CIUDAD DE MÉXICO.- Raúl Bolaños-Cacho Cué, Vicecoordinador del Partido Verde en el Senado de la República, respaldó la propuesta del presidente del Congreso de Quinta Roo, Erik Gustavo Miranda García para atender y sancionar en todo el país de manera urgente el llamado “derecho de piso”, extorsión que realizan bandas criminales, obligando a comerciantes a pagar una cuota para dejarlos trabajar.
Esto luego de que el Diputado Gustavo Miranda presentará un escrito a la presidencia del Senado con el propósito de que este delito se sancione de manera ejemplar en todo el país, pues daña el tejido social y la economía en general , desde el pequeño comerciante hasta las grandes empresas. Además plantea que se establezcan protocolos claros para que las fiscalías estatales puedan procesarlos de forma adecuada.
“Se ha observado distintos casos en los que las víctimas denunciantes del delito de extorsión se encuentran con Ministerios Públicos que dentro del proceso de la integración de la carpeta de investigación de su denuncia desalientan a los denunciantes al comentarles que por ser un delito de extorsión en su modalidad de delincuencia organizada, este tiene un carácter de fuero federal, por lo que tardará mucho tiempo en ser resuelto, o en su caso les informan que la Carpeta de Investigación fue iniciada en contra de miembros de Delincuencia Organizada por lo que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se encargará de la misma, dilatando mucho dicho proceso y obstruyendo y vulnerando su derecho al acceso a la justicia, ya que ante el retraso del proceso de oficio por la SEIDO los ciudadanos desisten de seguir con el procedimiento”, declaró el diputado Miranda.
El senador Bolaños- Cacho Cué coincidió en que, desafortunadamente, este delito ha venido al alza y ha generado el cierre de negocios, lo cual afecta el bolsillo de muchas familias. “Este es un tema que debemos analizar pronto y plantear de qué manera debemos combatirlo, pues tan sólo en Quintana Roo, este delito creció un 26 por ciento anualmente, tomando en cuenta que son sólo las cifras de las que se tiene conocimiento ya que muchas veces por temor a represalias las víctimas no acuden a denunciar.
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