Mouris Salloum George
Éramos muchos y parió la abuela: Sobre el crispado escenario mexicano abierto por el Covid-19, agencias de servicios meteorológicos avisan que el territorio nacional será azotado al menos por 17 huracanes o ciclones en la temporada que se inicia tradicionalmente en junio y ahora se prolonga casi hasta principios de diciembre.
De la incertidumbre estamos amenazados con pasar a la pesadumbre: No acaba de cuantificarse el número de damnificados que dejará finalmente la pandemia y veremos pronto agregar las cifras de los que, año con año, dejan las contingencias climáticas principalmente en los estados del sur-sureste.
Colocamos la cuestión en el marco de reciente comparecencia virtual de la directora adjunta de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda, Vanessa Vázquez Meseguer, a requerimiento de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara de Diputados.
La funcionaria dio por garantizada la atención a potenciales víctimas de aquellos fenómenos con una partida de 3 mil 353 millones de pesos para 2020 en el gasto federal, más el bono catastrófico y el seguro del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), en cuya gestión, de plano, no se permitirá que metan las manos los gobiernos de los estados.
Siempre, los requerimientos rebasan la previsión presupuestal
Sin pretender echar a perder la fiesta de la numeralia, sólo señalamos que en lo que va del siglo la embestida de la naturaleza sobre Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa y Baja California en el litoral del Pacífico; o Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas por el lado del Golfo de México, los recursos del Fonden han sido insuficientes a fin cubrir los requerimientos para reconstrucción y manutención de damnificados, y la asignación de recursos extraordinarios se ha desviado la otra secretarías que ha dejado mucho a deber: Consta a los guerrerenses y a los chiapanecos.
Si el asunto anterior es socialmente delicado, la perspectiva se nubla aún más porque, en reciente iniciativa legislativa sobre la revisión y liquidación de algunos fondos y fideicomisos, el Fondo Nacional de Desastres fue puesto en remojo.
No es, el anterior, un asunto menor: En recientes revisiones de la Cuenta Pública del gasto federal, la Auditoría Superior de la Federación ha emitido 16 recomendaciones a la secretaria de Hacienda con vistas a Gobernación sobre irregularidades detectadas, de las que, a decir de Vázquez Meseguer, se ha solventado 70 por ciento.
Nos quedamos con que en los próximos verano y otoño tendremos la irrupción de docena y media de embates ciclónicos sobre el macizo continental: Veremos de qué están hechas las áreas federales de Prevención de Desastres y de Protección Civil. En no pocas ocasiones, no han pasado la prueba del ácido.
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
