Por Mouris Salloum George*
Indicador clásico de una economía próspera -incluso relativamente distributiva- hasta antes de la globalización, fue el auge en las industrias de la construcción y automotriz.
Poseer una residencia y un Cadillac propios era en los Estados Unidos oferta de campaña presidencial y logro tangible de la familia de clase media norteamericana. El zafio Vicente Fox, aunque el vehículo fuera un boshito, creyó posible democratizar de esa manera los rendimientos de la economía mexicana.
Para el cuarto lustro del siglo XXI, las cosas han cambiado radicalmente: De más de 91 millones unidades producidas en 2018, Estados Unidos sólo aportó 12 por ciento. Aun su mercado interno es satisfecho por trasnacionales extranjeras.
En fabricación, México, que es mayoritariamente armador, está por debajo de Corea del Sur, reciente competidor que tiene ya industria automotriz propia.
Fox impuso record en la importación de chatarra
El citado Fox incidió en la desnaturalización del mercado. Ya para 2006 permitió el ingreso legal desde los Estados Unidos de un millón 575 mil unidades usadas, 38 por ciento más de vehículos nuevos armados en México.
Casualmente, el PAN denunciaba esa liberalidad como una maniobra de clientelismo electoral del PRI a cargo de la Confederación Nacional Campesina.
Al cierre de 2018, la importación de chatarra fue de 140 mil unidades; 10 por ciento más que los nuevos producidos y vendidos en el país.
En 2006 y 2018 estamos hablando de importación legal. Difícil de cuantificar ha resultado la importación ilegal. Como sea, en ambos casos, a más de presentarse el grave fenómeno de contaminación ambiental en los estados fronterizos norteños, ese comercio implica un oneroso costo en divisas extranjeras.
En concreto, con registros a la baja, de casi dos millones de vehículos armados en México cada año, el mercado interno sólo absorbe 459 mil unidades.
Ese negocio produce una doble distorsión en el Producto Interno Bruto: Se incluye en el balance de la producción nacional el alto porcentaje de los componentes ingresados a México para el armado y, obviamente, el costo de los carros chocolates importados legal o ilegalmente al país.
El reto es cómo democratizar la “prosperidad”
El viejo decreto que autorizó la importación de automóviles usados caducó el pasado 31 de marzo. La Asociación Mexicana de Distribuidores reclama que ese vencimiento se haga valer de inmediato.
Se documenta el tema habida cuenta que, desde hace un año en que se iniciaron las negociaciones de revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la industria automotriz ha estado en el centro de la agenda de los tres países socios.
El último lance consistió en la propuesta de homologación salarial a los obreros automotrices de los tres países, que permitiría a los trabajadores mexicanos ganar un salario mínimo de 16 dólares la hora devengada.
Con una producción subrogada, con un poder adquisitivo de vehículos nuevos a la baja y la incesante importación de chatarra, ¿cómo le harían las secretarias de Economía y de Trabajo y Previsión Social para enfrentar el regateo del potencial salario mínimo a nuestros obreros, cuestión que deja de lado cualquier coartada?
No estamos hablando de economía informal: El sector en su conjunto genera impacto en 157 actividades económicas (84 de manufactura y 73 en comercio y servicios) y da empleo a un millón 904 mil jefes de familia.
Si de prosperidad fuera el signo, ¿cómo democratizarla? Esta es la gran cuestión.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
