Mouris Salloum George
El Valle de Mexicali, Baja California, está ubicado en las inmediaciones del Gran Desierto de Altar en el noroeste de México y es cruzado por La falla de San Andrés. Doble riesgo, pues, para un enclave que fue clasificado históricamente como la zona más seca de aquella región desértica.
En efecto, en abril de 2010, un poderoso sismo fracturó la infraestructura hidráulica del valle, cuyo aforo depende de las aguas del Río Colorado.
El gobierno de Felipe Calderón hizo disimulo sobre el problema y el aplazamiento de la reconstrucción sirvió de coartada para retener en presas de Nevada (USA) el agua que, por el Tratado de Límites y Aguas de 1944, corresponde a México.
La Comisión Nacional del Agua, subordinada a la Secretaría de Relaciones Exteriores, empezó a hacer malabares para regatear a los agricultores cachanilla la dotación de líquido para sus siembras y al consumo humano.
90 por ciento de la disponibilidad, reservado a la industria
De por sí, el reparto del agua disponible ya estaba reservada en casi 90 por ciento a la industria, principalmente cervecera, coca-colera, minera y anexas. Surgió entonces la organización Movimiento Mexicali Resiste, que ha catalizado la protesta de todos los sectores sociales de Baja California.
En 2017 el asunto se exacerbó cuando la Federación y el gobierno panista del estado accedieron a asignar a la cervecera gringa, Constellation Brands, una cuota de un millón 750 mil litros cúbicos.
Ya en la gestión de la cuarta transformación, la Comisión Nacional del Agua, reconociendo que no existía un peritaje técnico, declaró que aquella concesión no afectaría el suministro para otros requerimientos.
Recientemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en el sentido de que el asunto tiene en su centro de gravedad el acceso al líquido como un derecho humano.
El problema radica en que, por el tratado bilateral de Límites y Aguas, México está comprometido a entregar a su contraparte una cuota quinquenal de más de cinco millones de metros cúbicos a Estados Unidos, son pena de sanciones por el incumplimiento.
Para el periodo 2015-2020 México ha faltado al pago de la cuota y adeuda unos 240 millones de metros cúbicos. Imagínense la preocupación de nuestro gobierno, cuando acaba de entrar en vigor el T-MEC.
También en Chihuahua hace aire; no precisamente leve
Tal argumento fue esgrimido hace unas horas por el delegado del gobierno federal en Chihuahua y el comité estatal de Morena, que consideran una prioridad satisfacer a los Estados Unidos sobre el derecho de los agricultores locales de disponer de líquido para sus siembras y cultivos. Recuerden, se les dijo a los protestantes, que sus productos van al mercado estadunidense y pueden ser expuestos a embargos.
Según esos funcionarios, el PAN ha tomado la bandera con fines electoreros ya que en 2021 hay elecciones generales en el estado, con cambio de gobernador, cargo que ejerce ahora precisamente un mandatario emanado de ese partido.
Como en el caso de Baja California, gran parte de los territorios del septentrión mexicano se localizan en una región semidesértica. ¿Es moralmente aceptable que el derecho al agua, que para muchos es el derecho a la vida, se juegue en la ruleta electoral? No nos parece.
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
