TEPOZTLÁN, MORELOS.- La acusación de que la Guardia Nacional custodia la casa de Noroña en Tepoztlán generó un nuevo frente de conflicto político en Morelos. El diputado local del PAN, Daniel Martínez Terrazas, señaló que la residencia de 12 millones de pesos del senador Gerardo Fernández Noroña se encuentra protegida por fuerzas federales, mientras comuneros cuestionan la legalidad de la compra.
El legislador panista afirmó que la propiedad no cuenta con autorización de bienes comunales ni con el pago de impuestos prediales. Además, exigió que las autoridades revisen la operación y, en caso de detectar irregularidades, recuperen el inmueble. “Ni siquiera se pagó el predial ni se pidió autorización a los bienes comunales. Es una falta de respeto”, expresó.
Comuneros exigen revisión de la compra
Martínez acusó que la Guardia Nacional y agentes de seguridad federal detuvieron a pobladores que intentaron acercarse a la casa. Consideró un exceso que elementos armados vigilen un bien privado en lugar de atender la seguridad en calles y colonias. “En lugar de cuidar a la ciudadanía, defienden privilegios de un senador”, sostuvo.
El legislador recordó que Noroña criticó en su momento la llamada “Casa Blanca” del expresidente Enrique Peña Nieto y que exigió su devolución en becas. Por ello, pidió congruencia: “Hoy le decimos que regrese esos 12 millones y que se destinen a estudiantes de Morelos”.
Dos versiones sobre la actuación de la GN
El resguardo de la Guardia Nacional despertó versiones encontradas. Por un lado, se informó que los agentes respondieron a una llamada de emergencia tras la tentativa de comuneros de ingresar al inmueble. Otra versión señala que la corporación federal recibió información previa sobre una protesta y acudió con anticipación a la zona para vigilar la residencia.
El conflicto se intensificó desde que comuneros denunciaron que la propiedad se ubica en terrenos de uso común y que la compra no cuenta con aval de la asamblea ejidal. Según estas denuncias, la operación incumple la normatividad agraria y debería anularse para restituir el predio al uso colectivo.
Fernández Noroña ha defendido que la residencia constituye un patrimonio legítimo y negó irregularidades en la adquisición. Sin embargo, la presión social creció luego de que se difundió que la vivienda alcanzó un valor de 12 millones de pesos y que el origen de los recursos no se ha explicado con detalle.
Organizaciones comunales insisten en que el predio regrese al uso colectivo, mientras que el tema escala a nivel político con la denuncia de que la Guardia Nacional resguarda una propiedad particular.
AM.MX/fm
