CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum desató una controversia tras afirmar que el Castillo de Chapultepec está disponible para el arrendamiento de eventos sociales, tales como bodas y fiestas de quince años.
Esta declaración surgió durante la conferencia matutina, luego de los cuestionamientos sobre la cena privada que la FIFA celebró en el recinto histórico previo al arranque del Mundial 2026.
De acuerdo con Cadena Política, según la mandataria, el organismo futbolístico pagó más de un millón de pesos por el uso del inmueble, una práctica que defendió al asegurar que este tipo de contratos ocurren desde hace tiempo y cuentan con tarifas establecidas para el público.
Por el contrario, las reglas vigentes del Museo Nacional de Historia desmienten la viabilidad de estas celebraciones privadas dentro de sus instalaciones. El reglamento oficial estipula restricciones severas sobre el uso del patrimonio, generando una clara contradicción entre la postura del Poder Ejecutivo y los lineamientos de la institución artística.
¿Qué dice el reglamento oficial del recinto?
Las restricciones del INAH protegen el patrimonio
De acuerdo con el portal oficial administrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el edificio histórico posee una normativa estricta para su conservación. La institución dependiente de la Secretaría de Cultura detalla que el sitio solo puede albergar actividades de carácter cultural, académico o científico.
Asimismo, el texto institucional prohíbe explícitamente cualquier clase de reuniones sociales o empresariales, lo que excluye de manera directa los festejos particulares mencionados en la conferencia residencial.
Por consiguiente, el permiso otorgado a la federación internacional de fútbol abrió una discusión profunda sobre los criterios de exclusividad y la accesibilidad de los monumentos nacionales. Mientras la presidencia normaliza el cobro por eventos corporativos de gran escala, las normas técnicas vigentes buscan proteger la integridad del espacio frente al uso comercial generalizado.
Finalmente, el choque de declaraciones mantiene en el centro del debate público las condiciones reales bajo las cuales la ciudadanía puede interactuar con los recintos históricos del país y los límites de la autoridad gubernamental sobre los reglamentos de conservación.
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