Por Mouris Salloum George*
Ensoberbecidos en su pretensión de infalibilidad, los magistrados electorales federales dieron la semana pasada manga ancha a los candidatos presidenciales independientes para que dispongan hasta de 429 millones de pesos de financiamiento privado durante el periodo de campaña: 7 millones de pesos al día.
Si son dos candidatos inscritos en el Instituto Nacional Electoral (INE) bajo esa figura, la Patente de corso los beneficia potencialmente con 858 millones de pesos.
De esa suerte, si ya se cataloga los mexicanos como los comicios “más grandes” de la historia electoral, también serán de las elecciones más caras del mundo.
Dado que, desde que logró ser incluido en la boleta electoral del 1 de julio, Jaime Rodríguez Calderón anunció que declina a los subsidios públicos, la dedicatoria expresa del Tribunal Electoral federal es para Margarita Zavala Gómez del Campo de Calderón Hinojosa quien, además, fue la única de los presidenciables que litigó esa canonjía, junto con la paridad en los spots de campaña.
Hágase un lado el principio de equidad
Dejemos de lado, por hoy, eso del principio de equidad, que queda en entredicho si se considera que los partidos en lo individual y los tres frentes que han sido autorizados para la contienda, cargan con los abultados costos de sus aparatos humanos, tanto de sus estructuras burocráticas ordinarias, como las contratadas excepcionalmente para tareas de capacitación y brigadas de promoción del voto.
En el caso de la ex panista, en un mes de campaña, no se le ha visto un trabajo horizontal de proselitismo. Se ha apoyado básicamente en el favoritismo de algunos medios electrónicos, incluyendo las redes sociales, y eventuales exposiciones en corto y en circuito cerrado.
Los expedientes del Pemexgate y Amigos de Fox
Para sentencia anterior -precisamente el fíat a Rodríguez Calderón-, los consejeros del INE declararon el acatamiento a la decisión de cuatro de siete magistrados, si bien algunos acotaron que no lo hacen de manera acrítica. En automático.
El punto de la cuestión es que, con el aval del Tribunal Electoral federal, los candidatos independientes tienen luz verde para emplear en sus campañas recursos pecuniarios personales o de otras fuentes privadas.
Dos de los consejeros electorales que dicen no acatan acríticamente los fallos de los magistrados, tienen elementos propios para cuestionar la resolución de la instancia jurisdiccional comentada.
En un macizo ensayo académico-jurídico que tuvo como referentes el Pemexgate, del PRI, y Amigos de Fox, del PAN, en las campañas presidenciales de 2000, los ahora consejeros electorales, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama advirtieron sobre los riesgos del financiamiento privado a los partidos y a las campañas electorales.
Vale esa memoria, porque en las campañas presidenciales de 2006 y 2012 se encontró materia para sospechar no sólo de fuentes oblicuas de patrocinios económicos particulares, sino de la sesgada disposición de programas públicos de carácter asistencialista.
A mayor abundamiento, en las campañas de gobernador en los estados de México y Coahuila en 2017 se detectaron y documentaron rebases en los topes de gastos de campaña que quedaron impunes gracias, casualmente, a la visible tolerancia de los magistrados electorales.
Ahora mismo -2018-, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE ha denunciado que en el periodo de precampaña los partidos incurrieron en disimulo y demora en la presentación de sus reportes de gastos.
Ya en campaña, se observa la misma tendencia: La compulsa contable halla disparidades entre los reportes ingresos y gastos de los candidatos.
A escasos 60 días de que se cierren las campañas presidenciales, se puede adelantar el lugar común: Estamos a la vista de un fraude anunciado. No necesariamente genérico, sino maquinado. Qué le vamos a hacer: Contra sentencias de los magistrados federales, no hay apelación.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
