Por Mouris Salloum George
Los libros de texto gratuitos son fundamentales para el sistema educativo mexicano. Al menos 25 millones de estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria, y secundaria) se benefician cada año de estos medios de aprendizaje indispensables. Sin embargo, la entrega de los correspondientes al ciclo 23-24 quedó supeditada al fallo del Poder Judicial (en el Juzgado Tercero de Distrito, en materia administrativa), debido a impugnaciones de padres de familia y especialistas.
El punto de inconformidad son los nuevos planes y programas de estudio (materiales y bases de elaboración), dispuestos por el actual gobierno y concebidos bajo su propio enfoque ideológico y pedagógico. Los opositores a los nuevos libros argumentan que no fueron consultados, según lo estipulado por la Ley General de Educación.
El contenido de los libros y su enfoque ideológico es, sin duda, un asunto de la mayor relevancia. Su alcance es nacional. Para dar una idea de lo que está en juego, en la parte técnica, para el ciclo 20-21 –es la información disponible-, la SEP programó entregar 181 millones de materiales educativos.
“Para ese año, la Conaliteg elaboró 8.2 millones de libros para preescolar; 109.4 millones para primaria; 28.8 millones para secundaria; 12.5 millones para telesecundaria; 2.7 millones para educación indígena; 117 mil ejemplares en formato Braille y macrotipo, y 25.7 millones como complemento educativo para el Programa Nacional de Inglés; el Programa Nacional de Convivencia Escolar; el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, y la Biblioteca Inicial y Expansión de la Educación Inicial.”
Cada sexenio los gobernantes en turno (que responden a intereses ideológicos y partidistas, y no pocas veces a influencias empresariales) promueven reformas que alcanzan distintos niveles de profundidad y cobertura, en la visión ideológica así como en los contenidos. Es debatible si tales intereses son los que convienen a todo el país o solo a sectores de la sociedad.
Los opositores a los libros de texto impugnados acusan que las autoridades educativas “actuaron a espaldas de los mexicanos” y que los contenidos de los nuevos libros “adoctrinan a los niños y hacen apología de la pobreza”.
Los materiales educativos gratuitos y obligatorios debieran estar al margen de disputas en tribunales, por asuntos ideológicos. Se puede afirmar que son un logro histórico y un legado para el país, más allá de conveniencias partidistas.
Un principio de concordia para poner fin a este interminable diferendo, que cobra forma en cada sexenio en los libros de texto, debiera ser la visión transexenal que establece la Carta Magna en su Artículo 3o., en torno a que la educación pública que imparta el Estado tiene que ser científica, laica, gratuita y obligatoria. Esto por convenir al carácter pluricultural y pluriétnico de la gran nación mexicana, sin menoscabar su honroso origen prehispánico.
Es un desafío que sigue pendiente, pero un requisito para que México avance en la concordia hacia sus grandes metas de progreso con inclusión social.
