Por Mouris Salloum George
Los alimentos y bebidas “chatarra” van ganando la batalla al nuevo etiquetado. México llegó al “Día mundial de la obesidad” –el 4 de marzo- en el 5º. lugar de esa categoría entre los países del orbe, con 50 millones de afectados, según la Encuesta Nacional en Salud y Nutrición (Ensanut).
Por grupos etarios, el país está peor, porque encabeza el primer lugar en obesidad infantil.
También, el gobierno aumentó su recaudación fiscal a 183 mil 561 mdp en 2022, por el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) que aplica a refrescos, jugos envasados, cervezas, cigarros, y a ciertos “alimentos” de fábrica, para desalentar su consumo.
Cabe recordar que el gobierno aprobó el nuevo reglamento en el año 2020, para inhibir el consumo de alimentos y bebidas industrializados nocivos para la salud.
El nuevo etiquetado causó fuerte polémica, porque obligó a los fabricantes a poner leyendas claras y visibles al frente de los productos: “Alto en calorías, Alto en grasas trans, Alto en sodio” y otras, para informar y advertir a los consumidores sobre los riesgos de consumir tales productos.
Desde hace algunas décadas México empezó a verse afectado por padecimientos resultantes de consumir alimentos y bebidas industrializados.
Hoy la población mexicana está gravemente impactada por enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes y cáncer –que son las principales causas de muerte prematura-. Todas resultantes de los malos hábitos de vida.
Aunque los fabricantes aceptaron los nuevos lineamientos de etiquetado, el gobierno ignoró los antecedentes al respecto, como en el caso del consumo de cigarros. Y era un buen referente. Como se sabe, también para inhibir el tabaquismo, desde años antes las autoridades obligaron a los fabricantes a incluir en las cajetillas fotos y leyendas sobre los riesgos ocasionados por ese mal hábito. De nada sirvió.
No quisieron los funcionarios aprovechar ese antecedente. El resultado de las políticas erráticas en salud pública es muy costoso para las finanzas nacionales.
Las autoridades tuvieron y tienen que “convencer” -tanto a fabricantes como a clientes- de ser responsables. Sin descartar que tienen que obligar a los fabricantes a reducir al máximo o eliminar el uso de ingredientes nocivos (azúcares, sales, saborizantes, colorantes, conservadores y otros).
No solo es la salud de la gente, son los gastos insostenibles para las finanzas nacionales; también sus efectos en la productividad laboral y en las relaciones intrafamiliares. No bastan medidas inhibitorias. El problema requiere políticas integrales de fondo, educativas, y otras. Corre tiempo.
