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Podrían estar involucrados ex militares y efectivos del Ejército debido a que las armas fueron robadas de la Fuerza Armada
Podrían estar involucrados ex militares y efectivos del Ejército debido a que las armas fueron robadas de la Fuerza Armada

SAN SALVADOR, 10 de octubre (Al Momento Noticias).- Las primeras investigaciones sobre un arsenal de granadas antitanque que fue hallado el pasado martes y había sido robado al Ejército salvadoreño tenían como destino al cartel de Los Zetas en México, aseguró el presidente de El Salvador, Mauricio Funes.

“Lo único que sabemos es que estas armas presuntamente, en su calidad de armamento de guerra, estaban destinadas al cartel de Los Zetas”, serían enviadas a través de una banda de narcotraficantes salvadoreños desmantelada recientemente, declaró Funes.

Añadió que “es probable” que militares o ex militares puedan estar involucrados en el hecho, “porque de alguna manera estas armas fueron sustraídas de las bodegas de la Fuerza Armada.

El arsenal, compuesto por al menos 213 granadas antitanque M90, fue encontrado el martes por fiscales y policías en un depósito subterráneo en una casa de la zona de El Congo, San Salvador.

Funes aseguró que, pese al hallazgo, “no es que los carteles mexicanos y particularmente el de Los Zetas estén operando ya en el territorio salvadoreño”.

Según parece, y esto las investigaciones lo irán aclarando, estas armas las iban a hacer llegar (a México) a través de otra red”, con “alguna relación con cárteles salvadoreños, particularmente el de Texis”, agregó.

El presidente señaló que la banda salvadoreña de Texis operaba en la región donde se hallaron las granadas.

Las autoridades salvadoreñas capturaron el 12 de septiembre pasado a una veintena de miembros del cartel de Texis, entre ellos sus principales cabecillas, con lo cual ese grupo “está virtualmente desmontado, desarticulado”, comentó el mandatario.

Funes señaló que “todos los que estén involucrados en esta operación de robo de esas armas de guerra a la Fuerza Armada para trasladarlos a un cartel mexicano (…) serán detenidos, serán procesados conforme a la ley”.

El cartel de Los Zetas es señalado como uno de los grupos criminales más sanguinarios de México, también opera en algunos países centroamericanos.

 

Es la misma vivienda donde en 2010 se hallaron numerosas armas de guerra

 

La vivienda ubicada en el kilómetro 51, en El Congo, Santa Ana, donde el martes fueron descubiertas 213 granadas militares M-90 vinculadas, según la investigación fiscal, a narcotraficantes, ya había sido registrada hace tres años. Y en esa ocasión también se encontró armamento de guerra.

La dirección de la casa quedó plasmada en diligencias judiciales y en la sentencia número 245 de 2010, emitida por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana contra Carlos Roberto Núñez Carbajal por el delito de tenencia ilegal de armas de guerra.

Núñez Carbajal fue procesado además por el delito de comercio ilegal y depósito de armas, pero el tribunal consideró que este no se había comprobado. Por tenencia ilegal de armas de guerra lo condenó, el 23 de noviembre de 2010, a 10 años de prisión.

Ayer se intentó reiteradamente obtener más información acerca del hallazgo de las 213 granadas, de cómo se detectó su presencia y del nexo con el cartel mexicano de Los Zetas, al que supuestamente han sido vendidas, de acuerdo con la investigación; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) hizo saber, a través de su Unidad de Comunicaciones, que no hablaría del tema por el momento.

El 4 de febrero de 2010, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) efectuaron un allanamiento después de que un hombre delató la presencia de armas de guerra en dos viviendas ubicadas en El Congo y en Quezaltepeque.

El hombre, quien fue identificado bajo la clave Luger en el proceso judicial, había sido contratado días atrás para realizar un viaje en su pick up. El contratante fue identificado como Manuel de Jesús Ayala Quiroz; al momento de hacer el trato, según el testigo, no le explicó qué tipo de artículos eran los que buscaba trasladar.

