Por Mouris Salloum George
Todo comienza con alguna llamada telefónica o una visita de los malvivientes para exigir cobro de piso o pagos de todo tipo. Y solo hay dos opciones: o pagas o mueres. Así lo dicen, con la mayor frialdad. En este sexenio las denuncias sumaron 49,368, hasta diciembre del 2023. Las cifras aumentaron cerca del 80%, respecto del inmediato anterior.
Las extorsiones se han convertido en la pesadilla de miles o quizás millones de víctimas. Los números oficiales no reflejan la realidad. Lo que es un hecho indiscutible es que la mayoría de afectados no denuncian, por múltiples razones. Personas físicas o morales, pequeños y medianos empresarios; en ocasiones, también grandes; agricultores, ganaderos, comerciantes, industriales, y por supuesto vendedores ambulantes. Nadie escapa.
Así acabó la tranquilidad de muchas familias, en sus hogares, en sus locales comerciales o en sus diversas áreas de trabajo. La incertidumbre y el temor se apoderaron de las personas, de la mayoría de mexicanos, sin duda. Todos los días y a todas horas.
Las autoridades se han visto totalmente rebasadas.
El análisis de los números oficiales –de acuerdo con un conteo de la consultora TResearch International, con datos del gobierno- es útil para ver la involución del fenómeno; siempre considerando que es solo la parte visible, porque la mayoría de víctimas no denuncia por miedo a complicar la situación y por desinterés o impotencia de las autoridades respectivas.
En el sexenio de Peña Nieto, las extorsiones siguieron un ritmo ascendente, aunque lento, y culminó su gestión con 6,895 casos denunciados en 2018. De ahí saltó -en la actual administración- a 9,003, en 2019; en 2020 hubo un ligero descenso, a 8,380; en 2021 volvieron a subir a 9,408. En 2022 registraron la cifra más alta, con 11,039 denuncias. El 2023 cerró con 10,971.
Quienes se rebelaron contra los extorsionadores, muchas veces tuvieron que huir o pagaron con su vida. El actual sexenio registró 178 mil 169 ejecuciones dolosas, hasta el 31 de enero del presente; una parte de esa estadística fúnebre fue víctima de los extorsionadores.
Lo peor es que en muchos casos, las mismas autoridades son las que directamente o a través de terceros extorsionan a los dueños de negocios como restaurantes o antros; sobre todo si los sorprenden en alguna irregularidad.
Un ejemplo, el menos grave probablemente, pero cotidiano: todos los días las patrullas recorren las calles de las alcaldías de la Cd. de México, exigiendo las cuotas que imponen a las personas que “cuidan” carros en la vía pública. Los denominados “viene, viene” son advertidos de que si no “cooperan” serán remitidos al juzgado cívico, donde son sancionados con alguna multa o detención por hasta 36 horas. Bajo esa amenaza, tienen que “cooperar” para que les permitan trabajar.
Los conductores y propietarios de los vehículos se ven presionados a pagarles a los “cuidadores”; no pocas veces con amenazas. Quien se resista o se niegue puede llegar a ser golpeado o a sufrir daños en sus vehículos, como robo de autopartes o ponchaduras de llantas o arrastre por las grúas, que ellos mismos llaman.
Lo peor de todo es que mucha gente no analiza que -a final de cuentas- la población en general acaba pagando todas las extorsiones, como usuaria o consumidora de bienes y servicios. Esto porque la mayoría de víctimas que aceptan participar de este sistema ilegal solo trasladan los cobros a los costos de los productos o servicios que ofrecen. Un pendiente más para las nuevas autoridades que este 2024 tomarán el poder.
