Mouris Salloum George
Aun bajo el arco de la cantada transición democrática, durante el sexenio de Vicente Fox investigaciones académicas y estudios demoscópicos auspiciados por la Secretaría de Gobernación, a la sazón a cargo de un ex consejero ciudadano del IFE, dieron por resultado el desencanto en la democracia, más acusado entre los jóvenes mexicanos.
En lo que va del siglo, han pasado ya siete legislaturas federales y se instituyó el Congreso de la Ciudad de México, y en las moradas donde debiera trabajarse en la formación de leyes, el punto anterior se mantiene como asignatura pendiente.
Durante dos décadas, las representaciones de los partidos políticos en cámaras altas o bajas han legislado sólo para ensanchar las prebendas a sus formaciones políticas y abrir espacios a los francotiradores para, sin asumir las responsabilidades de aquellas entidades de interés público, jugar candidaturas independientes a puestos de elección popular, incluyendo la presidencia de la República.
La lucha de los contrarios termina en las barandillas judiciales
El referente modernizador de la democracia mexicana, es la Gran Reforma Política 1977-1978, cuyo diseño original para civilizar la lucha de los contrarios ha sido desnaturalizado con parches y remiendos, con la contratación de burocracia parasitaria, la judicialización de la política y nuevos escenarios de conflictividad sin solución de continuidad.
A la luz de aquel desencanto desde principios de siglo, la pregunta obligada es si puede darse una cuarta transformación sin tocar lo que, en esencia, es espíritu y herramienta de nuestro régimen político: El sistema electoral.
Ha terminado propiamente el segundo año de la LXIV Legislatura federal y, salvo inciertos acercamientos a la revocación de mandato, que requiere mayoría calificada en tanto se trata de una reforma constitucional, no se han dado más pasos adelante para, verbigracia, dar el salto de la anquilosada y corrompida democracia representativa a una democracia participativa que comprometa a los tres Poderes de la Unión. En esa agenda encajaría la segunda vuelta en la elección presidencial.
Pendiente, el nombramiento de cuatro consejeros electorales
Viene al caso el asunto ahora que, cerrado el aciago periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, al último de mayo se agotó el plazo para hacer reformas al régimen electoral con vistas a 2021, cuyos puntos neurálgicos nos remiten a la Constitución.
Nadie piensa que, en las actuales circunstancias, a la Comisión Permanente u otra instancia facultada se le ocurra convocar a periodo extraordinario, si no para legislar asuntos electorales, si otros elementos sucedáneos que sirvan para atajar la delincuencia electoral.
Más por no tocar el sistema de cuota y cuates que por negligencia, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Salgado mandó de vacaciones a sus coordinados dejando pendiente el nombramiento de cuatro consejeros del INE. De ese tamaño el desacato.
Gran idea: Parar el reloj parlamentario con fecha 31 de mayo
A lomo del coronavirus, para colmo, el aplazamiento de procesos electorales en Hidalgo y Coahuila ha dado pie para que en otros estados con cambios en 2021 diputados locales y alcaldes estén exigiendo que se aplacen las convocatorias a los comicios correspondientes a fin de prolongar sus periodos, sin tener una justificación válida en las constituciones estatales. De concedérseles esa aberración, los diputados ferales exigirían el mismo beneficio.
En la Ciudad de México, tenemos la más clara adhesión a los (peores) usos y costumbres. El primer Congreso propio de la Ciudad recibió al menos una iniciativa de reforma a la Constitución para perfeccionar mandatos con perspectiva de género. Le fue entregado también el proyecto de Ley de Austeridad. Por supuesto, el ahí se va volvió por sus reales porque Morena nomás no quiso entrarle a esos asuntos.
Los diputados morenistas que sí desearían trabajar han sugerido una práctica muy priista a la vieja usanza: Que se detenga el reloj parlamentario del Palacio de Donceles en la fecha del 31 de mayo, para cumplir con la norma legal.
Háganos usted el favor. El coronavirus también provoca demencia.
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