Luger, según declaró a la PNC, fue sorprendido al llegar a la vivienda, que describió como “un lote contiguo al motel Marios”, debido a que Ayala Quiroz junto a otros dos hombres empezaron a cargar fusiles, pistolas y granadas en la cama del pick up. Ese lote es la misma vivienda donde el martes fueron desenterradas las 213 granadas M-90.

El testigo trasladó las armas, bajo la amenaza de no revelar nada, hacia una casa en Quezaltepeque.

El 4 de febrero, cuando la PNC allanó el lote de El Congo, encontró tres granadas antitanque RPG-7. 21 cartuchos con numeración 9.00, cuatro cartuchos 9 milímetros, dos cartuchos de numeración FM S1 y 11 cartuchos más para ser usados en un fusil.

Los agentes también encontraron diversas insignias y documentos de identificación pertenecientes al militar Élmer Espinoza Hércules, en calidad de subteniente. Entre los documentos extendidos a este estaban un carné de la Fuerza Armada de El Salvador, un carné de COOPEFA, un carné de la Organización de Estados Americanos, una tarjeta de portación de armas y hasta una tarjeta de una tienda de electrodomésticos del Ejército de Nicaragua.

El entonces subteniente, según diversas fuentes que lo han manifestado desde tiempo atrás, es el hermano del sargento mayor Gilberto Espinoza Hércules, actualmente a la espera de un fallo en el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca (La Paz) por tenencia ilegal de armas de guerra y comercio y depósito de armas.

El sargento mayor está enjuiciado junto a otros seis militares, todos relacionados con el hallazgo de mil 812 granadas M-67 en abril de 2011, en la hacienda El Ángel, en Tapalhuaca, departamento de La Paz.

La acusación de la FGR es que esos militares procesados, designados para destruir armamento que había finalizado su vida útil, aparentaban las demoliciones de los artefactos pero en realidad los ocultaban para comercializarlos después. En 2011, de hecho, la FGR solicitó allanamientos para tratar de buscar 8 mil granadas M-67 más que se cree fueron vendidas.

Fuentes han señalado que, según tal acusación, Gilberto Espinoza Hércules era uno de los que entregaba las granadas a particulares para sacarlas de La Paz y trasladarlas hacia otro lugar.

La mayor parte de los enjuiciados, cuya situación jurídica se definirá mañana, cuando el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca brinde su fallo, estaban destacados en el Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada (CIFA), al igual que el subteniente Élmer Espinoza Hércules.

Este último nunca fue acusado en el proceso judicial de 2010. Tampoco Ayala Quiroz, quien según información de la sentencia en contra de Núñez Carbajal, se desempeñaba como armero autorizado por la FAES.

Núñez Carbajal, por otra parte, era un agente policial destituido de la corporación por faltas disciplinarias en febrero de 2010, cuando fue arrestado por el caso.

Entre los hallazgos que la PNC hizo en esa fecha, además, está un pick up que poseía documentación judicial para que Núñez Carbajal pudiera utilizarlo. Los agentes detectaron que este poseía una construcción artesanal que simulaba ser un tanque de gasolina, es decir, una caleta.

Cuando los agentes continuaron su inspección por todo el lote encontraron una gran cantidad de piezas de fusiles, escopetas y más munición para fusil M-16, G-3 y otra granada antitanque más.

Aunque Núñez Carbajal trató de desvincularse de todos los pertrechos, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana consideró, en noviembre de 2010, que este poseía pleno dominio y conocimiento de que las armas y demás piezas estaban en el lote donde él residía con su esposa y sus dos hijos. El juez, sin embargo, lo absolvió del delito de comercio ilegal y depósito de armas debido a que la fiscalía nunca aportó evidencias encaminadas a probar que este vendiera las armas.

AMN.MX/fm

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