el derecho social a la vivienda, la alimentación, la salud y la seguridad. Han experimentado y asimilado las luchas contra toda forma de discriminación, intolerancia y resistencia al cambio. No veo por qué no lo debamos hacer nosotros.
Es indispensable que en un nuevo régimen político, como adelante lo detallaremos, se federalice legalmente el derecho de las minorías y mayorías al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción consustancial de menores y la muerte asistida.
Necesitamos poner fin a tabús indeseables. Instituir la revocación del mandato, el referéndum, la acción popular, la libertad irrestricta a la manifestación de las ideas, la protección al comercio informal, el seguro contra el desempleo de migrantes, indigentes e indígenas, así como la subrogacion en la protección judicial de los indefensos.
Sería la mejor manera de ensanchar los alcances de la Constitución vigente, sin quitar un solo ápice de su espíritu fundacional. Lo demás es cuento vaquero, ilusiones de estatismo conservador, inaplicabilidad del derecho a las tensiones emergentes de una sociedad que ya no aguanta la inmovilidad jurídica.
Si pudieran condensarse los objetivos, el pueblo mexicano optaría por superar los paternalismos que desalientan la participación comunitaria, desechar los saldos del fracasado neoliberalismo, contribuir al desarrollo general de clases, regiones y sectores, impulsar el proceso democrático y continuar el gasto social ascendente.
Fortalecer las instancias de diálogo, información y transparencia con todos los procedimientos al alcance, promover la participación activa de todas las formas de organización pública, privada y social, más el apoyo invaluable de la población para constatarlo y monitorearlo.
El país enfrenta una crisis de de grandes proporciones. Sólo puede librarse mediante acciones audaces que permitan recuperar tanto la ancestral tradición histórica como los valores fundamentales que combaten la inequidad. Ninguna razón económica o ideológica puede ser valedera para afectar los renglones sensibles en obra y gasto postergados por la Federación.
Acatar a la mayoría en la toma de decisiones, disminuir efectivamente los índices de marginación, pobreza, desigualdad material, desempleo, desnutrición y distribuir equitativamente la riqueza pública es lo que define al Estado Social y Democrático de Derecho. Un gobierno que no actúa para servir, no sirve para actuar y para nada.
Apliquemos la justicia y la equidad de la norma, antes de que sea demasiado tarde.
