Francisco Medina
El jueves 8 de agosto, el Comité Coordinador de Huelga del IPN declara que cualquier plática tendiente a la solución del pliego petitorio deberá ser pública, utilizando los medios masivos de comunicación.
Tratando de darle fin al Movimiento las autoridades gubernamentales como Corona del Rosal, se dirigieron al director del IPN, Massieu, sugiriéndole se formara una Comisión integrada por representantes del gobierno, profesores y estudiantes con otros sectores de la ‘opinión pública’ para buscar una solución pacífica al conflicto y así desconocer a los órganos dirigentes surgidos en la lucha.
Se constituye la Coalición de Profesores de Enseñanza Media y Superior Pro Libertades Democráticas. El auditorio Justo Sierra, el más importante de la UNAM, es rebautizado Che Guevara.
Ese mismo día, ante unos 10 mil empleados del departamento de limpia del Distrito federal, congregados en el Parque Lázaro Cárdenas, el licenciado y general Alfonso Corona del Rosal habla de nuevo sobre una conjura comunista internacional, los teóricos y agrupaciones de la supuesta “izquierda mexicana” justifican su apoyo a las autoridades y creen mantener su condición de “revolucionarios” con la también peregrinada afirmación de que se trata de una conspiración derechista dirigida por la CIA y el FBI. Gobierno y autoridades con la mira enfocada hacia incrementar la confusión en la opinión pública nacional. Se promete la formación de un comité para investigar los sangrientos sucesos de la última semana de julio. Los estudiantes desconfían y exigen que se haga justicia.
El viernes 9 de agosto, se formó el Consejo Nacional de Huelga (CNH) en una enorme Asamblea Estudiantil en la que participaron 38 Comités de Lucha de las Asambleas de la UNAM, IPN, Chapingo, Normal Superior, así como el apoyo que para estos momentos brindaron los estudiantes de Bellas Artes, la Universidad Iberoamericana, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y algunos de secundaria.
El CNH propone su pliego petitorio de seis puntos. Sus demandas eran:
1 Libertad a los presos políticos.
2 Destitución de jefes policiacos, los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiola y el teniento coronel, Armando Frías.
3 Extinción del Cuerpo de Granaderos.
4 Derogación del art. 145 y 145 bis del Código Penal Federal que condena el delito de disolución social y funcionaba como el argumento jurídico que justificaba las agresiones.
5 Indemnización a los familiares de los muertos y heridos desde el inicio del movimiento.
6 Deslindamiento de responsabilidades de las autoridades.
En una asamblea se informa que han estado saliendo brigadas al interior de la República. Las brigadas son de enlace con los estados de Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Chiapas, Durango, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Baja California, Nayarit, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Sinaloa y Puebla.
(Referencias: Diario Excelsior, El Universal, revista Por Qué?)
