Por Mouris Salloum George
Todas las publicaciones oficiales que produce mensual o trimestralmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportan que el monto de la deuda externa mexicana en los últimos 28 meses ha aumentado en un billón setecientos mil millones de pesos. Es un dato duro e incontrovertible.
Por otro lado, para la mayoría de los analistas mexicanos y extranjeros es probable que hasta el año 2025 el producto interno bruto de nuestro país logre alcanzar su nivel de hace veintiocho meses, a diciembre del 2018. El presente sexenio, argumentan, está perdido para la economía nacional.
Por otro lado, los setenta proyectos más importantes y viables del gobierno, dependen de la iniciativa privada, pues el gobierno no tiene los recursos públicos para financiar las obras de infraestructura que ofrecerán empleo abundante y remunerador a la planta productiva mexicana.
Es decir, una inversión mínima de 140 mil millones de pesos tendrá que salir de los bolsillos del sector empresarial en el corto o mediano plazo para sufragar ese gasto y para otorgar al sexenio una base cierta d gobernabilidad y confianza.
De las inversiones requeridas por el sector público, una buena parte de ellas deberán hacerse en el sector energético, que ha sido muy atacado por la falta d certidumbre que ofrece a los inversionistas. Por otro lado, éstos se quejan de extorsiones, sobornos y amenazas sin fin. Las empresas fuertes del exterior lo saben.
La paradoja es que el Banco de México reportó que durante la última semana la base monetaria, es decir los billetes y monedas en circulación y depósitos bancarios en cuanta corriente aumentó 9 mil millones de pesos.
El dato sería aislado si no viniera acompañado de otro que textualmente reza: ” por lo que la cifra alcanzada por la base monetaria al 26 de marzo del 2021 significó un incremento de 425 mil 799 millones de pesos respecto a la misma fecha del año anterior “.
Y según el mismo Banco de México, reportó hace unas horas, en los tres meses que van del año han salido del país capitales por el monto de sesenta y tres mil millones de pesos. Puro dato oficial que contrasta con los otros datos que se manejan en las mañaneras.
Entre el gremio de periodistas y en los lugares de reunión, todo mundo se pregunta: ¿cómo puede ser que si no hay dinero en el presupuesto público, en las arcas empresariales y en los bolsillos ciudadanos puede ser que haya una cantidad monetaria en circulación absolutamente bancarizada?
¿Cómo es que esa cantidad excedente en cerca de medio billón de pesos haya cumplido todos los requisitos que exigen los circuitos financieros para hablar de la existencia de dinero limpio en grandes cantidades?
Porque es sabido que la autorización para imprimir dinero ya no es facultad exclusiva del Estado. Desde que se dio el “efecto tequila” en los noventas, es decir la impresión indiscriminada de billetes que generó un desastre financiero internacional, todos los organismos financieros de todos los rumbos prohibieron esa práctica.
Sobra decir que el “efecto tequila” se originó en nuestras tierras. Y que si hoy alguien pretendiera volver a intentarlo, se echaría en encima a todo el mundo. Esa es la gran paradoja. Pero también el otro gran peligro.
