Por Mouris Salloum George
Los delitos de servidores públicos en todo México sumaron cien mil ochenta y seis (100,086) casos hasta septiembre del presente, desde que inició este sexenio. Lo anterior de acuerdo con la consultoría TResearch International, que retoma datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Una revisión de las estadísticas aportadas por diversos organismos públicos y no gubernamentales permite ver que sigue sin cumplirse la promesa principal de esta administración, de eliminar “el cáncer de la corrupción”.
Los grandes casos de ese flagelo que le tocó atender a este gobierno (Odebrecht, la Estafa Maestra, Agronitrogenados-Pemex, y Segalmex, principalmente), siguen sin resolverse plenamente, después de años.
De acuerdo con la fuente mencionada, servidores públicos de este sexenio cometieron más de 21 mil delitos por año (en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal); y la tendencia se mantiene.
Como dato comparativo, en el último año de la pasada administración -el 2018, de Enrique Peña Nieto- también bajo una tendencia alcista, se registraron 18,332 delitos, con 21% de aumento respecto de su precedente. Ya en 2019, el primero de esta gestión, con 21,523 delitos, la marca subió un 17% respecto del 2018.
Con información preliminar, para este sexenio, se puede anticipar que los esfuerzos por combatir la corrupción fueron insuficientes.
Un hecho que favoreció tal situación, fue la política de adjudicar los contratos de obra pública mayoritariamente sin licitación, sino por adjudicación directa.
Duele decirlo, pero falta mucho para sacar al país de los peores lugares en corrupción.
En su más reciente clasificación, la de 2022 -presentada en enero del año que concluye- Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana ubicaron a México en el sitio 126 de los más corruptos, entre 180 países evaluados. Esto porque le adjudicaron 31 puntos, de un total de cien, en los que el cero corresponde al peor calificado. Como referencia, en el año citado, Dinamarca obtuvo 90 puntos, seguida por Finlandia y Nueva Zelanda con 87 puntos; luego, Noruega con 84 y Suecia con 83; los mejor calificados.
Desde tiempo atrás, México ha figurado como el peor evaluado entre los 38 países de la OCDE y también entre los del G20, que agrupa a las economías más grandes del planeta.
No sobra mencionar que para sus evaluaciones, Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, consultan a expertos, analistas de riesgos financieros, académicos y empresarios, con cuyas opiniones elaboran su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), con los resultados ya mencionados.
Cabe recordar que nuestro país había alcanzado 35 puntos en 2014. En 2019 cayó a 29, y por tercer año consecutivo se mantuvo en los 31 puntos; prácticamente, estancado.
Es universalmente aceptado que la corrupción propicia la desigualdad y que es uno de los obstáculos mayores para el desarrollo social.
En el marco de los preparativos en México para el relevo presidencial de 2024, los precandidatos estarán elaborando, seguramente, sus propuestas para enfrentar este cáncer.
La corrupción ya hizo metástasis y tiene a la nación en espera de soluciones urgentes, no solo de promesas.
